APRO/Melisa Carrillo
Una denuncia formal por violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puede durar hasta un año, y las resoluciones, cuando llegan a realizarse, no corresponden a la magnitud de los casos.
A través de un mitin virtual, 11 alumnas de diferentes planteles y niveles académicos compartieron su experiencia sobre las denuncias realizadas, y expusieron que, a pesar de la imagen de “cero tolerancia a la violencia de género”, en la práctica los mecanismos de denuncia y sanción para los agresores son ineficientes.
Las estudiantes narraron que son revictimizadas cuando intentan denunciar formalmente, no son notificadas del estado de sus casos y, cuando se logra una sanción, esta no es proporcional con el daño que les infligieron sus agresores.
De acuerdo con Dasha G., el mecanismo de denuncia para levantar una queja o denuncia por violencia de género dentro de la UNAM nunca ha sido claro, y a partir del inicio de la pandemia de Covid-19 se ha complicado aún más: “La UNAM como estructura ha impuesto en cada dependencia supuestas redes de género que no han sido votadas ni elegidas por la comunidad, e intentan suplir en general el trabajo que la UNAM debe de hacer al dar a conocer públicamente y de forma transparente los pasos a seguir para levantar la denuncia”.
Karla L., de la Facultad de Filosofía y Letras, mencionó que la UNAM es una institución inminentemente antidemocrática, donde una pequeña cúpula del poder toma decisiones, como impulsar un protocolo contra la violencia de género sin consultar a la comunidad, sin invitarla a participar en el diseño y en la discusión de esas políticas, por lo que resultan inefectivas: “Muchas veces ignoran las necesidades que tienen las mujeres de la comunidad que están en contacto con esa violencia, y son mecanismos que sencillamente no funcionan, por lo que en los últimos años ha habido movilizaciones muy importantes en toda la universidad para que se cambie este protocolo y de verdad responda a las mujeres”.
Al ver que no tienen voz ni voto, las mujeres han decidido movilizarse, añadió la universitaria, quien consideró importante que se generen mecanismos democráticos que agrupen a toda la comunidad y la tomen en cuenta para ponerle fin a la violencia de género en la UNAM, por lo que invitó a universitarias y universitarios a sumarse a la lucha y a esta exigencia.
Karla y otras tres compañeras denunciaron a un profesor adjunto de la Facultad de Economía por agredirlas sexualmente, sin embargo, las dos primeras demandas fueron resueltas por el director de la facultad con una sanción de ocho días de suspensión, con la amenaza de que si el profesor reincidía se procedería conforme a derecho. “Eso lo dijo desde la primera resolución y en la segunda, y ahora esperamos que en la tercera y cuarta resolución lo haga efectivo”.
“No importa que sea la universidad más importante de América Latina, si sigue habiendo violencia contra las mujeres, contra las académicas, contras las estudiantes, contra las militantes en los espacios políticos dentro de la universidad. No por ser universitarios, intelectuales, investigadores o profesores dejan de ser machistas. El machismo es una cosa que hay que deconstruir todos los días hombres y mujeres”, insistió Karla.
La universidad –abundó– constantemente hace un llamado para que se denuncie formalmente, sin embargo, las mujeres que han levantado denuncias se han encontrado con que la universidad no ha hecho nada y que durante la pandemia las han tenido dando vueltas.
Este es el caso de Nely, una estudiante de la Facultad de Economía que denunció, junto con otras tres compañeras, a dos profesores adjuntos de la Facultad por acoso y agresiones sexuales. A pesar de que presentaron sus denuncias en febrero de 2020, el proceso se interrumpió cuando fueron tomadas las instalaciones de la Facultad. Y a pesar de que las instituciones fueron entregadas en agosto pasado, a la fecha la denuncia no ha procedido.
“Es cierto que la institución tiene que dar la cara, respondernos, resolvernos. Así como es vergonzoso que existan violadores libres en las calles, es imperdonable que en la UNAM continúen agresores dando clases en las aulas”, señaló.
“Vacas sagradas”, intocables
Karla relató que las universitarias se enfrentan a la burocracia y a las lealtades que tiene la universidad con muchos de los denunciados, investigadores y profesores “poderosos”, lo que desemboca en resoluciones parciales que no toman en cuenta todos los elementos o que no son equivalentes a las agresiones.
Tal fue el caso de Tamara, quien decidió dejar el grupo en el que realizaba su doctorado, con un docente del Instituto de Materiales, luego de sufrir acoso laboral, sexual y violencia de género. La estudiante narró que antes de dejar el grupo concluyó el primer artículo de su proyecto de doctorado, publicado en marzo de 2019 sin que se le notificara y sin que se le respetara su crédito como primera autora del mismo.
