- Mientras el país contaba en el primer semestre del año a los muertos por coronavirus, cientos de matanzas enlutaban al país con poca atención mediática
- Un estudio revela cuáles fueron esos multihomicidios que no vimos
EMEEQUIS/Oscar Balderas
Cuando el sol del 7 de junio iluminó el ejido Tres Bocas, en Huimanguillo, Tabasco, los habitantes que salieron de sus casas al amanecer pudieron ver una patrulla de la policía municipal, la 188, extrañamente estacionada a la mitad de un cruce de un camino rural, con las llantas ponchadas sobre lodo y sangre escurriendo por la carrocería y la defensa.
En el interior estaba el cuerpo del policía Adrián N., mientras que en la batea estaban apilados los cadáveres de Abenamar N., Rubicel N. y Marco Antonio N. Los cuatro agentes –se sabría después– llevaban 17 horas desaparecidos, luego de enfrentarse a tiros con un comando armado que los secuestró y se los llevó en la patrulla desde una zona conocida como Pejelagartero. Todos habían sido torturados y sus cuerpos abandonados como un mensaje de terror para quienes quisieran denunciar a los que roban combustible en el estado.
El hallazgo de sus restos ocurrió a una hora en automóvil de la casa donde nació el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, al mismo tiempo del descubrimiento, despertaba en Sayula, Veracruz, a donde había para dar el banderazo de salida para la rehabilitación de una vía del tren en el Istmo.
Mientras el presidente hablaba de progreso y de la salida de la crisis, un primer grupo de peritos de la fiscalía tabasqueña metía en bolsas los cuerpos de los cuatro agentes masacrados y un segundo grupo levantaba los restos de tres asesinados más en Tabasco, ahora en Villahermosa, dentro de una casa en la colonia Las Gaviotas.
Al día siguiente, ningún medio nacional publicó en sus primeras planas el multihomicidio de Tres Bocas. Tampoco la masacre de Las Gaviotas. La mayoría de los medios se enfocó en el presidente, en la oposición, en la caída económica y en los entonces 14 mil 53 muertos por el nuevo coronavirus.
La pandemia, una vez más, no dejaba ver a la que alguna vez fue la más reciente masacre del 2020.
Hay cuerpos que nadie quiere recoger
El 30 de junio, en el último día de la primera mitad del año de la pandemia, ocho indígenas fueron masacrados en la paupérrima comunidad de San Vicente Amole en Copanatoyac, Guerrero.
La historia que contó el comisario de la región, Jorge García, a las autoridades que no se atrevían a entrar hasta esa zona montañosa en el este de Guerrero para recoger los ocho cuerpos baleados es que unos 20 tekuanis se habían organizado para buscar juntos a las vacas que se les habían extraviado en el monte. Al llegar a la parte alta de San Vicente Amole, los sicarios de un grupo criminal les dispararon para impedir su paso hasta una zona donde hay casas de seguridad y mataron a sus vecinos, entre ellos un adolescente de 15 años.
Con esa masacre el país daba por terminado el primer semestre del año, enfocado en las últimas cifras de muertes que dejaba la covid19: para entonces había 27 mil 768 defunciones y poco más de 226 mil casos positivos oficialmente.
Doble conteo
Sin embargo, otro conteo se llevaba en la organización civil Causa en Común, especializada en seguridad pública: mientras el gobierno y los medios medían obsesivamente fallecimientos naturales, neumonías atípicas, contagios y recuperados, un equipo de expertos contaba los crímenes atroces cometidos en la primera mitad de 2020 que, en su mayoría, dejamos de ver por atender la crisis sanitaria.
Esa organización que preside la activista María Elena Morera definió en el estudio “Galería del Horror” a un acto atroz como el uso intencional de la fuerza física o poder para causar maltrato, desfiguración extrema o destrucción del cuerpo, para causar la muerte de un alto número de personas o para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político.
Gracias a notas periodísticas, principalmente de medios locales, es que los autores de dicho estudio hallaron que entre enero y junio de este año hubo, al menos, 2 mil 124 “atrocidades” a nivel nacional, desde asesinatos a personas con discapacidad y linchamientos hasta el homicidio de menores de edad y la profanación de cadáveres.
Y en esa lista están las masacres, es decir, el asesinato de tres o más personas en un mismo acto: en apenas la primera mitad de 2020 hubo 368. Es decir, una masacre cada medio día.
