- ¿Quién quiere ser la voz de las víctimas del crimen organizado en el estado más violento de uno de los países más sangrientos del mundo? Un hombre de 51 años, salido del Opus Dei, está dispuesto a hacerlo. Y promete resultados
EMEEQUIS/Óscar Balderas
Desde hace un par de años, en Dolores Hidalgo, Guanajuato –la cuna de la Independencia Nacional– sus habitantes cuentan un chiste amargo: “Lo único que nos queda de ‘pueblo mágico’ es que la gente muere como por arte de magia: un día lo ves y al otro día no lo ves”.
En marzo de este año, cuando arrancó la pandemia, este municipio de menos de 150 mil habitantes sufrió una masacre que dejó cinco asesinados en la colonia Lázaro Cárdenas. Fue el prólogo de una historia de horror que aún no tiene capítulo final: en abril se desató una furiosa ola de secuestrados que nunca volverían a casas y en mayo se masificó la extorsión a locatarios –especialmente en vulcanizadoras y tortillerías– cuyos comercios ardían de madrugada, si no pagaban al crimen organizado.
En junio comenzaron a aparecer los cadáveres de personas torturadas por la pugna entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación –como los restos aparecidos en la colonia San Gabriel– y luego sucedió una masacre más, ahora con ocho homicidios simultáneos. Desde entonces, Dolores Hidalgo, Guanajuato, vive de tragedia en tragedia, con familiares de víctimas estirando la liga del humor negro para aligerar una situación crítica.
Y ni siquiera se trata de uno de los municipios más violentos de Guanajuato, el estado más rojo del país. León, Celaya, Irapuato, Salamanca y Pénjamo son ubicados por la Secretaría de la Defensa Nacional como el epicentro de la violencia y, al mismo tiempo, el cunero de las víctimas de México.
“La rifa del tigre”
En ese estado –el más homicida de México por cada 100 mil habitantes durante 2019– un abogado de 51 años, surgido de las filas del Opus Dei, ha aceptado el que probablemente sea el puesto político más difícil del año, sólo detrás del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: representar a todas las víctimas de la violencia de Guanajuato y garantizarles justicia , reparación del daño y garantías de no repetición.
“¿Se ganó la rifa del tigre?”, le pregunto a Jaime Rochín, quien el 8 de octubre pasado fue nombrado por el Congreso estatal como el nuevo presidente de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato.
“Sin duda es un reto importante. Coincido en que se trata de una situación complicada. Para eso, vamos a echar mano de los aciertos y errores en experiencias pasadas”.
Esa experiencia es haber sido el comisionado presidente de un organismo que parece estar en vías de extinción: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), un organismo que nació tras la exigencia del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad –liderada por el poeta Javier Sicilia– para que las víctimas tuvieran un espacio en el gobierno donde exponer sus casos, obtener representación jurídica y, en algunos casos, ser indemnizadas.
Hoy ese sueño es un cascarón acéfalo desde junio, con un recorte presupuestal de más del 75%, con personal insuficiente para el reto que se plantearon y con una credibilidad por los suelos para las víctimas de violencia en el país, especialmente de las madres y padres con hijos desaparecidos.
Un comisionado presidente incómodo
Pero la CEAV, que nació en 2013 con Jaime Rochín como su primer comisionado presidente, comenzó como una buena intención que pronto se estrelló con la realidad de una burocracia: los recursos de la Federación llegaban tarde, les ponían trabas para ejercer gastos, no contaban con personal suficiente e, incluso, ni siquiera con representación durante años en estados críticos como Tamaulipas.
Pese a todo, Jaime Rochín fue reelecto como comisionado presidente en 2016 con la esperanza de enderezar a la CEAV, creyendo que las deficiencias del primer periodo se debían a lo novedoso de la estructura en favor de las víctimas.
Sin embargo, de nuevo, la burocracia se tragó las buenas voluntades de los consejeros y Jaime Rochín le entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador una carta de renuncia irrevocable el 7 de junio pasado, acusando que la CEAV había comenzado a “transitar en solitario mientras las víctimas lo observaban con desesperanza”.
