El Derecho a Saber implica no sólo informar, sino exponer el por qué, para qué y el cómo de las decisiones políticas, y, sobre todo, responder por las consecuencias que derivan de cada una de ellas
Oscar Guerra Ford, Comisionado del INAI
Estimados Amigos Invisibles, estamos en el mes del Derecho a Saber, Usted no está para saberlo, ni yo para contárselo, justo el día de hoy 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Derecho a Saber, es decir, el derecho de acceso a la información en las administraciones públicas, lo que permite facilitar la rendición de cuentas y la participación ciudadana. El derecho a saber implica dos premisas: la primera que la mayoría de los avances en materia de transparencia han sido de trabajo y persistencia de la ciudadanía cada vez más exigente e interesada en los asuntos públicos -aunque necesitamos más-, y que es necesario que las y los ciudadanos nos involucremos más en exigir información. El Derecho a Saber comienza por nuestro deber de preguntar a las instituciones públicas. Y la segunda, en la cual falta mucho por recorrer, sobre todo, desterrar la opacidad de la información en las instituciones públicas.
Es fundamental que en una democracia las personas puedan acceder a una amplia gama de información, y con ello, participar de una manera real y efectiva en los asuntos públicos que le competen y les afectan. Todas las instituciones públicas manejan un sinfín de información, misma que pertenece al público, motivo por el cual, todos nosotros tenemos derecho a esa información, por la simple razón de ser Pública.
Toda institución pública tiene dos obligaciones: la primera publicar y difundir información sobre el ejercicio del presupuesto y las actividades que están realizando; y la segunda, tienen la obligación de recibir y responder solicitudes de información que la ciudadanía pueda presentar ante una institución, y no solo de responder por hacerlo, sino el público pueda ver los documentos de la información que está solicitando. Recordemos que el Acceso a la Información es un derecho fundamental plasmado en el artículo 6° Constitucional y que lo podemos dividir en dos partes: Activa, la cual se puede considerar como una obligación positiva de las instituciones para proporcionar, publicar y difundir información sobre sus principales actividades, presupuesto y políticas públicas de manera que la ciudadanía pueda saber en qué son empleados los recursos públicos por un lado, y por otro, generar un control sobre el comportamiento de las autoridades políticas. Reactiva, es el derecho de todas las personas en solicitar información a las y los servidores públicos sobre sus actividades, con la obligación de recibir una respuesta.
Para que la ciudadanía se vuelva más activa y participe en los asuntos públicos que nos competen, es necesario estar al tanto de los sucesos políticos en nuestro país y en nuestro Estado. Como ejemplo claro del Derecho a Saber es el Segundo Informe de Gobierno de la Presidencia de la República, después de un sinfín de spots en los que señala que ha sido un hombre palabra por “tantos y tantos compromisos cumplidos” a 24 meses de errores y sin avance económico, financiero, diplomático, mucho menos en salud, -por mencionar algunos temas- por un lado; pero con auge enorme en lo social -por tanto, apoyo que ha dado, sin especificar a qué partida presupuestal se destina- y en inseguridad nacional -por mencionar otros-.
También puede preguntar aquí en el Estado, en donde se presentó el 4º. Informe de Gobierno, y sí, hay mucho por preguntar, y sobre todo por saber, por ejemplo: Qué destino y cómo se ha ejercido el crédito que autorizó el Congreso del Estado al Poder Ejecutivo, cuánto se gastó en medicamentos y suministros para médicos y enfermeras por motivo de la pandemia generada por el virus Covid-19, y un sinfín de preguntas que puede Usted realizar a través de sistema INFOMEX-AGS, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Aquí es donde la ciudadanía debe ejercer la parte Reactiva del derecho a saber, debemos preguntar cuántas, cuáles, dónde, cuándo, etcétera. Es decir, un informe va acompañado de información precisa y puntual de las actividades desarrolladas durante el ejercicio que se reporta. Le invito a que pregunte información precisa y específica a cada Secretaría, a cada dependencia, del ejercicio de los recursos.
Recuerde que, la diferencia entre transparencia y acceso a la información, es que la primera cualquier sujeto obligado tiene el deber y el compromiso de cumplir con el derecho de la máxima publicidad de la información en sus portales y generar la cultura de la proactividad, en cambio; el segundo concepto es más especializado en el cual se requiere un procedimiento para solicitar información a cualquier sujeto obligado que reciba recursos públicos, llamadas “solicitudes de información”. El derecho a la información muestra siempre dos caras:
- La publicidad (o transparencia) de la información y;
- La privacidad (opacidad de la información de los particulares expresada como “confidencialidad”
Como lo ha señalado el Comisionado del INAI Oscar Guerra Ford: “Los alcances del derecho a saber son muy amplios e implican una serie de condiciones materiales y tecnológicas para que las personas puedan encontrar información sobre cualquier temática en la que estén interesadas, por ejemplo: salud, trabajo, educación, justicia y medio ambiente entre otros temas. En ese sentido, todos los que pertenecemos a una institución u organismo gubernamental, y aún quienes reciben recursos del Estado, sean personas físicas o morales, tenemos un compromiso con la observancia de este derecho y estamos obligados a cumplir el contexto de sus implicaciones”.
Vendrá pues el análisis de los Informes y la pasarela de Secretarios de Estado en el Congreso de la Unión, y lo local, en el Congreso del Estado. Espero que los Diputados de las actuales Legislaturas -Federal y Local- puedan hacer preguntas precisas, para saber el estado que guarda cada una de las carteras del Gabinete Nacional y Local, con ello, informen a la ciudadanía el porqué de las decisiones tomadas.
Es necesario generar un sistema de incentivos en el que se desarrolle la vida pública, y atendiendo la máxima publicidad de todos los actos y decisiones del gobierno deberían contribuir a construir una ciudadanía que se interese en la manera que sus representantes conducen el Estado, misma que exige eficiencia y honestidad en el ejercicio de los recursos públicos. Aunado con la demanda de la Rendición de Cuentas para que su voz sea tomada en cuenta no solo en las urnas, sino también en la solución de los problemas públicos.
Ejerza su derecho a saber a través de solicitudes de acceso a la información a todas las instituciones Nacionales o Locales, hágalo valer.
Ya sabe, alguien lo tiene que decir. Para no dejar que unos lo hagan y otros lo permitamos.
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