Esfera Cultural
Si se ha establecido ya una especie de prioridad secuencial para los cambios políticos, en cuestión de profundidad, de magnitud y de relevancia, la reforma que se erige como la más importante para la vida pública mexicana es la cultural; la reforma de conciencias; la reforma de hábitos.
Si hemos dicho que el déficit fundamental de la nación se ubica en el ámbito de la ciudadanía, entonces el problema de fondo es la incultura que padecen los mexicanos; debemos de partir de la existencia de un alarmante rezago en la cultura política y en la cultura económica de amplísimos grupos sociales. Esas tesis, incluso han sido enarboladas por los más destacados pensadores de la derecha mexicana.
Es el caso del recién fallecido Carlos Abascal Carranza, quien postuló, con motivo de la glosa del sexto Informe de Gobierno de Vicente Fox, que, si bien hacían falta reformas a las leyes e instituciones del país, la modificación fundamental tenía que perseguir el cambio de la cultura política que históricamente se ha forjado en México.
Los viejos pecados capitales del sistema político mexicano, como el caudillismo, el clientelismo, el corporativismo, la simulación, los cacicazgos y el autoritarismo, siguen más que presentes en el imaginario colectivo, y no hay forma de que un cambio normativo los destierre del lugar que ocupan.
Precisamente, el panorama en materia de cultura descrito con anterioridad, en el que en México se produce la tercera parte de los libros que en Brasil, un 50 por ciento menos que en Argentina y 17 veces menos que en el Reino Unido, es la tierra de cultivo idónea para que los abusos de las élites políticas y económicas florezcan en el país.
La cultura debe convertirse en derecho, pero no a través de leyes obsoletas, que no impliquen cambios de fondo; sino con cambios estructurales en la promoción de la producción, edición y distribución de contenidos literarios, auditivos y televisivos. Eso pasa, necesariamente, por revisar la normatividad en materia de Radio y Televisión; las propuestas que dejó sobre la mesa del debate público el grupo de los entonces senadores encabezado por Javier Corral, Raymundo Cárdenas y Manuel Bartlett siguen siendo vigentes casi en su totalidad, y deben de ser elevadas nuevamente a la arena legislativa.
No sólo se debe pensar en los ejemplos tradicionales del Canal 22, del 11, o de Radio Universidad, o las emisoras del IMER. Ejemplos locales, y de amplio desarrollo comercial, como el caso de Aguascalientes TV, son apuestas importantes por ampliar los contenidos a la que las mayorías tienen acceso. La cultura, la ciencia y la tecnología requieren de un sistema social de incentivos que invite a la población a adquirir conocimientos, cosa que los consorcios que hoy tienen concesionado (muchos incluso se sienten dueños de éste) el espectro radioeléctrico no persiguen, por el afán exclusivo de lucro que los guía. El espacio radioeléctrico es un bien de la nación y por ello cabe una política de Estado en la materia, como la que el Reino Unido ha impuesto con talento y creatividad.
En cuanto al tema de la educación, parece una burla que nuestro país tenga una ley que obligue al gobierno a dedicar el 8 por ciento del Producto Interno Bruto a este rubro, y que cada año, en contubernio del Legislativo y el Ejecutivo, no sólo no se destine ese monto, sino que se vaya alejando más de él lo que se destina en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El mencionado aspecto de la creatividad no es, de manera alguna, un tema menor. Como caso de ejemplo se expone la necesidad de establecer más bibliotecas en el territorio nacional, pues, en promedio, tenemos una biblioteca en México para más de 15 mil habitantes. En este tema, no sólo bastaría con dedicar más recursos y construir más bibliotecas, para remediar el mal; mucho del esfuerzo tiene que ver con el talento que tenga el diseño de las políticas públicas para medir el impacto de su ubicación, de la pertinencia y de las condiciones físicas de su establecimiento y de la calidad de los materiales escritos y audiovisuales que puedan abastecer al mismo, en consonancia con los intereses actuales y/o potenciales de los públicos de la comunidad en cuestión.
