- Mientras sólo 25% de los policías estatales y municipales están certificados, las CDH locales lanzan recomendaciones por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y abusos sexuales, pero… los ataques no cesan ni se castigan
EMEEQUIS/Andrés M. Estrada
Un par de patrullas le cortaron el paso. Pasaban de las nueve de la noche cuando el taxista miró a tres agentes apuntándole con sus armas. “Bájate, hijo de tu puta madre”, le exigieron, en tanto una mujer policía abrió la puerta trasera y con violencia sacó a sus dos pasajeras, registró sus pertenencias y las despojó de un celular y todo el dinero. Enseguida las subieron a la patrulla, acusadas de escandalizar en la vía pública y, al conductor, lo señalaron por robo. Esto ocurrió el 1 de febrero de 2018 en León, Guanajuato.
Un año atrás, dos menores de edad detenidos por la policía en Xalapa, Veracruz, fueron golpeados, a uno de ellos le bajaron el pantalón e introdujeron una manguera por el ano, en un módulo policial. Ambos casos son parte de las 1,628 recomendaciones de las 32 Comisiones de Derechos Humanos estatales del país a corporaciones policiacas, por abuso de autoridad, detención arbitraria, homicidio, tortura, desaparición forzada, violación, muerte en separos, entre otras acusaciones ocurridas de enero de 2015 a mayo de 2020, de acuerdo con una revisión realizada por EMEEQUIS.
Guanajuato encabeza la lista del abuso policial. Tan sólo en la entidad comandada por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, donde predomina la violencia generada por el crimen organizado y el suministro ilegal de hidrocarburos, se registraron 428 (26.29%) oficios dirigidos a las policías municipales y estatales. Los documentos muestran una constante en los ingresos ilegales a domicilios, detenciones arbitrarias, lesiones, detención de menores, “suicidios” en separos y galeras municipales, y muertos tras arrestos.
Veracruz, liderada por Cuitláhuac García, no sólo es teñida de rojo por la violencia generada por la delincuencia, misma que se ha infiltrado en los cuerpos policiales, también ocupa el segundo sitio de abuso policial. La entidad se destaca por sus 129 (7.92%) recomendaciones. Vulneración de los derechos de los jarochos, detenciones ilegales, tortura, uso excesivo de la fuerza y desaparición forzada, son vocablos que se repiten tras revisar cada página.
El tercer lugar lo ocupa Michoacán, gobernado por Silvano Aureoles Conejo. Ahí van 116 (7.13%) recomendaciones dirigidas al estado y presidentes municipales. Sus uniformados se caracterizan por tratos crueles, inhumanos o degradantes, uso indebido de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura, entre otras.
El abuso policial en México va desde la carencia en la capacitación de los uniformados, hasta pasar por las políticas de seguridad que apuestan por el uso de la fuerza y no por reforzar la formación de los agentes. Lo mismo existe un desconocimiento y pésima aplicación de protocolos de actuación; corrupción e infiltración de grupos delictivos en los cuerpos policiales; bajos sueldos; características sociopáticas de algunos elementos; falta de atención sicológica y maltrato hacia los uniformados al interior de las corporaciones por parte de los mandos, que se traslada a la ciudadanía.
Lo otro es que el estado de fuerza en todo el país de las policías preventivas estatales, es de 119,166, y el Certificado Único Policial (CUP) –que permite certificar que el personal de seguridad pública tenga el perfil, conocimientos, experiencia, habilidades y aptitudes necesarias para el desempeño de sus funciones– mostró que sólo 29,890 (25%) elementos estaban en posibilidad de obtener el CUP, es decir sólo 1 de cada 4 policías, según el Diagnostico Nacional sobre la Policías Preventivas de la Entidades Federativas 2018 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Abuso de la fuerza
“Tenemos una legislación sobre el uso de la fuerza que se ha discutido por años y no sirve”, asegura Elena Azaola, antropóloga e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). “Existen protocolos de actuación, pero muy pocos policías están certificados. La impunidad y corrupción son factores para que sigan ocurriendo estos atropellos”, señala Arturo Castañón, presidente de Justicia para Todos.
