En el segundo y último día de actividades del foro “Rumbo al Paquete Económico 2010”, representantes del sector productivo, de los gobiernos estatal y municipal y algunos legisladores se reunieron para exponer sus argumentos en torno a la derogación del impuesto sobre la nómina (ISN), siendo el resultado dos posturas.
Por un lado, el secretario de la Confederación Obrera Mexicana (CROM) en Aguascalientes, Jesús Enrique Ramírez, se pronunció a favor de que en el Congreso “apoye a los empresarios derogando el ISN”, toda vez que les incrementa costos, dificultando la generación de empleos.
De manera similar opinó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del estado (CCEA), Felipe González Ramírez, quien consideró al gravamen nocivo para la atracción de inversiones y comparó la situación de México con la de países que han reducido la carga tributaria a fin de generar empleo.
Afirmó que Aguascalientes tiene de por sí “un rezago en infraestructura productiva”, como parques industriales y centros de convenciones, perdiendo grandes inversiones ante estados como San Luis Potosí y Zacatecas; por ello, expresó que “propongo que se analice la suspensión del impuesto sobre la nómina”, ofreciendo como razón adicional por no haberse utilizado en los proyectos que fueron planteados en su creación: distrito financiero, distrito de riego 01, centro de convenciones, parque multimodal y mega parque industrial”.
González Ramírez criticó también que los recursos del FIADE no sirvan para el objetivo que se plantearon, pues aseguró que “no han generado proyectos altamente detonadores de empleo” y que el ISN “castiga” a quienes generan el empleo.
La segunda postura fue la exigencia de mayor transparencia de lo recaudado por esta vía, petición fue apoyada por el titular de desarrollo económico municipal, Gustavo Granados Corzo, así como por el economista José Luis Gutiérrez Lozano y la diputada Nora Ruvalcaba, entre otros.
El primero comentó que el esquema de recaudación de México no está funcionando y planteó que para revertirlo, debería ampliarse la base de contribuyentes o exentar de impuestos particularmente a las empresas en Aguascalientes, todo con la finalidad de redistribuir el cobro para tener una clase media productiva más amplia.
Asimismo, citó estudios estadísticos de diversas fuentes según los cuales en la falta de competitividad influye la tramitología y otros hechos, además de afirmar que el alza a los impuestos se refleja en la disminución del Producto Interno Bruto (PIB).
Consideró que debe asegurarse que “el sistema contributivo no va a estar cambiando constantemente en lo sustantivo” para dar certidumbre y poder planear a largo plazo a favor del empresariado generador de empleo; también, que debe tenerse un sistema de administrativo que permita una contribución más ágil, clara y eficiente y, destacó, transparentar el destino de esos impuestos.
De igual forma, apuntó que estos recursos tienen que canalizarse a proyectos “estratégicos, de gran envergadura”, a través de un fondo de financiamiento correctamente regulado.
José Luis Gutiérrez Lozano señaló que una adecuada recaudación es la que retribuye en similar medida a la sociedad, con lo que la economía se equilibra y sostuvo que deben bajarse los impuestos.
Enunció cinco características que debe tener un impuesto: eficiencia para la economía, sencillez para su cobro, flexibilidad ante los cambios del panorama económico, responsabilidad política de transparentar el destino de los recursos obtenidos mediante la recaudación y justicia, en el sentido de que paguen todos de que paguen igual todos, en la medida que les corresponda pagar.
En ese sentido, expresó que el ISN no cumple con ello, pues “el empleado no sabe cuánto paga” y el patrón desconoce para qué lo pago, además de considerar que no es un impuesto como tal porque está destinado a algo en específico y por ello no debe administrarse en un fideicomiso.
Sugirió que “si se va a mantener una cuota para poder financiar proyectos de desarrollo”, que el fideicomiso se convierta en un fondo que pueda ser regulado por las leyes de instituciones de préstamos, al considerar que aproximadamente genera 300 millones de pesos al año y con esto, cobrarlo como cuota a empresas que no tributan al interior del estado.
Por su parte, el titular de la Confederación Patronal Mexicana (COPARMEX) en la entidad, Manuel Cadena Cruz, coincidió en que más que una eliminación o reducción del impuesto, aunque vio que se trata de un tema más complejo que involucra, además de este impuesto, los apoyos gubernamentales, “seguridad óptima”, salud y otros servicios.
Dijo que “es más de honestidad y de transparencia, que de habilidad para administrar los recursos” y refirió que al haber “un pacto” entre diputados federales y empresariado, los representantes próximamente tendrán que decir “qué vieron” para votar por una ley de ingresos como la que aprobaron el martes.
Se pronunció por establecer un punto intermedio entre “cero impuestos” y “cien por ciento de impuestos”, viéndolos necesarios porque que “infraestructura, seguridad, vías de comunicación, clima laboral adecuado, financiamiento, apoyo y empuje” son lo que genera desarrollo económico y subrayó que la reforma que se requiere debe ser a nivel país.
El secretario de desarrollo económico estatal, Armando Jiménez San Vicente, defendió la existencia del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico (FIADE) asegurando que las administraciones estatal y municipal contribuyen con 40 por ciento del ISN, seguidos de las grandes empresas y dejando sólo un 20 por ciento a las PYMES, al tiempo que ha servido para “el financiamiento barato” a empresas de Aguascalientes y cinco “megaproyectos”, refutando que no se hayan iniciado los mencionados por el presidente del CCEA.
Antes clausurar Nora Ruvalcaba y el secretario de la diputación permanente, Edgar Bussón Carrillo, cuestionaron la aprobación por parte del respectivo comité de los recursos del FIADE con que se han financiado dichos proyectos y que, si bien es cierto que los gobiernos son los mayores contribuyentes por ISN, sus recursos son públicos y no de riesgo propio como es el caso de los empresarios.
