Proyecto Chapultepec: En lugar de despojo, un gran debate - LJA Aguascalientes
23/11/2024

APRO/Judith Amador

 

Así como el proyecto Tren Maya, la creación del ­Complejo Cultural del Bosque de Chapultepec va porque va.

Se trata de una “orden presidencial”, un proyecto depredador por su impacto ecológico, ilegal y violatorio de la Ley Ambiental y de Protección a la Tierra del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y de los derechos ciudadanos, que contraviene el principio de la planeación participativa.

Así lo describen el sociólogo Pablo ­Gaytán, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X) y el abogado Víctor Juárez, cofundadores del Frente Ciudadano por la Defensa y Mejora del Bosque de Chapultepec, con el escritor y ecologista Eduardo V. Farah y Sergio González, miembros de Plataforma Vecinal y Observatorio de la colonia Juárez, entre otros activistas y vecinos del bosque.

Los integrantes se unieron también para cuestionar, en su momento, la construcción de la Línea 7 del Metrobús en Paseo de la Reforma, y de los Cetram (Centro de Transferencia Modal) en las afueras del Metro Chapultepec, que contemplaba una megatorre, así como del parque Líbano, ubicado en Polanco, frente al Auditorio Nacional.

Videasta y colaborador en diversas publicaciones, Gaytán explica vía telefónica a Proceso que el proyecto no se ha abierto a la planeación participativa pues es una iniciativa presidencial, “una orden” de Andrés Manuel López Obrador y una “iniciativa unipersonal” de su director ejecutivo, el artista Gabriel Orozco.

La primera etapa del plan global consiste en la construcción de una “calzada flotante” para unir la segunda sección del bosque con el Complejo Cultural Los Pinos. Gaytán indica que la obra ya fue licitada a la empresa Fredel Ingeniería y Arquitectura, S.A. de C.V., cuya propiedad atribuye al exdelegado en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo.

Fredel obtuvo la obra de 310 metros de largo por 12 de ancho, con una propuesta presupuestal de 187 millones de pesos. Según el periódico Reforma, quedan pendientes dos obras más con un costo de 759 millones y los estudios previos para el resto del proyecto, 263 millones.


El presupuesto aprobado para este 2020 al complejo es de mil 668 millones de pesos. En febrero pasado, entrevistado por Proceso en su casa, Orozco describió que el “titánico” proyecto –que abarca 800 hectáreas y podría llegar a costar 10 mil millones de pesos en total al final del sexenio– unirá las cuatro secciones del bosque con igual número de puentes, a cargo del arquitecto Benjamín Romano (autor de la torre Reforma, considerada uno de los mejores rascacielos del mundo).

Orozco mencionó también la creación de un centro de cultura ambiental que estará unido al Museo de Historia Natural, al Lago Menor y un estacionamiento, que se transformaría en centro de exposiciones, así como “un posible jardín botánico”. Además de un espacio para la “expresión de nuestro mundo contemporáneo”, al cual no quiso llamar de arte contemporáneo para no dar pie a que se diga “que es mi museo, y no es mi museo, es para todos”. Sería a la manera de un kunsthalle (sala o galería de arte) o al estilo del Palais de Tokio en París, Francia, que cuenta con un pabellón para jóvenes artistas.

Gaytán afirma que el Frente Ciudadano pretende encaminar su trabajo en las cuestiones legales, culturales y ecológicas del proyecto. Destaca que el bosque es uno de los últimos “pulmones” que brinda oxígeno a la Ciudad de México y hay una serie de variedades arbóreas que están en peligro. Preocupa al frente que Orozco plantee convertir el Jardín Botánico, ubicado entre el Museo de Arte Moderno (MAM) y el Lago Mayor, en el pabellón de arte.

Y es que, subraya, Chapultepec ya tiene bastante infraestructura: el propio MAM, los museos de Historia Natural, el del Niño, los nacionales de Historia y de Antropología (por citar sólo algunos); a este, ejemplifica, bien podrían dedicarse parte de los recursos para arreglar las goteras que, por falta de mantenimiento, existen desde hace tiempo, como se ha denunciado en los medios reiteradamente. Pregunta con qué criterio se considera la necesidad de dos pabellones o espacios más, que bien podrían estar en Azcapotzalco, en el Bosque de Aragón o en la alcaldía Tlalpan:

“Están contraviniendo el principio de la planeación participativa que plantea la propia Secretaría de Cultura (SC). En ningún momento se ha consultado a la ciudadanía, a los vecinos y a los usuarios (15 millones al año) cuáles son nuestros deseos frente al bosque. Cómo podemos participar en un diagnóstico. De hecho no hay diagnóstico, si lo hay no lo han dado a conocer.”

Subraya que el proyecto es decisión del presidente y hace retroceder en décadas las políticas culturales. Le resulta ofensivo para la comunidad artística y cultural por el presupuesto que, “de manera opaca”, se está otorgando al proyecto de un solo artista, cuando hay escasez de recursos para la cultura tanto en el ámbito federal como en la Ciudad de México. Ya no se diga en las entidades del país, donde considera que la crisis por la pandemia será peor.

Recuerda que, incluso, varios colectivos de artistas –como el Frente Pro Museos– han solicitado a través de cartas a López Obrador, transfiera los recursos del Complejo Chapultepec para museos, creadores e iniciativas autogestivas, a fin de que puedan superar la crisis económica derivada de la pandemia por el Covid-19.

Ve una incongruencia entre el proyecto “personal” de Orozco, en una época en la cual “habíamos superado los egos o el personalismo artístico del creador individual del siglo XX, que ya no debería existir”, con el Programa Sectorial de Cultura que quiere acercar las expresiones a la gente, disminuir la distancia entre su ubicación y las actividades culturales:

“Hoy lo que necesitamos son artistas colectivos, con capacidad de descentralizar los proyectos y la infraestructura. No que los pobres o marginados vayan a Chapultepec, donde sigue concentrándose todo, sino que la oferta cultural llegue a las colonias y barrios populares.”

Como ejemplo menciona la casa en Tlalpan que perteneció al general Arturo Durazo Moreno, entonces jefe de la policía, “producto del despojo de 10 hectáreas en la zona del Ajusco”. Reparando las instalaciones, convertirla en un gran centro cultural para los pueblos y habitantes del sur de la Ciudad de México, “tendría un gran impacto y contribuiría a la descentralización”.


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