A los aguascalentenses ya nos es familiar el enmascaramiento tanto de personas como de organizaciones, sean públicas o privadas. Los cubrebocas, obligados por la presente pandemia y las máscaras muy al uso de Proactiva Medio Ambiente CAASA y Veolia, con elegantes resonancias del Carnaval de Venecia, ejemplifican a la perfección la tendencia actual –dígase enfáticamente del Gobierno de México– a incurrir en este tipo ya sea de encubrimiento o remoción de máscaras para desnudar la real situación de las instituciones. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión es perfecto ejemplo de ello, al desnudar el crudo, obediente, subsirviente del Ejecutivo, irresponsable y nefando talante operado por el mayoriteo irracional y despótico de Morena, contra el resto legislativo, en materia de desaparición de los fideicomisos públicos.
Al fin y motu proprio, esa mayoría aplastante se ha desenmascarado para revelar su verdadera identidad arrasadora de cuanta institución, digna y respetable, tenga o haya tenido la configuración histórica del Estado Mexicano. Los jurisconsultos serán los encargados de revelarnos la importancia o irrelevancia que la figura jurídica, por cierto de pura cepa y creación mexicanos, tanto para la ciudad como para el mundo, hubo aportado al octogenario Estado nacional, para salvaguardar tanto los montos como el destino presupuestario de muy honorables y benéficas instituciones que aseguraron precisamente contra la discrecionalidad, arbitrariedad y arrebatos de moda de eventuales funcionarios y gabinetes gubernamentales, el regular flujo benéfico de bienes y servicios exigibles y obligados del Sector Público para la ciudadanía en general.
Esos fondos, intocables por Ley y bajo la segura y digna figura jurídica del Fideicomiso, que merece reconocimiento internacional – jurisconsultos, no me dejen chiflando solo en la loma– hoy quedan al desnudo en las manos muy proactivas del gobierno federal en turno. Tema archidigno de deliberación que habremos de intercambiar en otro momento. Por hoy, me quedaré con el asunto abierto y reeditado de Ayotzinapa. ¿O será otro enmascaramiento del grupo en el poder? Veamos por qué y para qué.
Han transcurrido apenas dos semanas en que se reeditó este icónico asunto de Justicia. “Quiero ofrecerles disculpas a nombre del Estado mexicano”: López Obrador se comprometió ante padres de los normalistas a hacer justicia. A seis años del caso que sacudió a México y a la comunidad internacional, se presentaron los detalles de las investigaciones. (Fuente: Infobae. 26 de Septiembre de 2020).
Primero. El informe de la Fiscalía General de la República. Siendo las 10:58 hrs. Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República (FGR), (Cfr.: Infobae. https://bit.ly/2SRHD2l, emitió su discurso. En reconocimiento del momento climático del asunto Ayotzinapa, consigno de su pronunciamiento, los tópicos centrales de su discurso, para consignar que efectivamente, así lo dijo.
(Nota bene.- Salta a la vista que los roles respectivos de los dos principales funcionarios intervinientes en este asunto, resultan invertidos, y son los propios contenidos de sus personales narrativas los encargados de identificar la naturaleza de los tópicos referidos. Por esta razón, clasifico con el signo “B”, el texto de las palabras enunciadas por el Fiscal General –que debiera consignarse bajo el primer numeral-; y con una “A”, el texto referido por el comisionado presidencial –que mereciera el numeral segundo-). Dicho en breve, al Fiscal General toca la narrativa estrictamente pericial o de procuración de Justicia; en tanto que al Comisionado Presidencial corresponde el posicionamiento socio-político del asunto, con las notaciones narrativas propias de esta materia. Mi hipótesis interpretativa es que sus fraseologías están invertidas. Veamos:
B.1 – “Ayotzinapa no solo es un asesinato deleznable, sino una muestra de la corrupción e impunidad en el país”, destacó el Fiscal General.
B.2 – Ya no cabe duda el gobierno anterior desde la máxima cúpula del poder, encubrieron mintieron, torturaron y realizaron falsas dirigencias e intentaron ocultar lo sucedido, aseguró.
B.3 – Señaló que la presencia de los estudiantes, fue una coincidencia entre grupos de choque en ese lugar.
B.4 – Hay acusaciones que cerca de 80 personas fueron masacradas en Iguala y no se le dio seguimiento alguno por las autoridades competentes, enfatizó.
B.5 – Insistió que Tomás Zerón de Lucio habría sido el orquestador de la información de la verdad histórica basándose en torturas para sepultar el caso en el que perdieron el control por su mala fe.
