APRO/J. Jesús Esquivel
Ante la pérdida de confianza con Estados Unidos en la cooperación sobre seguridad y combate al narcotráfico por el caso del general Salvador Cienfuegos, se restringirá el marco de operación en México de la DEA, el FBI, la CIA, el ICE y otras agencias estadunidenses, aseguran funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El hecho de que el Departamento de Justicia estadunidense no compartiera con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que el exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) era objeto de investigación bajo la Operación Padrino, abrió un tajo en la relación bilateral.
“Tras el arresto del general Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles y de que transmitimos nuestra posición, el procurador general de Justicia, William Barr, propuso ir a México para tener una reunión, pero dijimos que no era el momento”, cuenta a Proceso una de las fuentes.
Por tratarse de un “tema delicado”, el funcionario pidió no revelar su identidad y bajo ese acuerdo agrega: “Barr no esperaba una negativa a su propuesta de viajar a la Ciudad de México”.
La molestia del gobierno de AMLO por el arresto de Cienfuegos en California el pasado 15 de octubre, acusado por la DEA de narcotráfico y lavado de dinero, se transmitió a Barr al día siguiente de la captura.
“Barr habló de ir a México acompañado del administrador (interino) de la DEA, Timothy Shea, y la contestación del gobierno del presidente López Obrador fue que se esperaran hasta que concluyeran sus elecciones presidenciales (del 3 de noviembre)”, agrega el funcionario.
El triunfo de Joe Biden sobre el presidente Donald Trump enterró la petición de Barr sobre viajar para reunirse con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Nueva cooperación
El secretismo con que la DEA y el Departamento de Justicia manejaron la Operación Padrino provocó una incisión en la cooperación bilateral en seguridad y combate al narcotráfico. Tras la detención y encausamiento de Cienfuegos, el presidente López Obrador decidió someter a revisión la cooperación con la DEA y otras agencias estadounidenses, tal como lo publicó Proceso en su edición 2295 del pasado 25 de octubre.
“Ya no será nada igual”, sentencia otro alto funcionario del círculo de asesores del presidente López Obrador, quien al igual que su colega fue autorizado para hablar con este semanario con la condición de que no se le citara por nombre ni puesto en el gobierno.
“La renuncia a procesar en Nueva York al general Cienfuegos casi fue inmediata cuando le informamos al Departamento de Justicia que cambiaría la relación con la DEA y con todas las otras agencias de inteligencia y de seguridad que trabajan en México”, subraya la fuente.
–¿Se decidió expulsar a los 54 agentes de la DEA? –se le pregunta.
–No escatimamos. Este no es un gobierno como los anteriores. Habrá una nueva relación en materia de seguridad para intentar restablecer la confianza que se perdió. La nueva cooperación afectará a todas las agencias de Estados Unidos. Y México pedirá reciprocidad sobre el trato a los criminales involucrados en el narcotráfico”, responde.
El asesor presidencial no tiene empacho en hablar sobre qué obligó a Barr a retirar los tres delitos de narcotráfico y uno de lavado de dinero que la dependencia a su cargo imputaba al general Cienfuegos:
“Se le notificó que se suspenderían las extradiciones de personas de México a Estados Unidos, el intercambio de información de inteligencia y de seguridad, las operaciones bilaterales contra el narco; que se prohibirían las maniobras y desplazamientos de agentes de todas las dependencias estadunidenses y que se cerrarían oficinas creadas bajo la Iniciativa Mérida; al igual que (se suspenderían) trabajos conjuntos con el Ejército y la Marina, y que no habría más visas para personal asignado como political attaches en su embajada en la Ciudad de México.”
Arrinconado por la decisión del gobierno mexicano, Barr habló con los jefes de las agencias de inteligencia y seguridad de su país para desechar las acusaciones contra el general Cienfuegos.
Pruebas escamoteadas
El pasado 16 octubre, un día después de que el extitular de la Sedena fue detenido en Los Ángeles, la FGR abrió una ‘averiguación de oficio’ por el caso Cienfuegos, luego de que el Departamento de Justicia estadunidense comenzó a abandonar el caso orquestado por la DEA.
Otro de los tres funcionarios del grupo de asesores del presidente, consultado por este semanario, expone más detalles de lo ocurrido en el desencuentro con el Departamento de Justicia estadunidense.
“No nos entregaron todas las pruebas que afirmaban tener para procesar y enjuiciar al general Cienfuegos”, destaca este otro funcionario.
–¿Les entregaron las grabaciones que la DEA obtuvo por medio de Operación Padrino y en las que, aseguran, se escucha la voz del general Cienfuegos haciendo negocios con narcotraficantes? –se le interroga.
–No, la carpeta de pruebas que recibió la SRE y que ya tiene en su poder la FGR no incluye grabaciones. Son puros papeles. Están las transcripciones de los intercambios de mensajes en teléfonos Blackberry, pero sin especificar entre quiénes ni a quién pertenecían los aparatos de comunicación”, dice.
–¿Solamente documentos?
–Si las grabaciones existen, no las mandaron. Les pedimos todos los elementos de prueba que tuvieran en su poder contra el general y recopilados bajo la Operación Padrino, pero, si nos están ocultando evidencias, tarde o temprano tendrán que salir.
Los tres asesores de Palacio Nacional coinciden sobre las evidencias que entregó el Departamento de Justicia: no son suficientes para determinar los ilícitos que le imputaban al general.
Como detalló Proceso en su edición del pasado 25 de octubre, Operación Padrino es una investigación que la DEA inició en México hace más de 10 años en la que descubrió los presuntos vínculos del general Cienfuegos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Dicha investigación –en la que la DEA mantuvo al margen al gobierno de López Obrador– tiene bajo la lupa a otros miembros de alto rango de las fuerzas armadas mexicanas.
De acuerdo con el primer funcionario citado en este reportaje, la Operación Padrino sigue vigente: “No la van a cerrar, eso no está resuelto”, indica.
