Hoy estamos en los prolegómenos de la elección constitucional para el cambio de los 500 escaños que integran la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. A esta elección federal se equiparan otras elecciones en el ámbito local, de las cuales son concurrentes con la federal, la del Distrito Federal para el cambio en la Asamblea Legislativa y las delegaciones políticas, Estado de México, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Colima, Jalisco, Nuevo León y Campeche, entre otros.
El balance concreto sobre cómo quedará la integración de mujeres y hombres en los espacios de poder, lo tendremos al final de la votación, entre otras cuestiones porque el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no establece la paridad en todas las vías de elección; sólo establece que los partidos políticos deben señalar en sus principios la obligación de establecer la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular; que es obligación de los partidos políticos promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres; y que los partidos políticos promoverán y garantizarán la igualdad de oportunidades y procurarán la paridad de género en la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.
En cuanto a candidaturas se señala que al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios se integren de un mismo género, procurando llegar a la paridad. A este precepto le sigue la excepción en las candidaturas de mayoría relativa, que sean resultado de un proceso de elección democrático conforme al estatuto partidario; hoy los partidos políticos están observando a pie juntillas este precepto, para evitar que los hombres sean excluidos de las candidaturas, para dar lugar a candidaturas de mujeres, o bien, se cumple proponiendo a las mujeres en las candidaturas difíciles de ganar en la competencia con otros partidos.
El COFIPE recién reformado señala que si un partido político no cumple con el señalamiento de incluir cuando menos el 40 por ciento de candidaturas de un género en las listas plurinominales, se le requerirá a su corrección en una primera instancia con un plazo de 48 horas; en caso de no hacerlo, será amonestado públicamente y tendrá 24 horas más para que realice la sustitución de candidaturas del género que se ha agraviado, obviamente se refiere a las candidaturas de mujeres. Si no se apercibe a cumplir, el Consejo General del IFE sancionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes.
El día 11 se realizará una marcha hacia el Instituto Federal Electoral, organizada por diversas organizaciones civiles en su mayoría de mujeres, para exigir al Consejo General del Instituto respeto absoluto a la ley electoral; además, señalan en sus exigencias que se evite lo que ya reiteradamente el Partido Verde Ecologista de México ha hecho, que registra en el lugar definido para la candidatura del género femenino a una mujer como propietaria, y en la suplencia designa a un hombre, quien es el que será realmente diputado, porque al llegar a la Cámara de Diputados, la propietaria pedirá licencia por cualquier motivo y en su lugar llegará el hombre tergiversando el sentido de la acción afirmativa . Se podría haber resuelto este problema si en el código recién reformado se instituye la fórmula de un mismo género; sin embargo, el Consejo General puede acordar su cumplimiento, así como atender el pliego de peticiones que las mujeres diversas y plurales presentarán.
Es de comprender que en el proceso de reformas del Código Electoral, por parte de la comisión dictaminadora, no contó con mujeres legisladoras que observasen mayor rigor en la determinación para que las candidaturas de mayoría relativa reflejen mayor equidad e, incluso, se avance hacia la paridad. Dejar que los partidos políticos procuren la paridad es en palabras llanas un llamado a misa, es decir, va quien quiere.
La construcción de la igualdad de las mujeres en los espacios públicos como un derecho fundamental, se basa en el resultado de los grandes pactos y las luchas que las mujeres han logrado en el ámbito internacional, especialmente de los movimientos sufragistas norteamericanas e inglesas desde el siglo antepasado, y de las mexicanas a principios del siglo pasado. En los últimos sexenios ha sido relevante que en estos pactos hayan confluido mujeres incluso de las derechas, mujeres de las ONGs de la mayor diversidad y de prácticamente de todos los partidos políticos. La participación de las feministas en este proceso ha sido determinante, como lo ha sido en el ámbito del derecho internacional, respecto de la definición de los estipulados de los tratados sobre derechos de las mujeres, su lucidez y expertis ha trascendido en los acuerdos gubernamentales y en las conferencias temáticas relacionadas con nuestros derechos humanos. Aunque haya debate en el propio movimiento feminista, respecto de la participación o no en los partidos políticos, o asumir encargos de elección y de decisión, es importante considerar que la trascendencia de la teoría feminista ha sido fundamental en los procesos vindicatorios de las causas de las mujeres. Aún cuando encontremos que mujeres en el poder no garantiza la empatía a las causas de las mujeres, e incluso algunas podemos tener experiencia enfrentando a mujeres como las más lapidarias contra nosotras, es importante señalar que la educación y formación de las nuevas líderes se logra dirimiendo por qué y cuál es el origen del comportamiento, incluso misógino, entre las mujeres, que es el mismo origen por cierto, de la discriminación por condición de género.
De la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de Olympe de Gouges en 1791, redactada el marco de la Revolución Francesa, a dos años de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde se excluye a las mujeres, a la Convención sobre los Derechos de la Mujer adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1953, han pasado generaciones de mujeres en intensa lucha para lograr lo que Olympe estableció en el artículo cuarto de la propia declaración: “La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los otros, así el ejercicio de los derechos naturales de la mujer sólo tiene por límites la tiranía perpetua que el hombre le opone; esos límites deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y de la razón”.
Las feministas y mujeres progresistas de los partidos hemos construido una consigna que refiere que si la mujer no está, la democracia no va. Mayor equivocación no puede haber, porque la democracia no sólo va; estuvo, está y existe sin nosotras, nos necesita para el voto, incluso puede prescindir del mismo. Por eso conviene recordar lo que las feministas de la igualdad como Celia Amorós, Amelia Valcárcel o Marcela Lagarde entre otras, han referido como un reto para toda la sociedad: construir la democracia genérica. Es oportuno recordarlas a días de celebrarse en nuestro país, el onceavo Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Realmente es el gran acontecimiento.