Gabriel Lomelí, policía municipal de Zapopan, Jalisco, explica que estas conductas contravienen todo lo que es la esencia del profesionalismo del policía. Sin embargo “hay que diferenciar dos cosas, una es el abuso policial y otra es lo que la gente cree que es abuso, porque hay una Ley Nacional del uso de la Fuerza, pero muchos policías no la entienden. Entonces los civiles que no están en el medio difícilmente la van a entender”.
De acuerdo con el apartado IV del artículo 4 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza 2019: La proporcionalidad del nivel de fuerza, es acorde a nivel de resistencia del agresor y riesgo exhibido.
Las características sociopáticas de algunos agentes están asumidas a través del uniforme con el abuso. “Tienen una autojustificación de los actos”, destaca Gloria López Santiago, psicóloga y experta en victimología del Poder Judicial de la Federación. Por su parte, Marcela Munguía, policía retirada de Morelos e integrante de Ciudadanos Uniformados A.C., agrega que, por su tipo de trabajo, los agentes requieren atención psicológica y no la tienen: “Ven muertos, descuartizados, descabezados… constantemente, y sacan su frustración afuera (con la ciudadanía), en casa y con el alcohol. No todos, pero influye mucho”.
“Si un policía abusa por fuera, es porque también está siendo violentado”, resalta Nelly Félix Espinosa, presidenta de Frente Responsable Operativo A. C., en Sonora.
Suicidios y muertes en separos y galeras
Una hora después de ser detenida por la policía municipal de San Gabriel Chilac, Puebla, por una presunta alteración del orden, una mujer fue encontrada ahorcada con su propio pantalón en los barrotes de la celda municipal el 5 de noviembre de 2018. Cinco meses antes, en Acatlán de Osorio, un joven murió en los separos, luego de ser detenido y golpeado brutalmente por los agentes municipales. El 5 de enero de 2019, un delincuente se “suicidó” en los separos de la comisaría de Atlixco, luego de robar un celular.
En esta entidad, gobernada por Miguel Barbosa Huerta, las muertes en separos y galeras de la policía se registraron en al menos 9 casos, los mismos que en Chihuahua. Ambas entidades se ubican sólo por detrás de Guanajuato, con 12, según los oficios de recomendaciones de derechos humanos.
En el ámbito nacional, los documentos muestran un total de 97 muertes a manos de la policía, por uso excesivo de la fuerza y armas, lo mismo que presuntos suicidios en cárceles municipales (incluidos al menos 4 menores de edad y 3 mujeres). Guanajuato también es el rey de las muertes a manos de agentes, con 22; Chihuahua, con 13, y Puebla, con 11.
Violaciones y desaparición forzada en manos azules
El 2 de septiembre de 2016, una adolescente de 16 años se encontraba con su novio en una calle de Apodaca, Nuevo León, cuando llegaron dos policías en una patrulla. Los acusaron de cometer faltas administrativas y amenazaron con llevarlos detenidos, a menos que les dieran dinero. El joven acordó entregar 800 pesos y fue a un cajero. La menor fue obligada a subir a la unidad donde uno de los uniformados abusó sexualmente de ella. Esta deleznable historia es parte de 9 recomendaciones por violaciones.
A estos actos, se suman 10 oficios de derechos humanos por desaparición forzada de parte de policías. Cuatro de estos estos, en Veracruz, como la recomendación 12/2018, en la que un sujeto fue detenido en estado de ebriedad: “Elementos de tránsito se llevaron a mi hijo a sus oficinas, y su coche en una grúa. A partir de ese momento iniciaron una serie de irregularidades; cuando fui a buscar a mi hijo a dicha dependencia, me dijeron que ya lo habían dejado libre, sin embargo, pese a mis reiteradas llamadas a su celular, jamás me pude comunicarme con él”.
Posteriormente, su madre procedió a denunciar la desaparición. Se inició una investigación tardía y, en ella, se encontró que su hijo nunca firmó hora de salida de las oficinas, a pesar de que los agentes de tránsito refirieron haberlo dejado libre a las cuatro de la mañana.
@Eme_Estrada
