El estado de Aguascalientes tiene capacidad financiera para soportar el gasto de educación media y superior que implica dar cabida a toda la demanda educativa, de tal manera que no exista un solo rechazado por falta de capacidad instalada. El único motivo de rechazo debe ser la exclusión por causa de irresponsabilidad estudiantil, es decir, por tener oportunidad de estudiar y no aprovecharla por negligencia; “por hueva” dirían los chavos.
El costo anual por estudiante en la UAA es de poco más de cincuenta y siete mil pesos. Esto es una cantidad indiciaria, pero válida y fundada en números reales de 2009, por lo que el costo total para dar cabida a los cuatro mil cuatrocientos solicitantes que serían rechazados sería de poco más de doscientos cincuenta y un millones de pesos anuales. Aguascalientes puede con esto y más. El problema es la asignación del gasto en el Presupuesto de Egresos. Ya vimos como el puro “sobresueldo por riesgo laboral” elevado al sexenio serviría para financiar la carrera completa a cuarenta estudiantes. Es decir, el gobernador, por “sobresueldo”, se embolsa casi doce millones de pesos, privando de posibilidad de financiamiento de la educación superior a cuarenta hidrocálidos. Así empieza la cosa y luego por falta de recursos la UAA tiene que rechazar a miles. Con otros tres gobernadores en esta misma línea de ambición resultaría que ciento sesenta hidrocálidos nacidos en diciembre de 2004 (primer mes en el cargo del actual Gobernador) llegarían en 2028 a la edad de veinticuatro años (edad en la que aproximadamente concluye el ciclo educativo hasta nivel profesional) condenados desde su nacimiento a no tener derecho al financiamiento público de su educación superior. Pero no esperemos a atacar esta ambición en el 2023 cuando esos hidrocálidos no puedan entrar a la universidad; el problema es actual, para los hidrocálidos que ya hoy aspiran a recibir educación superior. Como ciudadanos debemos promover y hacer cumplir la reasignación del gasto público.
La Secretaría de Finanzas en un monstruo devorador que se traga mucho más de lo genera. Es incosteable dicha dependencia. El área recaudadora es el ejemplo más claro de que “sale más caro el caldo que las albóndigas”. Mire Usted: la dependencia cobradora tiene un presupuesto de gasto anual en 2009 de doscientos treinta millones de pesos. Sin embargo, de contribuciones estatales recauda sólo quinientos sesenta y un millones. Es increíblemente caro que el costo del aparato recaudador sea del cuarenta y uno por ciento de lo recaudado, es inadmisible y más considerando que la recaudación local estatal casi no requiere fiscalización alguna. Así, el aparato de cobro del Estado tiene una ineficiencia altísima: hacen poco o nada, gastando muchísimo; por ende, en esta área hay mucho que reconducir al gasto a la educación. En contraste a esta Secretaría la UAA, con unas cuantas cajas para pagos, recauda de ingresos propios, por sí sola, el equivalente al cincuenta y cinco por ciento del gasto total de la Secretaría encargada de la recaudación. Insisto, esta es un área que requiere profunda revisión; es decir, machetazo a caballo de espadas.
Otras dependencias que ameritan y requieren con urgencia la revisión del dispendio en el gasto público son la Contraloría, que gasta casi veintiséis millones, siendo un área de casi nula utilidad, pues para eso existe el órgano de revisión de cuentas públicas del Poder Legislativo. Más de dos millones y medio gasta la llamada Coordinación de la Comisión Ciudadana y más de millón y medio la Coordinación de Proyectos Estratégicos. A su vez la Coordinación de Comunicación Social gasta la friolera de treinta millones de pesos, sin lograr lavar la imagen del Gobernador, de quien por internet y “vox populi” se dicen muchas cosas, haciéndonos pensar que cuando el río suena, agua lleva. Por cierto, la sola oficina del Gobernador tiene un gasto de más de setenta y cinco millones de pesos, una especie de “partidita” secreta. Además, de la Secretaría General de Gobierno es preciso redimensionar sus funciones pues ha sido una de las cajas chicas de los gobernadores en turno; actualmente tiene un gasto anual de ciento cuatro millones de pesos. La inutilidad de la Secretaría de Turismo –que no sea para promover el “business” particular de “ya sabes quien”, o sea viajes al “Cristo antihelicópteros”, gasta este año treinta y ocho millones. Inútilmente la Secretaría de Desarrollo Económico (que no desarrolla nada y menos la economía) gasta este 2009 noventa y nueve millones (no le pusieron cien, para que no se viera tan tosco). La Secretaría de Planeación del Desarrollo (¿Otra área de desarrollo?) tampoco ni planea ni desarrolla nada; además de que constituye una invasión al ámbito municipal en materia de urbanismo tiene asignados este año más de treinta y cinco millones de pesos.
Hay muchos “fideicomisitos” que son auténticos boquetes que posibilitan la malversación de fondos públicos. Son la legalización de la ilegitimidad del gasto. Entre ellos, está el de Inversión y Desarrollo Económico (¡Más desarrollo!) con casi setenta y cuatro “milloncitos” y el de Desarrollo Industrial (¡Por desarrollo no paramos en Aguascalientes!) con más de treinta y seis. Y para continuar con el desarrollo está el de Promoción al Turismo con más de seis “milloncejos”. Otras áreas o dependencias redimensionables en gasto, con responsabilidad ciudadana, son el Instituto de Transparencia con siete y medio millones (¡Gastamos una millonada en ser transparentes! Al rato vamos tener un instituto de purificación de la transparencia). No se diga el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, que es un barril sin fondo: este año tiene un frívolo gasto de cincuenta millones de pesos, cuando el subsidio total estatal a la UTA y a la UTNA, es decir, gasto educativo, apenas sobrepasa la cantidad destinada para el gasto de la Feria de ya sabemos quién. Ryta es otro “elefantito”; con una pésima calidad en su programación, se gasta treinta millones y para concluir estos ejemplos, la joya del dispendio, el gasto de los partidos políticos (muchos opositores venían leyendo con gusto estas líneas, al llegar este punto les cambió la cara): treinta y ocho millones es un gasto carísimo para financiar el abstencionismo y sobre todo para financiar a institutos que no tienen ni siquiera un área de estudios para hacer propuestas de gobierno. ¿Se habían dado cuenta de esta laguna? Son los únicos constitucionalmente encargados de encauzar el acceso al poder, al gobierno, pero no tienen estructura de estudio para planear las propuestas de gobierno. Por eso estamos como estamos, con gobiernos y gobernantes improvisados.
En suma, tan sólo en estos ejemplos hay ochocientos ochenta y tres millones para reubicarlos y asignar cantidades suficientes al financiamiento de la educación media y superior, más los doce millones del sobresueldo de ya saben quién. El gasto público requiere reorientación y control. Nosotros los ciudadanos tenemos el poder de decidirlo; los gobernantes no lo van a hacer nunca. ¿Por qué dejar a cuatro mil cuatrocientos jóvenes que tienen derecho a la educación, sin educación? Hay que pelear por esos doscientos cincuenta millones para que esos miles de nuestros jóvenes no se queden fuera de la “uni”. Esa es nuestra responsabilidad.
Después de las elecciones continuaremos con el tema para hacer la propuesta sobre calidad educativa, derechos y responsabilidades estudiantiles, planes y programas de estudio y evaluaciones, es decir, sobre el meollo del asunto y nos meteremos a un tema espinoso: la autonomía. Nos vemos la semana que entra si Dios nos da vida y otros no nos la han quitado.
