- La declaración 3 de 3 para candidatos a cargos de elección popular en Jalisco es obligatoria y esto, advierten especialistas, pondrá en evidencia a los partidos políticos. Si quieren ser votados, deberán ser transparentes, señalan
EMEEQUIS/Alejandra Crail
Con las elecciones de 2021 en puerta, el partido que llevó a la gubernatura de Jalisco a Enrique Alfaro anunció que contenderá solo, sin la alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) que planteaba hacerle frente a Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, que aventaja al resto con intención de votos de hasta 39% en el ámbito nacional.
El estado que gobierna Alfaro elegirá diputados locales y presidentes municipales –además de diputados federales–. Tiene en sus manos la posibilidad de respaldar al principal opositor del presidente de la República o voltear bandera y elegir a un nuevo congreso y alcaldes que acoten su gestión: el 2021 definirá cómo termina esta administración (2018-24).
Al tiempo en que el panorama electoral comienza a aclararse, tanto sociedad civil como organismos autónomos del gobierno del estado arrancaron una campaña en pro de lo que llaman “la integridad del proceso electoral”, que busca, en un primer paso, hacer que las y los candidatos transparenten sus declaraciones de conflicto de interés, fiscal y patrimonial.
Una medida que, desde que se impulsó en 2015, despertó suspicacia entre los políticos y candidatos, a los que no les quedó de otra que ir haciendo públicas sus declaraciones para demostrar que no tenían nada que esconder. Aquella propuesta, que era solo una sugerencia, es ahora una obligación enmarcada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
De acuerdo con el artículo 16 de la legislación local, los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales y estatales tienen que hacer público, entre otras cosas, el currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, con el cargo al que se postula, el distrito electoral y la entidad federativa; así como las versiones públicas de las declaraciones patrimonial y de intereses.
En suma, el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), les solicitará como también la comprobación de que están al corriente en el pago de sus impuestos, presentando un comprobante de no adeudo.
“Estamos buscando que los partidos postulen a aquellos precandidatos que sí presenten estas declaraciones”, explica en entrevista Cynthia Cantero, comisionada presidente del ITEI.
Un arma de doble filo
Esta medida, sin embargo, ha tenido un rechazo histórico cuando se trata de candidatos al Congreso o a las presidencias municipales en los estados, detalla Eduardo Bohórquez, director de la organización Transparencia Mexicana. No obstante, con la obligación enmarcada en la ley, no quedará de otra más que transparentarse, si quieren ser votados.
Esto es un arma de doble filo para los partidos. Para Movimiento Ciudadano podría ser una oportunidad de mostrarse fuerte y transparente ante su principal contrincante, Morena, un partido que desde su creación se ha ganado el título de opaco, ante las continuas quejas por falta de transparencia. Entre quejas y multas, el partido de AMLO ha sorteado los últimos cinco años, sin corregir en el camino las fallas en el cumplimiento de sus obligaciones.
Apenas en 2019, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó las sanciones económicas que ya habían sido impuestas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y ordenó que Morena pagara ocho multas equivalentes a 644 mil 800 pesos, por incumplir sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información.
Su Talón de Aquiles es un campo de oportunidad para la oposición en Jalisco, sobre todo en aquellas zonas donde personajes polémicos de Morena han alzado la mano para postularse en el 2021.
Entre ellos aparece Carlos Lomelí Bolaños, ex delegado federal de Jalisco y quien renunció a ese cargo por presuntos actos de corrupción. Recientemente aseguró que buscará contender por la alcaldía de Guadalajara o Zapopan, en representación Morena, para las elecciones de junio de 2021.
Sin embargo, MC, el partido de Alfaro, tampoco está libre de culpa. También al cierre de 2019 se le impuso una multa por el uso indebido de datos personales de una persona particular, al nombrarla como representante de mesa directiva de casilla en el proceso electoral de 2015 sin su consentimiento.
En este sentido, Bohórquez resalta la importancia de las declaraciones de los candidatos y la necesidad de que las dirigencias locales de los partidos políticos se adapten a la exigencia social. “En Jalisco esa exigencia ha sido creciente. Si Morena o cualquier otro partido político quiere estar a la altura de ese electorado, tendrá que ajustarse a lo que marca la ley como obligación para candidatos y candidatas”, señala el especialista.
