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Existen tres elementos para asegurar el uso eficiente de los recursos: competencia, transparencia y cumplimiento de la ley
Este estudio busca aportar evidencia de prácticas que obstaculizan la competencia, por lo que identifica áreas de riesgo, patrones de comportamiento y anomalías en los procesos de contratación Las compras públicas de un gobierno deben garantizar bienes y servicios de la máxima calidad al menor precio posible. Por ello, deben ser planeadas y ejecutadas priorizando el beneficio de la población y no de intereses privados. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha advertido que los procesos de compra pública son vulnerables a la corrupción. Existen tres elementos para asegurar el uso eficiente de los recursos: competencia, transparencia y cumplimiento de la ley. Analizar y detectar prácticas que obstaculizan cualquiera de estos tres principios permite identificar riesgos de corrupción. Es por ello que el IMCO analizó más de 350 mil procesos de compra publicados en Compranet por las dependencias de la Administración Pública Federal durante 2018 y 2019: *2018: 169 mil 187 contratos $364,037,219,485 (último año del sexenio de Enrique Peña Nieto) *2019: 184 mil 702 contratos $323,340,812,564 (primer año de Andrés Manuel López Obrador) Este estudio busca aportar evidencia de prácticas que obstaculizan la competencia, por lo que identifica áreas de riesgo, patrones de comportamiento y anomalías en los procesos de contratación realizados por las dependencias federales.
Competencia: la gran ausente Los principales obstáculos a la competencia identificados en las compras públicas fueron: *Tanto en el último año de gobierno de Peña Nieto como en el primer año de López Obrador el porcentaje de contratos por adjudicación directa fue mayor al 80%. *El porcentaje del monto adjudicado directamente en 2019, primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue cuatro puntos porcentuales mayor que en 2018, pasó del 35% al 39%.
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*Los procesos de excepción se mantienen como la regla de contratación del Gobierno federal. En 2019, casi uno de cada dos pesos gastados fue mediante adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.
*Las 100 empresas que más recursos recibieron durante 2019 acumularon el 41% de los recursos, mientras que durante el sexenio anterior este porcentaje no rebasaba el 22%.
*66 de las 100 empresas que más recursos concentraron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto dejaron de ganar contratos con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Estas concentraron el 24% de los recursos en 2018, mientras que en el 2019 ese porcentaje bajó a tan solo 2%.
Los riesgos de corrupción en compras públicas no solo están presentes al adjudicar directamente, también es posible dirigir una licitación o un concurso: El uso de requisitos técnicos excesivos en las convocatorias; la eliminación de competencia por errores de presentación y criterios administrativos, fallas no relacionadas con la calidad del bien o servicio; la ambigüedad y subjetividad de los fundamentos legales para realizar una adjudicación directa y así, evitar un concurso.
Es fundamental fomentar la libre competencia en las compras públicas. Cualquier acción que limite la participación de empresas en alguna compra representa un riesgo de corrupción.
México debe contar con un sistema que favorezca la competencia, la eficiencia y la transparencia. Para lograrlo, el IMCO propone: Reducir y limitar los motivos por los cuales es posible exceptuar una licitación pública; generar y publicar de manera oportuna en Compranet los documentos que detallan y justifican una adjudicación directa; establecer un umbral para exceptuar procesos de licitación pública sin importar la justificación legal para realizarla; impulsar la celebración de contratos marco para insumos con compras recurrentes, priorizar los criterios de calidad y precio en la evaluación de las propuestas sobre errores de presentación, habilitar un portal de denuncias en Compranet disponible para todo el público para reportar irregularidades en el proceso o la ausencia de documentación.
Rediseñar Compranet, de tal forma que el Gobierno aproveche los datos para detectar riesgos de corrupción.
IMCO
