- El instituto que dirige Zoé Robledo repartió adjudicaciones directas millonarias a compañías sin experiencia en el ramo de la salud, lo cual contraviene la ley. Empresas ligadas al Bronco y a panistas de Puebla obtuvieron parte del pastel
EMEEQUIS /Alejandra Crail
Llegó el coronavirus y con él una oportunidad de negocio. La venta de cubrebocas, overoles, goggles, mascarillas N95 y KN95, batas quirúrgicas, material de curación, guantes y gel antiséptico se disparó en el país y fue así que empresas que nunca antes habían vendido equipo médico al gobierno federal incursionaron en el mercado.
De acuerdo con información obtenida por EMEEQUIS, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que dirige Zoé Robledo Aburto, otorgó 57 contratos a 44 empresas para adquirir material de protección para garantizar la seguridad del personal médico durante los primeros seis meses de la pandemia en México.
La información recabada –vía transparencia– revela que el Instituto hizo una inversión total de 4 mil 800 millones de pesos en la primera etapa de la emergencia sanitaria.
Sin embargo, el 84.5% de estos recursos (4,077 millones), fue entregado a empresas con giros ajenos a la salud, con nexos con políticos de diversos estados o con inexperiencia como contratistas del gobierno federal.
Todos los contratos fueron otorgados de forma exprés, por medio de adjudicaciones directas.
Nexos con Moreno Valle y el Bronco
Aparece, por ejemplo, la empresa Telecomunicaciones y Servicios del Norte S.A. de C.V. (TSN), que nació en Monterrey, Nuevo León, en el año 1999, y que está ligada al actual gobernador del estado, el independiente Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco.
Especializada en equipos de telecomunicación y en venta de automóviles, había acumulado contratos de millones de pesos en las últimas dos décadas con gobiernos estatales –principalmente el de Nuevo León– por la venta de vehículos, equipos de comunicaciones y telefonía.
Sin embargo, se estrenó este 2020 con dos contratos con el IMSS por la venta de goggles antiempañantes y caretas protectoras, por un total de 142 millones de pesos.
Imagen telecomunicaciones y servicios
Esta empresa tiene como accionistas a Orfelinda González Elizondo y Jesús Mario Salazar Saenz. La primera, es la madre Eduardo Vázquez González, empresario tamaulipeco y representante de la empresa, mientras que del segundo accionista no hay registro consultable.
Aparece, sin embargo, un tercer personaje como representante legal: Alejandro Homero Guerra Monroy, quien fuera el secretario particular del primer procurador de Justicia del Bronco, Roberto Carlos Flores Treviño.
Una historia similar a la de la empresa AP Medical Solutions, S.A. de C.V. que tiene entre sus accionistas a Armando Prida Noriega, hijo de Armando Prida Huerta, empresario dueño de la Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. que edita el periódico Síntesis de Puebla. Ambos contratistas favoritos del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.
Los registros del IMSS muestran que esta empresa –que no figura como proveedora de ninguna dependencia federal en años anteriores–, con la llegada del Covid-19, se embolsó 140 millones 800 mil pesos por la venta de un millón 600 mil batas con puños ajustables de polipropileno.
Con este contrato, Prida Noriega abrió cancha, por primera vez, con el IMSS, pues aunque se dio de alta ante el Registro Público del Comercio (RPC) en 2015, hasta este año no había registrado contratos con el Gobierno Federal.
Prida Huerta, por medio de su periódico estatal, difundió publicidad en favor de Moreno Valle cuando éste aspiraba a la gubernatura, mientras que su hijo Prida Noriega sumó contratos de obra pública durante su administración y la de su sucesor, Antonio Gali.
Por medio de la empresa AyPP Constructores, S.A. de C.V. desarrolló proyectos emblemáticos de la administración del panista que falleció en 2018 en un accidente aéreo.
Entre ellos, el teleférico, la rueda de observación conocida como Estrella de Puebla, la restructuración de la exfábrica La Constancia, este último pagado en 65 millones de pesos, y el Hospital General de Teziutlán, por el que el estado le pagó 206 millones, según reportes periodísticos locales.
Contratos exprés para solventar la pandemia
En mayo pasado, EMEEQUIS reportó que el 80% de los contratos que había otorgado el IMSS hasta ese entonces los había dado por adjudicación directa, aprovechando el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador del 27 de marzo, en donde se declaraban “acciones extraordinarias” en materia de salubridad para combatir el SARS-CoV2.
Este decreto aprobaba compras de equipo médico, productos higiénicos, material quirúrgico, entre otros, por medio de adjudicaciones directas y sin la necesidad de establecer un límite en los recursos públicos otorgados a través de contratos.
La misma línea se ha seguido desde entonces. La información obtenida vía transparencia muestra que todas las compras de equipo de protección personal para médicos y enfermeras que combaten la Covid se otorgaron por esta vía.
Más del 80% de las compras, que suman 4 mil 800 millones de pesos en total, se concentraron en 19 empresas, que obtuvieron contratos de entre 100 y 500 millones de pesos y éstas, en su mayoría, no habían tenido contratos con dependencias federales o en el campo de la salud.