Con él coincide Cantero, quien invita a la ciudadanía a sumarse a la exigencia. “Si queremos que nuestras condiciones, nuestros diferentes problemas públicos, incluyendo la corrupción, se modifiquen, tenemos que fijarnos por quién vamos a votar. La transparencia nos sirve para conocer quiénes se están postulando, a qué candidatos nos están presentando los partidos políticos”, recalca.
Pleito preelectoral
En medio de la emergencia sanitaria por Covid-19, Enrique Alfaro encabezó un movimiento rebelde en contra de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Se creó así la llamada Alianza Federalista, conformada por 10 gobernadores de la oposición (incluido Alfaro): Jaime Rodríguez Calderón (Nuevo León), Miguel Riquelme (Coahuila), Francisco García Cabeza de Vaca (Tamaulipas), José Rosas Aispuro (Durango), Silvano Aureoles (Michoacán), José Ignacio Peralta (Colima), Diego Sinhué (Guanajuato), Javier Corral (chihuahua) y Martín Orozco (Aguascalientes).
En conjunto se han postulado por la defensa de los 109 fideicomisos que extinguió el gobierno federal y, sobre todo, por el rompimiento del pacto federal bajo el argumento del recorte presupuestal, la inequidad en el reparto de los recursos año tras año, y lo que llaman “falta de respeto” y comunicación con las entidades.
En contraste, los gobernadores de Morena –entre ellos Claudia Sheinbaum (CDMX), Jaime Bonilla (Baja California), Rutilio Escandón (Chiapas), Cuauhtémoc Blanco (Morelos), Miguel Barbosa (Puebla), entre otros– emitieron un comunicado en el que calificaron los movimientos de la Alianza como una “desesperada acción por llamar la atención”.
En su cuenta de Twitter, apenas el 28 de octubre, señalaron que la fragmentación del país no forma parte de su agenda, que sólo apelan a que se les devuelva a los estados y a los municipios los recursos que, desde su perspectiva, les corresponden.
En la primera quincena de noviembre, con la Cámara de Diputados aprobando el Presupuesto de Egresos para 2021, los gobernadores de la Alianza acusaron a los legisladores de Morena y sus aliados de recortar hasta en 182 mil millones de pesos los recursos de estados y municipios. Para Jalisco, este recorte está calculado en 6 mil 996 millones de pesos, según señalaron en un comunicado.
Esta pugna, que inició en 2019 y arreció con la pandemia, establece las bases para la contienda del próximo año, porque ante los señalamientos, el partido de AMLO tampoco se ha quedado como mero observador. En junio pasado, Morena presentó ante el INE una queja contra el gobernador de Jalisco y el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien solía dirigir el partido en lo nacional, por calumnia por medio de propaganda que –a decir del partido– se pagó con recursos públicos.
El camino a 2021
Al haber rechazado la alianza con el PAN, según dieron a conocer Ricardo Rodríguez, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Jalisco, y Clemente Castañeda, líder nacional, la contienda, que aún no comienza, parece irse cerrando a dos frentes: Morena y MC.
Una de las encuestas más recientes, realizada por Consulta Mitofsky, pone a Ismael del Toro Castro, actual presidente municipal de Guadalajara, como puntero (está permitida la reelección en este cargo). Va en representación de Movimiento Ciudadano, el partido que tenía en septiembre el 28.4% de la intención de voto, seguido de cerca por Morena, que está en un 23.2%.
En Tlaquepaque, según medios locales, Morena lleva ventaja en la intención de voto, con Alberto Alfaro –sin parentesco con el gobernador– como uno de los mejores colocados entre las preferencias.
En todo caso, la transparencia será un requisito que todos los precandidatos y candidatos deberán cumplir. “Sólo en campañas el ciudadano goza de un poder directo sobre los candidatos y candidatas, el de exigirles un compromiso genuino con la transparencia y la rendición de cuentas. El elector tiene que asumir su poder y exigir más de los candidatos”, enfatiza Bohorquez.
Jalisco, como uno de los pocos estados que tienen en su estatuto legal la obligación para los partidos de presentar las declaraciones de sus candidatos, también tiene establecidas las sanciones por postular aspirantes que no hayan hecho público su “3 de 3”, con amonestaciones, multas mínimas de 13 mil pesos, arrestos administrativos y, si persisten, denuncias penales.
@AleCrail