Los muertos al garete
Algunas de esas masacres registradas en el estudio “Galería del Horror” sí tuvieron una cobertura mediática a nivel nacional. Son pocas, pero llegaron hasta los espacios más vistosos de los medios ya sea por el número de víctimas –como los 14 cuerpos arrojados el 26 de junio sobre la carretera federal en Fresnillo, Zacatecas– o por la violencia y la edad de los asesinados –por ejemplo, los dos niños de tres y cuatro años muertos a tiros, junto con tres familiares más, el 3 de abril en Papantla, Veracruz.
Pero la mayoría de estos multihomicidios quedaron relegados a medios pequeños o páginas interiores de nota roja. En algunos casos, se ubicaron en las secciones en donde se cuentan los hechos anecdóticos de regiones adormecidas por la violencia.
Ahí está, por ejemplo, el caso de las siete personas asesinadas en un depósito de cerveza en Reynosa, Tamaulipas, el 30 de marzo, 22 días después de que la Organización Mundial de la Salud declaró al nuevo coronavirus como pandemia. O las cuatro personas –un menor de edad incluido– ultimadas en una vivienda popular el 28 de mayo en Villagrán, Guanajuato. O los cuatro hombres rafagueados y cuyos cadáveres fueron descubiertos el 25 de abril en una camioneta en Chapala, Jalisco.
Otras masacres ni siquiera llegaron a eso, quedándose sin registro en la prensa y, por ende, fuera del conteo de la organización civil Causa en Común.
Guanajuato, número uno en masacres
La investigadora Belem Barrera, coautora del estudio, identificó que Guanajuato fue la entidad que durante el primer semestre de 2020 encabezó el conteo de esas 368 masacres: 105 de esas matanzas ocurrieron en el estado que gobierna el panista Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Santa Rosa de Lima libran una cruenta batalla por el control del robo de hidrocarburos, la venta de drogas y el mercado negro de la extorsión, principalmente.
En Guanajuato, la violencia se hizo tan cotidiana que hizo un círculo completo, empezando mal el primer semestre del año con un multihomicidio y cerrándose con una masacre: el 1 de enero de 2020 tres personas –dos hombres y una mujer– fueron asesinadas afuera de una refaccionaria en el municipio de Salvatierra. Y el 29 de junio, a horas de concluir la primera mitad del año, un comando armado ejecutó a tres policías en Silao.
“Algo que ejemplifica este estudio es que las atrocidades no solo son cometidas por grupos de delincuentes contra delincuentes. Estos actos crueles son cometidos por mexicanos contra mexicanos. Hemos detectado actos atroces en las familias, en las comunidades”, dijo la investigadora Belem Barrera.
Los coautores del estudio admitieron que es difícil contrastar estas cifras con las de años anteriores o incluso sexenios anteriores, dado que “actos atroces” o “matanzas” no son tipos penales establecidos en las leyes mexicanas, sino que fueron categorías que se crearon para este trabajo hemerográfico de la organización Causa en Común.
Sin embargo, no descartan que estas sean cifras históricas para México que dejó atrás al 2019 como el año más violento en su historia con más de 34 mil homicidios dolosos y que en 2020 alcanzó un nuevo récord de dolor al sumar un pico inédito de 117 asesinatos en 24 horas el pasado 7 de junio.
Todo esto, mientras la pandemia también llenaba las morgues del país.
Sin justicia para las víctimas
Los hallaron en el patio de su casa. Dicen que se podían ver sus cuerpos desde la calle, por un orificio que se había abierto en los muros de ladrillo de aquella construcción precaria en el barrio Moctezuma del municipio de Purépero, Michoacán.
Ahí estaban Janeth N., Kimberly N., Juan Manuel N. y una mujer a la que nadie en la colonia El Llanito pudo identificar. Los cuatro colgaban de un árbol que resistía su peso bajo el calor abrasante del mediodía del 25 de junio pasado.
A la Fiscalía de Michoacán no le tomó tiempo descartar un suicidio: todas las víctimas tenían los ojos vendados y las manos amarradas a la espalda. Quien los asesinó se tomó el tiempo de cargar uno por uno y dejarlos suspendidos de las ramas, contaron los peritos.
Eso fue todo lo que concluyeron las autoridades: de esa masacre, como muchas otras, hoy no hay culpables. Solo una mención en la prensa y un registro en las atrocidades del país durante el primer año de 2020.
@oscarbalmen
