- Los recortes a las partidas de materiales y suministros y servicios generales del Inmujeres pueden restarle capacidad de respuesta
- La función de Inmujeres queda cuestionada porque no se sabe cómo va a poder vigilar, dar seguimiento a los avances de los programas y fortalecer los mecanismos estatales sin la capacidad institucional y administrativa para hacerlo
Si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realiza ajustes presupuestales a toda la administración pública federal, los recortes al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) podrían afectar su trabajo como instancia coordinadora de la política nacional de igualdad de género.
En opinión de la consultora independiente, Cecilia Toledo Escobar, los recortes a las partidas de materiales y suministros y servicios generales del Inmujeres pueden restarle capacidad de respuesta, sobre todo considerando que se trata de una institución que desde antes ya recibía pocos recursos.
El 15 de julio la Junta de Gobierno del Inmujeres, integrada por representantes de las secretarías de Estado y 16 ciudadanas promotoras de los derechos de las mujeres (8 consejeras sociales y 8 consultivas), aprobó un recorte de 151.9 millones de pesos de los Capítulos 2000 y 300 del organismo, es decir, en gastos de operación.
La presidenta del instituto, Nadie Gasman, afirmó a medios internacionales que estos ajustes presupuestales son parte de los recortes a toda la administración pública federal y que los recursos para la igualdad están vigentes en el Anexo 13 de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Recortes a magros recursos del Inmujeres
De acuerdo con el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el Inmujeres tiene dos programas: Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (al que este año se le asignaron 440 millones 536 mil 174 pesos) y Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (con 365 millones 349 mil 561 pesos).
Además, como ha explicado a los medios la titular del organismo, la SHCP tiene retenido el monto del Capítulo 4000, denominado “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, que asciende a 463 millones de pesos, los cuales se podrían liberar de forma paulatina. Esta cifra representa prácticamente la mitad de los recursos de estos dos programas.
Para entender la dimensión de los recursos retenidos, expuso la especialista Toledo Escobar, es como desaparecer la totalidad del presupuesto del programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, un apartado donde están los subsidios y subvenciones destinados a los mecanismos de adelanto para las mujeres en lo local.
Aunque el Inmujeres es la instancia encargada de coordinar la política nacional de igualdad y coadyuvar en las acciones para erradicar la violencia, Toledo Escobar explicó que su función queda cuestionada porque no se sabe cómo va a poder vigilar, dar seguimiento a los avances de los programas y fortalecer los mecanismos estatales sin la capacidad institucional y administrativa para hacerlo.
En opinión de la experta en análisis presupuestario, simbólicamente se debilita la capacidad del Inmujeres como instancia coordinadora.
Austeridad y presupuesto para las mujeres
En enero de este año el Inmujeres informó que el Gobierno de México estaba comprometido con la igualdad de género y como ejemplo expuso que para 2020 los recursos del Anexo 13 de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se incrementaron en 60 por ciento con respecto a 2019, pasando de 64.6 mil millones de pesos a 103.5 mil millones de pesos, distribuidos en 33 ramos y 107 programas presupuestarios.
Sin embargo, Toledo Escobar explicó que los recursos del Anexo 13 representan apenas 1.5 por ciento del gasto programable y de todos los programas de este apartado casi la mitad son de transferencias directas, es decir, están dirigidos a mujeres y hombres y no se diseñaron con perspectiva de género, como el de “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” que por sí solo representa 38 por ciento del Anexo.
El presupuesto del Inmujeres representa 0.8 por ciento del Anexo, lo que deja ver que cuenta con muy pocos recursos para impulsar la política de igualdad en el ámbito nacional. Así que aunque el Inmujeres argumente que el ajuste es parte de la política de austeridad aplicada a todas las instituciones de gobierno, lo cierto es que mientras hay programas de infraestructura y de transferencias que no se recortaron, sí se afectaron los derechos de las mujeres.
El decreto publicado el pasado 23 de abril, por el que la Presidencia de la República estableció las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública federal, nombra 38 programas prioritarios que no deben ser afectados por los recortes al gasto.
Entre estos programas están cuatro que reciben recursos del Anexo 13: “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”; “Sembrando Vida”; “Programa de apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños”, “Hijos de Madres Trabajadoras”; y “Becas para el Bienestar Benito Juárez”. Sin embargo, para la consultora estos no fueron planeados con perspectiva de género.
En este decreto no se protegieron ni nombraron los programas que cuentan con recursos enfocados en los derechos de las mujeres, como aquellos para el funcionamiento de los refugios para víctimas de violencia de género, para las Casas de la Mujer Indígena y Afroamericana o para cumplir con las Alertas de Violencia de Género.
En el numeral 38 del decreto se puede leer que quedan exentos de las medidas de austeridad los programas de “Defensa de los Derechos Humanos”. En opinión de la experta, en esta frase entra todo o nada, dependiendo de la interpretación de quien lea el decreto o en este caso la Secretaría de Hacienda, encargada de la distribución del presupuesto.
Contradicciones de la política de igualdad
En 2018, después de que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial, organizaciones civiles feministas presentaron ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, información sobre la situación de los Derechos Humanos de las mujeres y lograron que en julio de ese año se emitieran recomendaciones al Estado mexicano, entre ellas, que se pronunciara por la falta de suficiencia presupuestaria para los programas de igualdad.
Las expertas en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) llamaron la atención por la insuficiencia de los presupuestos estatales asignados a la aplicación de las leyes sobre la igualdad de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
En sus conclusiones sobre México expusieron que, a pesar del aumento de las erogaciones destinadas a la igualdad entre hombres y mujeres, que se sintetizan en el anexo 13 del presupuesto federal, el monto asignado seguía siendo insuficiente.
Es por esa razón que una de las recomendaciones al Estado mexicano fue adoptar un proceso integrado de elaboración de presupuestos con perspectiva de género y asignar recursos suficientes para hacer efectivos los derechos de las mujeres, velar por la utilización de mecanismos eficaces de control y rendición de cuentas en todos los sectores y niveles de gobierno, y mejorar el sistema de seguimiento de la asignación de estos recursos.
En concordancia con las recomendaciones del Comité Cedaw, el pasado 17 de junio el Inmujeres publicó su Programa Institucional 2020-2024, donde dice que una de las acciones que va a realizar en este sexenio es “promover la incorporación de la perspectiva de género en el ejercicio de los presupuestos públicos y proponer estrategias y criterios para la formulación de políticas y planeación presupuestal”, a fin de consolidar la política nacional de igualdad.
Las recomendaciones de la Cedaw y los objetivos del Programa Institucional del Inmujeres dejan la duda de cómo se van a promover los presupuestos con enfoque de género en los próximos años si ahora se debilita la capacidad institucional del organismo, como lo muestran los recientes recortes, que, de acuerdo con la analista, son “restarle capacidad a la institución, la posibilidad de hacer evaluaciones, capacitaciones y diagnóstico a nivel local de la política de igualdad”.
