Bajo el título de “Peligrosa, la gratuidad en las universidades”, el pasado Jueves 29 de Octubre apareció, en estas mismas páginas, un reportaje de mi colega Adrián Javier Flores Nieves.
En él hizo referencia al informe que presentó el Director de Educación Media y Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) en la Universidad Politécnica, sobre el “Estudio de la Situación de la Educación Superior en el Estado de Aguascalientes”.**
En dicho informe, señaló que “Son tres los baches que la educación superior enfrenta en México”. Los voy a numerar para darles mayor claridad:
1.- “La ausencia de un Sistema de Educación Superior.
2.- “La reducción presupuestal característica de este Gobierno Federal” y
3.- “La presunta apuesta por la gratuidad de la misma, poniendo en vilo su calidad”
Mis comentarios al respecto son los siguientes:
PRIMER BACHE. Es el relativo a la ausencia de un sistema de educación superior. A este respecto, el Director de Educación Media y Superior del IEA señaló que “Apenas se está discutiendo en el Congreso de la Unión la nueva Ley de Educación que puede conformar un verdadero Sistema de Educación Superior. Con esta legislación “apenas nacería” el sistema hoy todavía ausente para generar mejores estrategias”.
Al respecto me permito señalar que la nueva Ley General de Educación ya fue aprobada por el Congreso de la Unión y está en vigor desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Septiembre del 2019.
En su Título Segundo se establecen las bases Del Sistema Educativo Nacional, dentro del cual se encuentra el Capítulo III denominado Del tipo de educación media superior y el Capítulo IV Del tipo de educación superior, en el que menciona la Ley General de Educación Superior (que es la que está en estudio y establecerá la estructura y funcionamiento del sistema que, si bien ya existe en los hechos, carece de normatividad) para cuya elaboración, según sé, se convocó a participar a todas las instituciones interesadas en aportar sus ideas, conocimientos e inquietudes. Seguramente en el IEA habrá quien esté al tanto de ello.
Esto significa que, aunque contenga errores y omisiones (algunos verdaderamente graves) la Ley General de Educación ya es, en sí, un principio de organización que, como toda norma humana, es perfectible.
SEGUNDO BACHE. Es el relacionado con “La reducción presupuestal característica de este Gobierno Federal”; aunque no lo diga expresamente el Director de Educación Media y Superior del IEA, esta afirmación encierra la preocupación que genera el comportamiento errático manifestado por el actual presidente de la República, preocupación que muchos ciudadanos compartimos.
Pero una cosa es el comportamiento del presidente y otra utilizar el argumento para justificar que las instituciones de enseñanza continúen solventando el problema del financiamiento mediante la práctica mercantil de vender el conocimiento a cambio de cuotas o colegiaturas prohibidas por nuestra Constitución, en lugar de poner en práctica el servicio gratuito al que tienen todo el derecho los estudiantes de todas las clases sociales, que no se cumple porque el gobierno ha atendido de manera muy ineficiente esta que es su obligación intrínseca.
Sin embargo, mientras no tengamos otro presidente, tenemos que acatar las reglas si son relativamente aceptables, como ocurre con esta primera Ley General de Educación ya vigente, en cuyo artículo 48 señala que “…las autoridades educativas federal, de las entidades federativas y de los municipios concurrirán para garantizar la gratuidad de la educación en este tipo educativo de manera gradual… en los términos que establezca la ley de la materia…”.
Al respecto, el artículo 104 de la propia Ley General de Educación reitera el procedimiento gradual y progresivo para la aplicación de la gratuidad y el 109 establece, ya, que “El monto anual en términos de la ley que el Estado destine al financiamiento en educación pública y en los servicios educativos garantizando la accesibilidad y la gratuidad en la educación, no podrá ser menor al equivalente del 8% del producto interno bruto del país.”
Y en otro párrafo del mismo artículo, señala que “El gobierno de cada entidad federativa, publicará en su respectivo diario oficial, los recursos que la Federación le transfiera para tal efecto, en forma desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar”.
Sin perdernos en conjeturas, estos datos, concretos, sí dan, ya, un principio básico de certidumbre, tanto económica como administrativa, sobre los cuales se pueden establecer cálculos precisos. Para ello, además, se cuenta con tiempo suficiente, ya que no se trata de cancelar las colegiaturas el próximo semestre porque habiendo leyes que están en proceso de elaboración, discusión y aprobación para entrar en vigor en fechas ya programadas, se pretende que la gratuidad alcance el 100% de cobertura en el 2024.
TERCERO Y ÚLTIMO BACHE: El relativo a “La presunta apuesta por la gratuidad de la misma, poniendo en vilo su calidad” Esto, mi estimado Director de Enseñanza Media y Superior del Instituto Estatal de Educación, es prejuzgar. Recordemos que la educación de los mexicanos no está en manos del presidente de la República: está en manos de personal especializado que suponemos altamente preparado en su materia y altamente responsable.
Porque no se trata, como lo dijo usted en su charla, de “mutar a un esquema en el que las universidades sean gratuitas para las y los estudiantes mexicanos ‘es muy peligrosa’ porque ello puede significar un detrimento en la calidad de la educación a ofertar”.
