El golpe de Estado en Honduras ha exacerbado las diferencias entre izquierda y derecha en América Latina. Los analistas coinciden en que en caso de mantenerse la dictadura en Honduras la derecha latinoamericana recobraría fuerzas y se abriría la posibilidad de más golpes de Estado, aprovechando la fragilidad de las democracias surgidas en las dos últimas décadas.
La agencia de noticias Inter Press Service dio a conocer recientemente la opinión de algunos expertos en política regional que observan con preocupación los últimos hechos acontecidos en el empobrecido país de Honduras.
“Si los golpistas llegaran a prevalecer en Honduras, no hay duda que eso envalentonaría a las derechas latinoamericanas”, aseguró Ernesto Rivas Gallont, quien fuera embajador de Salvador en Estados Unidos. El mismo diplomático señala que las implicaciones del golpe cívico-militar hondureño en América Latina, se acentuarían si Micheletti se consolida en el poder.
Rivas Gallont asegura que “aunque cuesta admitirlo, Fidel Castro y Hugo Chávez tienen razón, cuando señalan que en caso de prosperar la dictadura hondureña, se puede desatar una cadena de golpes de Estado contra gobiernos de la región”.
Los analistas internacionales también han coincidido en que las fuerzas democráticas y la comunidad internacional deben ejercer presión para restablecer el orden constitucional en Honduras y permitir el retorno de Manuel Zelaya a la presidencia, cuyo mandato termina en enero de 2010.
Manuel Zelaya fue sacado de su residencia por militares, la madrugada del 28 de junio y enviado a Costa Rica, perpetrándose así un golpe de Estado que fue la culminación de un beligerante forcejeo público a causa de los planes de Zelaya de hacer una consulta electoral (llamada encuesta por Zelaya) en la que se le preguntaría a la población si estaba a favor o en contra de instalar una asamblea constituyente. Sin embargo, los analistas señalan que el objeto real del derrocamiento fueron las políticas sociales de Manuel Zelaya y su alineamiento con gobiernos de izquierda más radicales de América Latina.
Los golpistas aseguran que Zelaya promovía la asamblea constituyente con la intención de reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial. Roberto Micheletti, quien llevó la batuta en el derrocamiento, ha asegurado que no cederá ante las presiones internacionales. Hoy encabeza un gobierno que no ha sido reconocido por ningún país y recibe la condena de los más representativos organismos mundiales, entre ellos la ONU y la OEA.
En cambio y pese al rechazo internacional, sólo las derechas centroamericanas han justificado el golpe utilizando a Chávez como pretexto. Es el caso de la derechista Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador, que si bien reprobó el “destierro” de Zelaya, nunca condenó el golpe de Estado.
El analista Leonel Gómez coincidió con Rivas Gallont en que los acontecimientos en Honduras podrían derivar en más intentos de terminar con la democracia en América Latina; tras recordar que en el pasado, Estados Unidos “ha escrito páginas negras en la historia latinoamericana al apoyar dictaduras y golpes varios”, exhortó al gobierno de Barack Obama a “actuar de forma consecuente con sus postulados”.
A los países latinoamericanos no nos son ajenos los regímenes militares o de fuerza impuestos por poderosos sectores económicos en contubernio con políticos ultra-conservadores y la asistencia o la directa intervención de Estados Unidos; periodos en los que nuestros países fueron víctimas de la injerencia externa que provocó la división interna y el enfrentamiento civil.
Leonel Gómez, quien ha colaborado en investigaciones sobre corrupción y fondos para las dictaduras de la región, con el Partido Demócrata estadounidense, señala que “lo peligroso de esto es que podría incentivar a otras fuerzas a cometer otros golpes de Estado como el sucedido en Honduras”. Cabe preguntarse, apreciable lector, ¿qué tan lejano se encuentra un país como el nuestro de semejante peligro?
En México se encuentran hoy desplegadas en todo el territorio nacional tropas militares, estos grupos y la policía federal han sido protagonistas de repetidos y conocidos episodios de violación flagrante a la autonomía municipal, célula base del federalismo. La actuación centralista y autoritaria se justifica ante la sociedad mexicana con la defensa de la seguridad pública, argumento que es más fácil de aceptar a una ciudadanía angustiada, que reconocer la ineficacia del gobierno de la República y su incapacidad en la materia.
Por otra parte, grupos de élite disfrazados como “sociedad civil”, desafían abiertamente a las instituciones y encuentran mecanismos para su empoderamiento, argumentado incompetencia gubernamental y soslayando la responsabilidad que les concierne en la solución de sus problemas.
Una vez más cabe preguntarnos apreciable lector, ¿qué tan lejano se encuentra un país como el nuestro de semejante peligro?
* Profesionista de origen campesino, activista social, catedrático y político