En los últimos ocho años, el número de bibliotecas ha crecido a una tasa anual del 2.8 por ciento en México. En los diez años anteriores, la tasa de crecimiento anual fue mayor al 4.5% por ciento; es decir, ha habido más de un 60 por ciento de retroceso en relación al ritmo de aumento. Si no promovemos la investigación y la consulta, jamás podremos superar los padecimientos de México. Es alarmante que de las 10 mil patentes que cada año se conceden en nuestro país, sólo un 2 por ciento sean para nacionales, y el resto para extranjeros. Tenemos 15 años sin superar la muy mediocre barrera de las 200 patentes nacionales, que durante los años de 1992, 1993 y 1994 ya se había rebasado. Mientras tanto, desde 2000 a la fecha, China y Corea han aumentado el número de patentes concedidas a sus nacionales a tasas anuales del 26.5 por ciento y del 23.2 por ciento, respectivamente.
En materia de ciencia y tecnología, los déficits de creatividad y presupuesto son también las principales causas de nuestro atraso y, ambos, son temas que en mucho pueden ser impulsados desde la trinchera legislativa.
Esfera Económica
En el ánimo de construir una ciudadanía integral, o multinivel, en los términos de David Held, la esfera económica es, de todas, la que más necesaria es de satisfacer para los seres humanos, por el carácter básico de servicio a la supervivencia que ofrecen los bienes materiales.
El más grande de los defectos de nuestra realidad se llama desigualdad. Los anteriores aspectos han retratado ya muchos de los componentes de este fenómeno, pero es en la esfera económica donde se gesta el principio de exclusión que rige las relaciones sociales en México. La nuestra, si bien es una sociedad racista y elitista en muchos sentidos, es, sobre todo, una sociedad clasista.
La realidad no podría ser distinta en un Estado que desde la época prehispánica ha contado con una estructura político-administrativa fundada en incentivar la desigualdad. En el caso de hoy, las laxas reglas fiscales son el principal causante de tal desequilibrio económico.
Una agenda económica de izquierda en el Congreso debería revisar los siguientes puntos:
Impuesto a las ganancias de capital. Una parte de la actual crisis global se explica por el paraíso que significan los mercados financieros. Las ganancias derivadas de las inversiones de capital deben ser gravadas con una tasa similar a la del IETU.
Impuesto a las herencias. El problema en México no sólo es la distribución del ingreso, también lo es la distribución de la riqueza. Todas aquellas herencias superiores a un millón de pesos deben ser gravadas de manera progresiva.
Seguros al desempleo, basados especialmente en becas y estímulos de capacitación a las personas que, demostrando buscar trabajo, no lo hayan obtenido.
Fortalecer el Fondo de Desarrollo Regional, que tiene por objetivo corregir los graves desequilibrios que existen en el país entre regiones prósperas y otras rezagadas. Generar bolsas de desarrollo basadas en proyectos regionales que fortalezcan la economía de acuerdo a sectores productivos.
La izquierda debe pensar, asimismo, de manera seria, la aplicación general de impuestos indirectos, es decir, el IVA.
También, en la esfera económica, cobra fundamental importancia el apuntalamiento de la Comisión Federal de Competencia y de la CONDUSEF. La dimensión económica del ciudadano es, esencialmente, la del consumidor, y en México no tenemos salvaguardados los derechos de los consumidores. Las empresas deben señalar de mejor manera la información que sirve a los usuarios para la toma de decisiones; pero, si no lo hacen, es obligación del Estado poner a disposición de la gente esta información, incluso los municipios y gobiernos estatales pueden contribuir en este sentido, con reglamentos y leyes.
En resumen, necesitamos de más Estado y más Mercado, pues, como lo ha apuntado el Informe para la Democracia en América Latina, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: Con Estados débiles y mínimos sólo puede aspirarse a conservar democracias electorales. La democracia de ciudadanas y ciudadanos requiere de una estatalidad que asegure la universalidad de los derechos.
