Ante la considerable caída de los ingresos petroleros el gobierno de la República se ve en el trance de cubrir y cumplir con su función social de gobernar; si agregamos además la crisis económica profunda que ha vivido el país, iniciada hace un año, entonces llegamos a otro elemento fundamental para tratar de entender la definición del paquete económico 2010: la consecuente y natural crisis fiscal.
El momento actual sugiere algunas reflexiones: el gobierno federal se encuentra hoy ante varias alternativas de propuesta económica; el aparato económico del país está afectado seriamente por la crisis económica, aunque está “sano” y no quebrado; y las transformaciones fiscales y de gasto público que se realizaron en los últimos veinte años no lograron el objetivo de “blindar” a los gobiernos ante las cíclicas crisis económicas capitalistas.
La situación actual en conjunta lleva a los gobiernos, particularmente al gobierno federal, a considerar varias alternativas que deben ser estudiadas y analizadas para resolver en los próximos meses la definición del paquete económico 2010: el gobierno federal, y también los gobiernos estatales y municipales, debe cubrir y cumplir a toda costa con su misión social constitucional, la cual no la puede abandonar con la justificación de que ya no tiene suficiente dinero; el gobierno federal repite la estructura fiscal y de gasto público de 2009, simplemente recortando en general gastos y esperando a que la crisis económica –causa de la crisis fiscal- quede atrás; el gobierno federal abre el espacio para encontrar el equilibrio entre la posibilidad fiscal actual y la redefinición del gasto público, que lleve a una nueva estructura ingreso-gasto en la que los ingresos fiscales petroleros se transformen en impuestos normales y ordinarios de Pemex como cualquier otra empresa de su rango.
En el segundo punto del momento actual el aparato económico del país está, ciertamente, maltrecho y resentido por los golpes de la crisis, con los efectos desafortunados del cierre de empresas y pérdida de empleos; sin embargo, como economía nacional está en la capacidad de recuperación inmediata –siempre y cuando las estrategias de apoyo sean favorables-, ya que sus activos económico-productivos están operables y no destruidos. Es un aparato productivo que está “a la espera” de volver al ritmo fuerte de movimiento.
El tercer aspecto del momento actual nos lleva a aprender de nuestra historia reciente: la dependencia financiera de los gobiernos de los ingresos petroleros fue señalada desde los años setenta –haciendo ahora un recuerdo de Heberto Castillo-; la estructura fiscal siguió inspirada por las estrategias de no “molestar” ni a la gente de los grandes sectores populares ni a los grandes empresarios. El ingreso petrolero en aumento sustituyó la alternativa de construir una estructura fiscal de base amplia de contribuyentes –incluida la economía informal-, de equilibrio equitativo para lograr la distribución de la riqueza, y de salud financiera para los gobiernos.
De ahí que el paquete económico de 2010, conocido ampliamente en sus líneas generales a través de los medios de comunicación, puede ser entendido como la alternativa tomada por el gobierno federal, al que deben o deberían acompañar sumándose los gobiernos estatales y municipales, es la de sostener mínimamente su función social de gobernar: el objetivo primordial, aunque cuestionado por algunos analistas con argumentos que deben ser tomados en cuenta, es que los gobiernos –todos, sin excluir a ninguno (ni siquiera a los legisladores y a los partidos políticos)- deben contar con los recursos suficientes para realizar sus responsabilidades y trabajos.
Es importante señalar en este punto que un elemento fundamental de la misión constitucional de los gobiernos en la formación social capitalista como la que vivimos es apoyar a los grupos vulnerables; cuando hablamos de que los gobiernos tengan los recursos necesarios para realizar su misión social, hablamos del apoyo a estos grupos.
Es útil traer a colación la visión de los participantes en el taller México ante la crisis, quienes concluyen que el proyecto económico para 2010 está “de cabeza” (La Jornada, 11 de septiembre de 2009, página 3); los puntos centrales enunciados son que “sus propuestas recaudatorias ahondarán la recesión, generarán más tensión social, incentivarán el desempleo, abrirán el hoyo social y profundizarán aún más la crisis financiera”.
Líneas adelante señalan que “el nuevo modelo económico para el país debe incluir… políticas anticíclicas basadas en una estrategia agresiva de inversiones públicas; políticas monetarias que consideran objetivos de crecimiento y empleo…, y un acceso “efectivo y exigible” a educación y salud de calidad para todos”.
Al revisar someramente las dos visiones fiscales es posible encontrar coincidencias en ellas particularmente cuando se habla de educación y salud para todos; la inversión pública y el combate a la pobreza sólo se podrán realizar con ingresos públicos, y la política monetaria de estabilización del peso que se viene sosteniendo ayuda a estos objetivos.
El crecimiento del gasto público apoyado en un mayor déficit presupuestal basado en la deuda pública –como lo están haciendo los países desarrollados- no es la alternativa actual de nuestro país; los países desarrollados tienen suficientes ingresos tributarios para financiar las deudas, ya que cuentan con un buen porcentaje del PIB como ingreso, mientras que en nuestro país la larga dependencia de los ingresos fiscales petroleros y una deficiente contribución porcentual de PIB contribuyó a que en una circunstancia como la actual, el recurso de la deuda no sea saludable.
El panorama actual de la visión fiscal tiene dos objetivos básicos: consolidar las líneas tributarias de manera equilibrada y equitativa para los sectores económicos y grupos sociales, evitando la dependencia petrolera; y dotar a Pemex de una tal autonomía que la lleve a volver a dar a la nación los frutos de la riqueza petrolera, ya no para financiar el gasto corriente, sino para detonar el desarrollo económico y social del país.
