- La Oficialía Mayor del gobierno de Baja California compró sopas Maruchan para alimentar detenidos. Un alimento de bajo valor nutricional, alto en sodio y no recomendado para su consumo, además de violatorio a sus derechos
EMEEQUIS/Alejandra Crail
De supuestos sabores a camarón, pollo, res, queso o carne asada. En diversas presentaciones: camarón con limón (y habanero), con chile piquín; pollo asado, picante o con tomate. Todo en un vaso de un unicel: 64 gramos de alimento alto en sodio.
Una sopa Maruchan es, para la Fiscalía General del estado de Baja California, el alimento ideal para las personas que detienen por presuntamente haber cometido un delito de fuero común.
El gobierno de Baja California, encabezado por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, invirtió poco más de 105 mil pesos en sopas maruchan en julio de este año.
De acuerdo con los registros de compra de la Oficialía Mayor del estado, consultados por EMEEQUIS, la dependencia compró 11 mil 95 vasos de sopa de 64 gramos, sabores variables, con la finalidad de alimentar a quienes están por enfrentar un proceso penal.
Una tarjeta informativa entregada a esta revista digital por parte de la dependencia revela que el 6 de julio pasado, la Fiscalía General del estado, a cargo de Juan Guillermo Ruiz Hernández, solicitó a la Oficialía Mayor del gobierno “insumos alimenticios requeridos para cubrir la alimentación de las personas detenidas por los elementos de la Fiscalía en los diferentes municipios del estado”.
En el mismo documento, se especifica que las sopas servirán para alimentar a las personas que están a disposición de la autoridad durante las primeras 48 horas.
Las sopas Maruchan son, sin embargo, un producto de bajo valor nutrimental y alto en sodio, no recomendadas para el consumo y, de acuerdo con especialistas consultados, si son considerados como la base de la alimentación de las personas privadas de su libertad, son una violación a los derechos más básicos de las personas que están en esta situación.
Las Maruchan de la discordia
En 2013, la asociación El Poder del Consumidor realizó una radiografía de las sopas Maruchan. Como conclusión final: “No recomendado para su consumo o evitar en la mayor medida posible por su alto contenido de sodio y grasa saturada”.
El análisis, realizado por la nutrióloga Xaviera Cabada, coordinadora de Salud Alimentaria de la organización, señala que un vaso de sopa instantánea Maruchan contiene la mitad del sodio recomendado para un adulto.
“Es de los productos en el mercado que mayores cantidades de sodio contienen”, alertó.
La sopa Maruchan tiene 36 diferentes ingredientes, de los cuales, tres son diferentes tipos de azúcares y siete son diferentes tipos de sales. Contiene glutamato monosódico, que puede causar incremento en el peso corporal.
La especialista resaltó que era extraño que un producto salado tuviera entre sus ingredientes azúcar, una combinación –sal y azúcar– potencialmente adictiva; también que era un producto con una cantidad baja de fibra y con un total de mil 190 miligramos de sodio –cuando la media para un adulto es de 2 mil 400 miligramos al día.
Una alimentación a base de alimentos así, detalló la nutrióloga, colabora a que incremente el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares, en específico por hipertensión, una comorbilidad ampliamente comentada en la época de la Covid-19.
En México, la diabetes mata a 214 personas diariamente, la obesidad a tres cada día –el 70% de los mexicanos la padece–. En tanto que 15.2 millones de personas están diagnosticadas como hipertensas, un padecimiento que forma parte del grupo de enfermedades del corazón, que ha matado a más de dos millones de personas en dos décadas.
Estas enfermedades, históricamente desatendidas en materia de prevención, ha dicho el mismo subsecretario de Promoción y Prevención a la salud, Hugo López-Gatell, son las que están ennegreciendo el panorama de la Covid-19.
Lo barato sale caro
Una alimentación sana, explica José Luis Chicoma, director general de ETHOS Laboratorio de Políticas Públicas y especialista en sistemas alimentarios, es clave para atender los graves problemas de salud pública que tiene el país y que se traducen en enfermedades crónicas no transmisibles, como obesidad, diabetes e hipertensión.
En el futuro, detalla, el etiquetado claro de alimentos va a ser clave para que los gobiernos eviten comprar productos que no lo tengan y también aquellos que sean poco saludables; sin embargo, la ausencia de etiquetados claros no exime la responsabilidad que tienen las autoridades de invertir los recursos públicos en alimentos de alto valor nutrimental.
“No deberían comprarse estos productos a través de compras gubernamentales”, recalca.
Desde su perspectiva, la alimentación debería ser a base de alimentos cero ultraprocesados, dietas con poca carne roja y con muchas verduras; legumbres y frutas, granos, pocos lácteos, pollo y huevo.
“Este alimento (sopas Maruchan) no se le debería dar a nadie en ningún lugar del mundo y mucho menos debería ser uno de los elementos principales de la dieta de las personas detenidas o en situación de reclusión, esto podría ser considerado un mal tratamiento de las personas”, señala.