Esto, ha explicado Pablo Montes, coordinador anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), representa una falta a la ley por parte de los servidores públicos que les han contratado, al no revisar la experiencia de la empresa y su giro con la finalidad de garantizar que pueda proveer el servicio y que éste tenga la calidad buscada.
“Ver que los contratos se le dan a una empresa que no tiene un pasado comercial con el gobierno, que su giro comercial no está relacionado a los contratos que se están dando, pudiera afectar, en estos momentos, la vida de las personas y la atención y seguridad que pueden recibir médicos y médicas”, aseguró.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su Artículo 40, marca que en toda adjudicación directa se debe elegir proveedores que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, recursos técnicos, financieros y demás que garanticen el buen cumplimiento del contrato, además de que deberán ser aquellos “cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse”.
El marco legal también establece que este procedimiento deberá estar acompañado de una investigación de mercado, que haya servido para orientar la decisión y al menos tres cotizaciones previas al contrato para elegir al mejor candidato.
De call centers y constructoras a distribuidoras Covid
La empresa Servicios de Personal del Estado de México, S.A. de C.V. de los accionistas Juan de Dios Santillán de la Vega, Luis Almeida Velázquez y Ricardo Lara González, nació en 2004 en Naucalpan, Estado de México y, aunque en su objeto social establece la posibilidad de importar y exportar productos de uso médico, nunca antes se había dedicado a ello.
Había, por ejemplo, obtenido un contrato de 10 millones de pesos del partido político Morena en 2019 para dar el servicio de call center para la atención de llamadas a nivel nacional para fines partidistas, firmado por Rosario Alejandro Esquer Verdugo, quien fungía como secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional.
Antes, curiosamente, la empresa había registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) la marca “Banco del Bienestar”, quitándole al gobierno de López Obrador la posibilidad de nombrar así al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), como había sugerido el presidente, según informó el periodista Enrique Hernández.
Pero este año, en medio de una emergencia sanitaria, decidió probar suerte y le favoreció: obtuvo tres contratos para la compra de batas quirúrgicas por un total de 180 millones de pesos.
Imagen servicios de personal Estado MX
A la par, el 24 de marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que lidera Marcelo Ebrard, la contrataba para dar el servicio de centros de contacto para la concertación de citas y proporcionar informes relacionados con la obtención de pasaportes, por un total de 29 millones de pesos.
En la lista aparecen también la empresa Mármoles Arca, S.A.P.I. de C.V., que vendió mascarillas KN95 y goggles antiempañantes por medio de tres contratos que suman poco más de 588 millones de pesos, así como Vilcorp, S. de R.L. de C.V. de los hermanos Rodrigo, Santiago y Jorge Viesca Lebrija, cuyo giro, dicho en LinkedIN por Santiago, director comercial, es la comercialización y distribución de sistemas de lonas retráctiles.
Esta empresa que tampoco aparece como contratista en años anteriores se adjudicó 350 millones de pesos por la venta de respiradores N95, uso hospitalario.
Green Robot Tecnologías, con ubicación en la Ciudad de México, es una empresa especializada en importaciones. Los registros muestran que ha traído al país vajillas, plásticos, resortes, ballestas y hojas de hierro o acero, aluminio y cuchillos, pero hasta este 2020, no había importado nada relacionado con equipo médico.
Sin embargo, la empresa, que ha tenido contratos con el Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, y el Estado de México para la elaboración y puesta en marcha de programas ambientales, dotar de infraestructura para el manejo integral de residuos y la venta de contenedores ecológicos se adjudicó un contrato de 188 millones de pesos por la venta de overoles de protección personal.
Entre los más favorecidos aparece Laboratorios Vanquish, que en su acta constitutiva no tiene establecido un giro, pero que tiene entre los socios a Manuel Radamés Torres Velasco, un viejo contratista del gobierno de Veracruz. En 2009, le rentaba aeronaves al gobernador priísta Fidel Herrera, por medio de la empresa Aeroval Aircfraft Services, S.A. de C.V. Esta empresa obtuvo un contrato por 500 millones de pesos en mascarillas KN95.
Imagen laboratorios Vanquish
Así como la empresa GVS Filter Technology de México, que se registró apenas en marzo de 2019, una filial de la empresa española del mismo nombre, que se estrenó en la era Covid como contratista federal.
Un par más fueron unas de las contratistas favoritas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Gerardo Ruiz Esparza entre 2014 y 2015, cuando el gobierno federal decretó la transición del país a la televisión digital. Comarket, S.A. de C.V. le vendió 606 millones de pesos en televisiones digitales a la SCT, mientras que Comercializadora Milenio se llevó en el sexenio de Peña Nieto más de 13 mil millones de pesos en este rubro.
En total, el IMSS repartió más de 4 mil millones en diversas empresas, muchas de ellas con giros ajenos al mercado de la salud o sin experiencia como contratistas, por medio de adjudicaciones directas, en medio de la emergencia sanitaria.
@AleCrail