Sin pretender polemizar sobre el significado del término ofertar, sino atendiendo al contenido del mensaje ¿significa que solo la enseñanza privada es capaz de otorgar una enseñanza de calidad? Si así lo consideraran los estudiantes, tienen plena libertad de escoger la empresa que más les guste y esas empresas que venden conocimiento no tienen problema alguno, porque a ellas no se les está exigiendo impartir su enseñanza en forma gratuita; por tanto, pueden cobrar lo que les plazca a menos que tengan la obligación de atender algún mandato en cuanto a tarifas autorizadas, como cualquier empresa mercantil que vende los productos que oferta.
El gobierno revolucionario de México fue altamente reconocido mundialmente cuando su legislatura constituyente de 1917 inscribió en la Constitución aprobada ese año, las garantías individuales generadas por la Revolución Francesa en su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero hizo, además, la siguiente y más importante aportación al constitucionalismo mundial: las Garantías Sociales que, como las individuales, fueron incorporadas a constituciones europeas y de América Latina.
Entre esas garantías sociales de nuestra Constitución de 1917 que atañen ya no a los individuos sino a toda la sociedad se estableció, en tres de las nueve fracciones del artículo tercero, relativo a la Educación, el texto siguiente:
“VI. La educación primaria será obligatoria;
VII. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; y
VIII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas…”.
Con algunas variantes, el espíritu democrático de este texto ha estado vigente hasta la fecha, como puede constatarse en la Constitución actualizada hasta el presente año en el Congreso de la Unión y, por cierto, aparte de que en diversas partes del texto de la Ley General de Educación aparece la preocupación por la calidad de la educación, el capítulo III del Título I está dedicado a la equidad y la excelencia educativa.
Entonces, pues, ¿quién ha hablado de “mutar” de un sistema mercantil a un sistema gratuito? Lo que estableció la Constitución de 1917 fue un sistema gratuito que en un momento dado, ese sí, mutó a mercantil. Por lo tanto, lo que pretende hacer el presidente es retomar el orden constitucional. Esperamos que, en este caso, deje actuar con libertad a los expertos; si cumple con buenos resultados su propósito aplaudirlo, pero si lo frustra con intemperancias, condenarlo y buscar otro.
Por tanto, si nuestra Constitución es perfectamente clara desde 1917 en el sentido de que la educación que imparte el Estado debe ser gratuita, cualquier cuota que se haya cobrado a partir de entonces en instituciones públicas aunque sean autónomas (como la Universidad Autónoma de Aguascalientes que cuenta con un presupuesto de la Federación y otro del estado que se cubre con nuestros impuestos) ha sido inconstitucional.
Pero curiosamente los rectores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes son quienes más se han opuesto al mandato del artículo tercero, seguramente porque, aunque sea pública, actúa como empresa privada mercantil, de acuerdo con el espíritu departamental que calcó del peor estilo de universidad estadounidense, que es al que pertenece desde que se hizo el cambio de la categoría de Instituto de Ciencias a la de Universidad en 1974 (no en 1973 como se indica erróneamente en su portal de internet).
¿Y a quiénes beneficia el sistema mercantil? elemental: a quienes pueden pagar altas colegiaturas sin consecuencias para el equilibrio del presupuesto familiar, es decir, a las familias que controlan el poder económico, que a su vez controlan el poder político y pueden pagar a sus hijos altas colegiaturas para continuar controlando ese poder, dejando fuera de la jugada a los hijos de las clases “económicamente débiles”. Ellos son los beneficiarios del sistema educativo que pretendía ser democrático, es decir, para todo el pueblo.
¿Será esto por lo que ahora el IEE nos dice que la gratuidad en la educación universitaria es peligrosa? ¿Peligrosa para quién? Porque si es peligrosa en la enseñanza superior, también debería ser peligrosa en las demás etapas del sistema. Pero para quien considere tener razón en lo que afirma, también tiene la opción de proponer una reforma al artículo tercero constitucional con las bases y argumentos que considere pertinentes. De lo contrario nos encontraríamos con actitudes provocadoras de hostilidades sin sentido que desembocan en un problema ético en el que prefiero no ahondar.
Terminamos nuestra colaboración de hoy con una respetuosa sugerencia: es necesario tener paciencia, estudiar el tema, contribuir a enriquecer el sistema en construcción y no esperar a que las leyes nos lleguen para ver qué contienen, sino manifestar nuestras inquietudes en el momento y lugar debidos; es decir, actuar con congruencia.
LOS ESTUDIANTES. Y a todo esto ¿qué dicen quienes tienen más que decir, que son los estudiantes que no están en condiciones de aspirar a obtener un título universitario o los que padecen las de Caín para cubrir las ilegales colegiaturas?
Por la unidad en la diversidad
Aguascalientes, México, América Latina
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* Profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes destituido de todas sus cátedras por pronunciar un discurso en defensa de su autonomía
** La tipografía en letra negrilla es del autor