La diferencia entre las personas que son privadas de su libertad –aún sea por un máximo de 48 horas como lo marca la ley– es que esto les impide elegir productos a su conveniencia y que el Estado, en este caso el gobierno de Baja California, suple la responsabilidad de garantizarles el derecho a la alimentación.
El problema detrás de una política de Estado así es que aparentemente son productos baratos que de forma temporal y engañosa cumplen con una función alimenticia, sin embargo, advierte Chicoma, es engañoso porque “lo barato sale caro”.
“En la alimentación se deben de considerar dos costos poco visibles: el tratamiento de las enfermedades no transmisibles y la mortalidad que genera; la diabetes mata más que la violencia en México. Este costo hace que la comida que parece barata, no lo sea, además hay que sumarle el costo ambiental de estos productos”.
Violación al derecho a una alimentación sana
“Las personas privadas de libertad tendrán derecho a recibir una alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene, a una nutrición adecuada y suficiente, y tome en consideración las cuestiones culturales y religiosas de dichas personas, así como las necesidades o dietas especiales determinadas por criterios médicos”, se señala en el documento Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Este principio, aunado al Artículo 19 de la Constitución mexicana, obliga al Estado mexicano a garantizar el buen trato a toda persona en proceso de aprehensión o en las prisiones, garantizándole todos sus derechos, incluyendo el de una alimentación sana.
Ángel Salvador Ferrer, coordinador del programa de Prevención de la Tortura de Documenta A.C., explica que cuando a una persona se le priva ilegítimamente del derecho a la libertad, incluyendo los arrestos, esto no significa que pierden el resto de sus derechos.
“Si yo estoy en libertad tengo un papel mucho más activo y responsable en disfrutar el derecho a la alimentación, porque tengo la capacidad y autonomía; cuando una persona está privada de la libertad, ya no es posible, significa que el Estado asume esa responsabilidad y debe garantizar ese derecho”.
Cuando alguien está detenido, sobre todo en la primera etapa, son momentos de riesgo y de vulnerabilidad: hay grandes posibilidades de que haya abuso físico, psicológico o bien, que se les limite el acceso a una defensa adecuada o comunicarse con sus familiares.
Dadas las altas posibilidades de la violación a los derechos humanos en los procesos penales en México, para muchas personas la alimentación podría ser lo menos importante en este primer contacto con la autoridad; sin embargo, es representativo del inicio de una cadena de violaciones en el sistema penal mexicano, detalla Ferrer.
Por ejemplo, en 2019, las periodistas Karla Casillas y Laura Sánchez Ley documentaron la historia de la empresa La Cosmopolitana, encargada de garantizar la alimentación sana de las personas privadas de su libertad en el sistema penal mexicano durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Su investigación, “El Cártel de la comida”, arrojó que la empresa se enriqueció a partir de poner en riesgo la salud de los reclusos: intoxicaciones, comida echada a perder, mala calidad, poca cantidad y nula higiene fueron algunos de los resultados de esta investigación. Hilos, larvas y cucarachas aparecieron entre la comida de las personas privadas de su libertad.
Por eso, para los especialistas consultados, que el estado que gobierna Jaime Bonilla haya pagado por sopas Maruchan como base de la alimentación de los detenidos, sólo es el reflejo del punto de partida de una cadena de violaciones en materia de alimentación para este sector de la población.
Una vieja conocida, la ganona del contrato
El 9 de julio de este año, en medio de la pandemia por el virus Sars-Cov2, el poder Ejecutivo del Estado abrió una convocatoria para comprar 11 mil 95 vasos de sopas Maruchan, una invitación a la que respondió sólo una contratista: Rosa Icela Ibarra Caldera.
El trato se cerró un día después, por un monto de 105 mil 402 pesos, por lo que cada sopa costó 9.50 pesos. Esta vieja conocida del gobierno estatal regresó al ruedo de las adjudicaciones del gobierno de Baja California.
Icela Ibarra tiene una larga historia con las pasadas administraciones panistas, con las que llegó a ganar más de 4 millones de pesos en contratos para abastecer de material de oficina a las diferentes dependencias del estado, en su mayoría, a través de la Oficialía Mayor estatal.
La bonanza llegó, principalmente, a finales del gobierno de José Guadalupe Osuna Millán y terminó de florecer con Francisco Vega de Lamadrid.
Rosa Icela Ibarra fue, además, vicepresidenta de Mujeres Coparmex Mexicali en 2012. En aquel año, el entonces gobernador Osuna Millán acudió a su toma de posesión, mientras que, para 2016, intentó entrar activamente a la política, al competir por una diputación local, en representación del municipio de Mexicali, apoyada por el PRI y Nueva Alianza.
Así es como el gobierno de Bonilla piensa garantizar la alimentación de las personas que la Fiscalía General del estado detenga entre agosto y diciembre de este año.
@AleCrail
