La crítica a los legisladores siempre ha sido una constante en este país, en todas las encuestas son los peor evaluados, no tanto como personas sino como ente corporativo. Los escándalos de corrupción y de falta de capacidad técnica son el pan nuestro desde hace varios años: a unos los acusan de recibir maletas de dinero, a otros de plegarse sin voluntad a la decisión presidencial (las maletas de dinero saldrán en el futuro) pero todos tienen el mismo problema: no legislan para un país, sino para los intereses, en el bueno y el mal sentido, de partido y de personas.
Nuestro Congreso local no es la excepción y se ha llevado duros reveses en la Suprema Corte de Justicia que ha revocado, y revocará seguramente, muchos decretos de las diversas legislaturas, incluso el máximo tribunal ha llamado la atención fuertemente y en repetidas ocasiones por la pésima técnica legislativa, por la reiterada violación de derechos humanos. Y es que, los legisladores siguen considerando que son los “representantes del pueblo” que son, usando ese lenguaje tan arcaico de los setentas del siglo pasado (que tanto le gusta el ejecutivo federal), la soberanía del pueblo y que por ende sus decisiones son inatacables.
Sí y no. Sí, nuestra democracia es participativa y por ello los diputados son los representantes de la población del país y en ese sentido es que integran el Congreso de la Unión y los locales. No, porque la idea de las decisiones inatacables ha sido menguada en el transcurso de los años: por ejemplo, la fórmula otero que impedía anular leyes de forma general, ha cambiado con la nueva ley de amparo de 2013, pues con la declaratoria de inconstitucionalidad, se atenúa esta idea de que el legislador es todo poderoso y no se equivoca.
La ley de amparo, pero principalmente su interpretación, de igual forma ha ido minando los cotos de poder de las decisiones de los legislativos que eran inatacables mediante este juicio, y si bien se mantiene aún como una causal de improcedencia el nombramiento soberano o discrecional de funcionarios, la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación ha abierto la puerta para, en caso de vicios procesales, poder destruir o atacar esta clase de actos que, a la luz de los oscuros intereses políticos, son funestos para el desarrollo de la cosa pública.
La democracia, está claro, es más que el voto y se compone de diversos mecanismos que tienen por principal objetivo consolidar los derechos humanos. En este sentido, y ante la pésima capacidad legislativa de los representantes populares, desde hace año que hemos ido menguando su facultad al menos para los aspectos de mayor complejidad técnica: se han creado organismos que podríamos denominar para-legislativos que se encargan de regular aspectos que no queremos dejar en las manos inexpertas de personas que llegaron por la vox populi: sí, la voz del pueblo se equivoca, y mucho.
Estos entes para-legislativos van más allá de una simple facultad reglamentaria, si bien existe el prurito de que no pueden estar por encima de la ley, de facto sus reglamentos son auténticas normas con alcances que si bien no contradicen la ley, sí rebasan por mucho su configuración inicial. Así, muchas de las materias, principalmente gubernamental, se entienden y llevan a la práctica no tanto por su ley sino por sus acuerdos, reglamentos, lineamientos, misceláneas y cualquier otro nombre que se les quiera dar.
Ejemplo de estas asambleas legislativas tecnificadas hay muchos: Consejo Nacional de Armonización Contable; Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; Consejo del Instituto Nacional Electoral; Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Todos ellos, emiten normatividad compleja, amplia y que desenvuelve mucho mejor las leyes emitidas por los legislativos.
Soy de la idea de que la principal función de los legisladores debería de ser política, dejar de medirlos por el número de iniciativas (esto solo provoca una inflación de leyes que no sirven para nada) y continuar ampliando los organismos especializados con facultades materialmente legislativas que hagan de las leyes, instrumentos de aplicación práctica para lograr el único objetivo de una democracia occidental: el auténtico ejercicio de los derechos humanos.