B.6 – Alejandro Gertz Manero denunció que Tomás Zerón cobró y se robó más de 1,000 millones de pesos de la PGR con la anuencia de sus superiores.
B.7 – Se ha demostrado (¿?) que los restos del río San Juan fueron sembrados, encubriendo tanto delitos como delincuentes, aseguró.
B.8 – Recordó que se han encontrado en un sitio distinto a los del basurero, el cual fue confirmado por la Universidad de Innsbruck.
B.9 – El delito de desaparición forzada está totalmente acreditado, destacó el fiscal.
B.10 – La búsqueda habrá de continuar hasta donde sea humana y financieramente posible, señaló el fiscal.
B.11 – Los trabajos encabezados por Alejandro Encinas han sido fundamentales, reconoció.
La Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa.
Por su parte, el Subsecretario Alejandro Encinas en comunicado, (Fuente: Secretaría de Gobernación. Prensa. Autor Secretaría de Gobernación. Fecha de publicación 26 de septiembre de 2020. Categoría: Comunicado). A seis años de la desaparición de los 43, presenta su informe. En que expuso:
A.1 – Reafirma Gobernación que en este gobierno se rompen los candados de silencio e intereses ligados al crimen organizado y al poder público para que no haya impunidad.
A.2 – Conforme a la instrucción presidencial, en este gobierno no se encubrirá a ninguna persona servidora pública, advierte subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y presidente de dicha comisión, Alejandro Encinas.
A.3 – Ante padres y madres de los normalistas, el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez refrendó que Ayotzinapa representa una afrenta a la sociedad y una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país, lo que ha dejado una profunda herida que lastima a los familiares de los normalistas y a toda la sociedad, pero no se generarán falsas expectativas, ni se construirá una nueva verdad histórica, ya que el objetivo es conocer la verdad por dolorosa que sea.
A.4 – Durante la presentación del informe, el subsecretario detalló que respecto a las tareas de impartición de justicia se avanza en dos líneas, por un lado, (a) en la identificación, detención y castigo de los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de los estudiantes, entre los cuales se encuentran integrantes del cártel de Guerreros Unidos, policías municipales e integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad.
Y, (b) por otra parte, en la identificación y detención de las autoridades y personas servidoras públicas que por acción, omisión o complicidad incurrieron en delitos vinculados con la desaparición forzada.
A.5 – Informó que, a pesar de la actuación de algunos jueces que con sus determinaciones dejaron en libertad a presuntos perpetradores de la desaparición de los jóvenes estudiantes, de marzo a la fecha se han liberado 70 órdenes de aprehensión -de las 83 solicitadas- por delincuencia organizada, desaparición forzada y tortura.
– Además, han sido detenidas 34 personas entre quienes se encuentran integrantes del grupo delictivo, policías federales ministeriales, agentes del ministerio público federal, expolicías federales y policías municipales, con lo que suman, hasta el momento, 80 personas detenidas.
A.6 – “Atendiendo la instrucción presidencial que en este gobierno no encubrirá a ningún funcionario público, destacan las órdenes de aprehensión contra Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal; las detenciones de Carlos Gómez Arrieta, exjefe de la Policía Federal Ministerial y de Alicia Bernal Castilla, exministerio público encargada de ‘legalizar’ la verdad histórica”, puntualizó.
Resulta evidente que esta cadena lingüística, pronunciada por el Comisionado Presidencial, es construida mediante los contenidos propios del momento de Procuración de Justicia –que no de impartición de, como él lo expresa-; ya que involucra la modelización que configuran los hechos, conductas, acciones, actividades, omisiones, suplantaciones, etc., de los presuntos autores. Y las llamadas “líneas” referidas, particularmente los numerales A.4, A.5 y A.6 corresponden a la investigación, función prima y fundamental de la Fiscalía General, que no de la Comisión Presidencial.
Por el contrario, el lenguaje pesadamente calificativo, taxativo, aspiracional, nugatorio de la “verdad histórica”, descriptivo a priori, exhortativo o deprecatorio –que no acusatorio- del que hace uso el Fiscal Gertz Manero, tal como demuestran los numerales B.5 y B.6 que identifican a un indiciado al que da por criminal sin aducir las bases e indicios para ello; al igual que los numerales B.7 y B.8 no fundan la conclusión del B.9. Que conste, así lo dijo.
Somero examen actancial que nos revela no sólo la inversión de roles funcionales de sus respectivos autores, sino un inexplicable e innecesario uso de máscaras para cubrir o revelar el uso instrumental de la Procuración de Justicia, en un asunto por demás cargado de congojas muy humanas y contradicciones que enmascaran la verdad.