A pesar de que intentó denunciar, todas las instancias afirmaron que no les correspondía resolver su caso, incluso la Unidad para la Atención de Denuncias (Unad), donde le explicaron que su caso no podía demostrarse y que se trataba de abuso de poder. Al acudir con el director de materiales y presentar una denuncia, se castigó al doctor sólo con una sanción verbal, en octubre de 2019, y apenas un mes después el presunto acosador recibió el premio Universidad Nacional.
“Fue más que obvio que sus faltas de ética estaban siendo minimizadas para que él pudiera ser galardonado por la universidad”, comentó Tamara, y sostuvo que el doctor acaba de ser nombrado secretario académico del Instituto de Investigaciones en Materiales.
Luego del movimiento contra la violencia de género en la Facultad de Química, Tamara volvió a denunciar, sin embargo, dijo, el proceso ha sido un vaivén, al igual que el de muchas compañeras, “porque al final es un sistema que ha sido perfeccionado por décadas para que impere la impunidad”.
D.R., otra estudiante de posgrado, se enfrentó a una situación similar cuando su tutor le condicionó asesorías a acostarse con él, durante un congreso. Ante su negativa, el tutor la amenazó con quitarle la beca y la presionó para que le diera el crédito por la investigación que realizaba: “Mi caso lleva cinco años sin resolverse. Es muy difícil denunciar el acoso escolar a nivel doctorado. Cuesta mucho trabajo llegar a un doctorado y construir un proyecto y que un tipo agarre y quiera prostituirte para tener derecho a ser investigadora”.
D.R., relató que acudió a 12 instancias de la UNAM, desde los coordinadores –que le impidieron que cambiara de tutor y trataron de convencerla de que le ofreciera sus artículos a su tutor, para que él fuera el primer autor– hasta diferentes personas del comité académico y abogados. Y, a pesar de que escribió cartas al rector, siguió todo el protocolo y presentó más de cien pruebas en grabaciones y papeles, pero aún no le han dado solución.
La última respuesta que tuvo D.R. fue un oficio, fechado el 21 de septiembre, donde le expresaron que no contaban con atribuciones, pero sí eran sensibles. “Pues yo no sé si la UNAM es sensible y no es congruente, entonces no hay sensibilidad”.
D.R., hizo un llamado a la UNAM y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para que intervengan en este tipo de casos, ya que las estudiantes son vulnerables. “Creo que se le debe dar crédito no sólo a nuestra palabra, sino también a nuestro trabajo”, enfatizó.
Caso Yazmín
En el mitin también participó Yazmín, estudiante de la Facultad de Química, cuyo caso impulsó a sus compañeras a crear la Colectiva Toffana, que convocó al primer paro virtual dentro de la UNAM para demandar una respuesta de las autoridades ante la violencia de género.
Yazmín relató que sufrió violencia sicológica, emocional, física y sexual a manos de su pareja afectiva, Beto, quien, como ella, estudia en la Facultad. La violencia inició en diciembre del año pasado con ofensas, comentarios agresivos y manipulación, y escaló hasta tres violaciones, de las cuales una ocurrió en uno de los edificios del plantel.
En febrero pasado, Yazmín denunció a su agresor ante la oficina jurídica de la Facultad, y semanas más tarde le notificaron que se habían emitido medidas de protección para protegerla, sin embargo, no supo nada más del proceso hasta octubre, cuando decidió hacer pública su denuncia por miedo a que su agresor lastimara a otras chicas, desde su posición como adjunto de palabra de un profesor de cálculo y álgebra.
Hasta que su caso impulsó el paro virtual y presencial en las instalaciones, la Facultad le notificó que había suspendido a su agresor, hasta enero del siguiente año, pero él continuó asistiendo e impartiendo clases hasta unos días antes de que ella hiciera pública su denuncia.
Una vez que se impone una denuncia, dijo, no se les notifica nunca más de su proceso. “No puede ser posible que tengamos que exponernos ante el ojo público, no de cientos de personas, sino de miles para que nos hagan caso. Que todo lo que vivimos tenga que llegar a las televisoras, a los periódicos, para que por fin nos den una resolución”, recalcó.
Karla enfatizó que las abogadas de la universidad las han buscado para diseñar estrategias junto a ellas, pero al final eso no se ve reflejado en una resolución que atienda la necesidad de justicia y de resarcimiento para las personas que denuncian.
Y Dasha G. insistió en que las universitarias no confían en las leyes que supuestamente las protegen de los agresores sexuales dentro de la UNAM, si no en su fuerza política, por lo que hizo un llamado a las universitarias a denunciar formalmente, pero no despegarse del movimiento.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, las mujeres convocaron a la comunidad universitaria a unirse a la marcha en la que diversos colectivos feministas se dirigirán al Zócalo capitalino desde distintos puntos, para exigir un alto a la violencia de género en el país.
