El Sistema Urbano Nacional de México está compuesto por un total de 401 ciudades, de las cuales 74 son zonas metropolitanas (ZM), que, según Conapo, consisten en un “conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 100 mil o más habitantes, cuya área urbana funciones y actividades rebasan los límites de los municipios”. Las 74 ZM comprenden un total de 417 municipios donde viven más de 75 millones de personas, equivalente a 63 por ciento de la población total del país. El fenómeno metropolitano en México se ha dado de manera acelerada –entre 1960 y 2015, el país pasó de 12 a 74 zonas metropolitanas–, lo que ha resultado en la conformación de grandes ciudades que suelen atraer cada día a una mayor población, en parte porque en ellas existen más y mejores oportunidades de empleo, educación, salud, recreación, etcétera.
No obstante, las ZM afrontan grandes desafíos que resultan de la alta concentración de personas, como congestión vehicular, contaminación, demanda de agua, segregación social, incidencia delictiva, entre otros, cuya atención requiere una estrecha colaboración entre las autoridades locales pues muchos de ellos rebasan fronteras municipales, demandan una planeación más integral de posibles soluciones y necesitan una coordinación más eficiente para ejecutarlas. En Aguascalientes, por ejemplo, este el caso de la ZM compuesta por los municipios de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo.
En ese contexto, las ZM demandan mecanismos de gobernanza metropolitana que faciliten a los municipios diseñar e implementar una visión compartida de ciudad, opuesto a lo que sucede en la actualidad, en que dichas zonas metropolitanas suelen administrarse de manera fragmentada, lo que limita su productividad e impide optimizar la prestación de servicios o el uso de recursos naturales. La OCDE, por ejemplo, estima que duplicar el número de gobiernos locales en una zona metropolitana reduce su productividad –medida en salarios– en 6 por ciento, mientras que en aquellas zonas metropolitanas que cuentan con algún organismo o mecanismo de gobernanza metropolitana esa penalidad se reduce a la mitad, al facilitar una mejor coordinación entre los distintos gobiernos.
En México, existen pocos mecanismos de este tipo de gobernanza. El Fondo Metropolitano, creado en 2006, es, aún con vicios o deficiencias, uno de los pocos mecanismos que busca promover el financiamiento desde una lógica metropolitana al otorgar recursos a proyectos de infraestructura, transporte, etcétera, que permitan impulsar la competitividad de las zonas metropolitanas. En días recientes, sin embargo, el Gobierno Federal ha intentado desaparecer ese fondo supuestamente para combatir la corrupción, aunque más bien parece ser un intento adicional de concentrar recursos para financiar obras de infraestructura que se prevén altamente deficitarias, como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas, así como para sostener otros programas que le garanticen mayor rentabilidad electoral.
La desaparición del Fondo Metropolitano, sin alternativas que lo reemplacen, podría ser un paso atrás en la creación de una gobernanza metropolitana más sofisticada e innovadora en el país, que permita gestionar de mejor manera estos espacios en los que viven seis de cada 10 mexicanos. Además, exhibe el desinterés de este gobierno por la política urbana y metropolitana, pues destinar esos recursos a la entrega de obras mediante el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), que, si bien busca, de manera positiva, promover la creación de mejores espacios públicos en territorios marginados, no debería suponer la cancelación de otros esfuerzos que pudieran fortalecer la gobernanza metropolitana. Más aún, hasta el momento, el PMU contempla inversiones en 68 municipios del país, en su gran mayoría concentrados en el sur-sureste del país, mientras que estados como Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí o Nuevo León, por ahora han sido excluidos de ese programa. En ese sentido, algunos estados podrían perder el acceso a los recursos del Fondo Metropolitano, al mismo tiempo en que, cuando menos ahora, estarían excluidos del programa que absorbería esos recursos.
En conclusión, desaparecer el Fondo Metropolitano podría desalentar otros esfuerzos altamente necesarios para mejorar la gestión de las ZM. Si el propósito realmente fuera combatir la corrupción, ¿por qué no rediseñarlo para asegurar una mayor transparencia en lugar de eliminarlo? O ¿qué propone el gobierno federal actual para realmente fortalecer la gobernanza metropolitana?
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