Hoy en día cuando hablamos de libertad de expresión y libre prensa, sabemos que hablamos de libertad y derechos ciudadanos, que la libre circulación de las ideas por medios impresos y electrónicos es justo eso: un derecho al cual todos los seres humanos tienen acceso.
La lucha por este derecho inició desde la aparición de la imprenta de tipos móviles de Gutemberg en Europa, pero en México, como en el resto de América Latina, inicia con las luchas por su independencia y es uno de los reclamos y exigencias de los insurgentes. La libertad de imprenta o prensa, como se le llamó entonces, ha sido desde entonces objeto de pugnas y Aguascalientes no escapa de ello.
Para poder contar esta historia es necesario irnos a los primeros años del Aguascalientes independiente, justo entre el fin de la Primera República Federal en 1834 y el establecimiento del orden central, que fue el telón de fondo para que las élites aguascalentenses buscaran la autonomía, justo cuando Zacatecas se levantó en armas contra el sistema centralista y el General Santa Ana derrotó a las milicias cívicas zacatecanas.
Es justo esa época cuando la élite local aprovechó el paso de Santa Ana por la ciudad para convencerle de la autonomía de Aguascalientes, que fue concedida como parte de las sanciones que aplicó el gobierno central contra Zacatecas. Hablamos del 21 de mayo de 1835 cuando el Congreso General le otorgó el título de territorio y un año después, Aguascalientes se convirtió en Departamento.
Los primeros años de independencia de Aguascalientes estuvieron a cargo de García Rojas, pero fueron años de transición y de pocas y claras decisiones políticas. En 1837 llegó al gobierno local Francisco Flores Alatorre, quien gobernó hasta 1841 y que se caracterizó por ser un gobierno conflictivo que causó mucha más división interna que sólo la lucha entre federalistas y centralistas.
El aumento de cobros a los locatarios del Parián, el incremento de impuestos a los productos locales como el mezcal y los aguardientes en general, el cobro en especie a los dueños de estanco de tabaco, son sólo algunos de los ejemplos de las decisiones que tomó el nuevo gobierno y que avivaron más inconformidades, mismas que se vieron expresadas en impresos anónimos y sin pie de imprenta contra el gobierno local y el sistema central.
Esto preocupó a la Junta Departamental y a petición del Ayuntamiento se puso a discusión la búsqueda de soluciones claras respecto a estas actitudes “sediciosas”. Para el gobierno local, de la voz de José María López de Nava, existía un abuso en nombre de la libertad de imprenta y por lo tanto habría que poner límites por parte de las autoridades en nombre de la paz pública, ya que consideraba a los impresos que circulaban como alteradores de la paz social y el orden público, además de disidentes y revolucionarios.
Para López de Nava, quien impulsó un reglamento de imprenta y argumentó en su favor en las discusiones de la Junta Departamental, se había llegado al abuso del uso de la imprenta y que se había convertido en el “receptáculo inmundo” de los sediciosos.
En un amplio discurso, López de Nava se refiere a los propagadores de impresos y sus escritores, como unos “genios díscolos perturbadores de la paz, imprimiendo, y publicando papeles notoriamente escandalosos y subversivos”, incluso llega a llamar a estos escritores e impresores como “altaneros y revoltosos” que sólo provocan el sufrimiento del Supremo Gobierno.
A partir de estas discusiones se llegó finalmente a formular el primer reglamento de imprenta del Departamento de Aguascalientes, que establecía multas de hasta 200 pesos a cualquier persona que publique, circule o fije en espacios públicos, algún impreso o manuscrito en el que se “ventilen especies sobre asuntos públicos, sistema de gobierno actual, materias religiosas, ó que lastimen de algún modo la reputación y decoro de las autoridades, o personas, sin previa licencia por escrito”.
Aprovechando la línea que permitía el nuevo reglamento, se estableció en el mismo la prohibición de “toda reunión clandestina de cinco personas a adelante”, la portación de armas y la denominación y trato de “sediciosos y perturbadores del órden” a todo aquel individuo que recogiera firmas, reuniera gente y diera a conocer sus ideas en público.
Quedó establecido en este reglamento, además, que para el gobierno local, los habitantes del Departamento eran personas sin conocimiento que podían ser fácilmente incautados por estos personajes “sediciosos”.
El reglamento va en contra de impresores y quienes paguen por que se impriman sus ideas y que alteren el orden público. Quienes juzgaban si un impreso era sedicioso se establecía una junta con cien personas “de reconocida reputación”, además de los censores y los jueces.
Este reglamento que era claramente contrario a libertad de imprenta, no hizo más que exacerbar los ánimos, el gobierno fue tomando cada vez más medidas autoritarias que contravenían a las ideas liberales y afectaban los negocios de comerciantes y artesanos.
En mayo de 1838, en una sesión celebrada en el Ayuntamiento de Aguascalientes, un grupo de federalistas manifestó su rechazo al sistema gubernamental del momento, llamaba a la restitución de la Constitución de 1824 y a la reincorporación de Aguascalientes a Zacatecas, horas después, algunos de los que se manifestaron en esta sesión lideraron una revuelta federalista infructuosa que acabó con muchos de ellos en la cárcel y otros perseguidos.
Las políticas autoritarias del gobierno de Aguascalientes provocaron la migración de un gran número de artesanos y comerciantes, ya sea porque eran perseguidos por el gobierno local, o porque buscaban mejores oportunidades para su economía en Zacatecas o Jalisco. Esto provocó que entre 1838 y 1846 no existieran imprentas en Aguascalientes, a excepción de dos, la de Vicente Alonzo de Hinojos y la de Diego Pérez Ortigoza, que apenas duraron hasta 1839.
Fue hasta el gobierno de Felipe Cosío (1846-1848) que se echó a andar la imprenta de gobierno y con ella, se incentivó a la reinstalación de las imprentas privadas.