“Aún estamos a tiempo”
“Renuncié porque creí que mi ciclo había terminado. Ya no había condiciones para seguir adelante. Y aunque no hicimos todo lo que nos planteamos, por tantas limitaciones, sí aprendimos mucho: logramos la primera reparación colectiva efectuada a las víctimas del Movimiento del 68 y a las víctimas de la Guerra Sucia. Hicimos los estudios más grandes y complejos de mano de las víctimas de las matanzas de Allende, Coahuila, y de San Fernando, Tamaulipas.
“Hicimos el análisis de las fosas clandestinas de Tetelcingo y de las circunstancias de los servicios forenses del país, a partir del caso del ‘tráiler de la muerte’ en Jalisco. Todo eso que aprendimos lo vamos a poner al servicio de las víctimas de Guanajuato”, enumera Jaime Rochín.
Cuando se le pregunta qué errores cometió desde la CEAV, y que no repetiría en Guanajuato, su respuesta es rápida, como si esa reflexión estuviera dando rondas en su cabeza desde hace tiempo: desde el primer momento contar con personal capacitado para ser sensible al dolor de las víctimas, algo que no sucedió al inicio de su trabajo anterior, aunque lo pudo corregir a tiempo, asegura.
“Guanajuato no ha sido la excepción en la compleja situación que ha vivido México. Pero en los últimos años la violencia ha crecido de manera explosiva, sobre todo en el sur del estado. Y eso me parece que aún estamos a tiempo de poder acompañar a las víctimas, aún podemos hacer que no se sientan solas”.
Un escenario rojo
El arribo a su nuevo cargo llega en un momento crítico para El Bajío mexicano: el Cártel Jalisco Nueva Generación avanza a paso redoblado para controlar el mercado negro de drogas, secuestros, extorsiones y trata de personas en el estado, ahora que su principal competidor, el Cártel Santa Rosa de Lima, ha perdido a su líder máximo, José Antonio Yépez, el Marro, arrestado el 2 de agosto pasado.
Pero en el camino por conquistar esas regiones, el Cártel Jalisco Nueva Generación se enfrentará con los remanentes de sus viejos enemigos y de otros 10 grupos criminales que tienen presencia en Guanajuato, según datos del gabinete de seguridad: la pelea es contra el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, Los Zetas Sangre Nueva, la Familia Michoacana y algunas familias poderosas que controlan regionalmente el lucrativo negocio del robo de combustible.
Mientras tanto, Guanajuato sufre un grave problema de adicciones en sus jóvenes, a causa de un aumento en el consumo del “cristal”, una metanfetamina poderosa y adictiva que está llenando los centros de rehabilitación, que luego se vuelven trampas mortales para los adictos en recuperación, como sucedió con los 24 jóvenes asesinados en el anexo “Buscando el Camino a mi Recuperación” en Irapuato, Guanajuato.
La prisa y la esperanza
“¿Cuál es el principal reto? Es la prisa que tienen las víctimas. La necesidad urgente de atención de tantos temas. Y la necesidad de generar lineamientos, procedimientos, reglamentos, condiciones materiales y hasta administrativas –como crear plazas– para que podamos dar la atención necesaria”.
“Es un proyecto en el que no podemos fallar. Nuestro proyecto lo hemos compartido con algunos grupos de colectivos de víctimas y resultó muy interesante por el interés que teníamos de poder trasladarnos a Guanajuato, un estado en el que tenemos puestas muchas esperanzas. Algunos grupos de víctimas nos dieron la oportunidad y vamos a darles respuestas”, asegura Jaime Rochín.
Sólo en lo que va del año, de enero a agosto de 2020, en Guanajuato se han cometido 80 mil 778 delitos denunciados ante la Fiscalía estatal, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. A esos hay que sumar la cifra negra que se calcula por arriba del 90% en el país. Se trata, entonces, de representar, apenas en 2020, a cientos de miles de víctimas que verán en Jaime Rochín una esperanza de justicia.
“¿Seguro, seguro, que no es la rifa del tigre?”, insisto. “Es un reto, pero si no creyera que puedo hacer el trabajo, no lo aceptaría. Voy a trabajar por ellos. Como lo dije en mi carta de renuncia al presidente: en el dolor y en la fuerza de las víctimas radica la posibilidad de un futuro mejor. Ellas y ellos son la reserva moral de este país”.
@oscarbalmen
