El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Omar Williams López Ovalle, acudió ayer ante la comisión legislativa de derechos humanos, ampliada con un representante de cada fuerza política, para presentar un informe de actividades de su periodo al frente de la institución y, pese a que ayer mismo se publicaron presuntas irregularidades financieras al interior de la misma, ni él ni los legisladores abordaron el tema.
López Ovalle informó que durante su gestión de casi cuatro años al
frente de la CEDH se han presentado mil 595 quejas, de las cuales 241
están en trámite; que se han emitido 112 recomendaciones, 75 por ciento
de ellas dirigidas a las policías estatal, ministerial y municipal, dos
de cuyos elementos incluso fueron aprehendidos, pero (dicho por él
mismo) realizadas por sus antecesores; que se han tomado 65 acuerdos de
no responsabilidad y siete medidas tutelares.
Estas cifras fueron una constante en los cuestionamientos que Jesús
Martínez, Fernando Palomino, Alberto Solís, César Cervantes, Juan
Gaytán, Beatriz Santillán, José Robles y Vicente Pérez dirigieron al
titular del organismo descentralizado.
Él justificó que se trabaja por expediente, que no se puede medir la
efectividad de la Comisión en términos de estas acciones y que se
emiten las que son necesarias para garantizar la reposición de un
derecho violado. Incluso aseguró que varias de las recomendaciones
hechas han derivado en eliminación de violaciones que venían desde la
propia ley.
Las atribuyó también a que no sólo en la economía hay crisis
“mencionó a 150 mil aguascalentenses que viven “en miseria”-, sino
también en la seguridad, en la educación y en otras áreas, lo que
convierte a la Comisión en una “caja de resonancia” a la que van a
parar todas las inconformidades sociales.
Asimismo, a la reducción en las recomendaciones emitidas se ha dado
gracias a la “Mesa de Mediación”, creada en vista de que los organismos
jurisdiccionales están sobrecargados de trabajo.
Habló de 43 cursos con elementos policíacos, siete con el ejército
“también se pronunció en contra de la presencia de éste en las calles-,
168 visitas a los centros penitenciarios, la aplicación de la encuesta
sobre Exclusión y Discriminación, 52 talleres en instituciones
educativas de todos los niveles, cursos y talleres sobre derechos
económicos, sociales y culturales, entre otros.
Reconoció que “los Derechos Humanos son un tema político per se”,
pero negó que todas estas acciones hayan sido tomadas con fines
políticos personales.
Como apreciaciones, López Ovalle señaló por un lado la generación de
“varias leyes en defensa de los derechos fundamentales”, tales como las
reformas a la Legislación Penal, al Código Civil, la creación de la Ley
de Videovigilancia, la de Seguridad Pública; por otro, que es necesario
fortalecer en la reforma al Sistema de Justicia Penal el respeto a los
DH y ver por la víctima del delito, pues el 90 por ciento de las
recomendaciones van en el sentido de la reparación del daño; que más
que “seguridad pública”, debe buscarse “seguridad ciudadana”,
capacitando y profesionalizando a los cuerpos policíacos.
Enfatizó en la urgente construcción de un nuevo Centro de
Readaptación Social (CERESO), pues hay 250 mil internos en
Aguascalientes, además de que la delincuencia está evolucionando,
tornándose cada vez, más violenta y la arquitectura de las cárceles no
es la adecuada para soportarla y sostuvo que “a mayor
profesionalización de la burocracia, es menor la violación a los
derechos humanos”.
El Ombudsman, que busca su ratificación, coincidió con el rector de
la UNAM, José Narro Robles, sobre el peligro que existe en el país de
un estallido social, debido a las crisis antes mencionadas.
Otro tema que los diputados abordaron y que discutieron entre ellos
por la denuncia de juicio político en contra del alcalde capitalino,
fue el del “virtual toque de queda”. López Ovalle les dijo que sólo se
puede recurrir a él en caso de guerra y que no hay una sola queja en la
CEDH por parte de ciudadanos por esta causa.
Propuso también que se discuta entre autoridades del estado la
factibilidad de que aquel funcionario que se niegue a acatar la
recomendación recibida sea citado a comparecer y que se fortalezcan los
mecanismos de trabajo de las comisiones, pero aclaró que las
recomendaciones vinculadas a algún proceso judicial convertirían al
Ombudsman en un juez.
Finalmente, en cuestiones de libertad de expresión, advirtió que es
un derecho que está en riesgo en el país y sólo dijo que “seguiremos
tocando madera” para que ningún periodista sea violentado en sus
derechos en la entidad, pues hasta ahora se le ha apostado sólo a las
normas éticas autoimpuestas por los informadores.
Por la mañana, el presidente de la comisión de derechos humanos en
el Congreso calculó ya alrededor de 10 aspirantes a Ombudsman, entre
quienes mencionó a Marcela Martínez, Sergio Delfino, Raquel Camarillo,
Federico Martínez, Luis Fernando Aguilar, Gustavo Talamantes y Martín
Barberena Cruz, de quien dijo lo ha buscado, pero por cuestiones de
agenda no se ha podido encontrar con él.
Recomendaciones a gobierno
Mención aparte merece el cuestionamiento que se le hizo en torno a
su evaluación del gobierno estatal en materia de derechos humanos.
El titular de la CEDH comentó que las violaciones se dan todos los
días en las ventanillas de atención del gobierno y otras
instituciones, que queda una deuda pendiente la inversión de “más
plata” en la eliminación de barreras arquitectónicas a favor de los
discapacitados y que además de las señaladas, al gobierno se le ha
hecho “una serie de recomendaciones” en áreas como educación, por
cuotas y casos de discriminación; en la Procuraduría General de
Justicia, por violaciones a ciudadanos, y al Patronato de la Feria, en
un caso de contaminación por ruido.
