Por el voto mayoritario de la bancada priísta, el dictamen que contiene las cuentas públicas del municipio de Aguascalientes, correspondientes al segundo semestre de 2007, fue rechazado en el pleno legislativo, quedando la fiscalización de la administración de Martín Orozco Sandoval únicamente como revisada, a propuesta del diputado del Revolucionario Institucional, Gerardo Sánchez Garibay.
A pesar de la defensa que Patricia Lucio, Jesús Martínez y Antonio Martín del Campo hicieron de las observaciones y de la conformación del dictamen en cuestión, se impuso la mayoría tricolor y su argumento de no aprobar la corrupción e ineficacia de esta administración.
El grupo parlamentario de Acción Nacional abandonó el recinto oficial antes de llevarse a cabo la votación y cuestionó el rechazo de este dictamen apuntando hacia las irregularidades de la actual administración municipal, priísta, que no han sido sancionadas.
En esta revisión, se dictaminaron viáticos injustificados por 19 mil 172 pesos a José Luis Proa de Anda, por un viaje a Costa Rica, debiendo el municipio “realizar las gestiones necesarias para solicitar el reintegro total, así como el importe de los intereses generados” desde que se dispuso del recurso hasta que sea reintegrado a las arcas del ayuntamiento “por parte de quien autorizó y/o recibió el cheque y efectuó los gastos”, presentando la ficha de ese depósito ante el OSF.
Se señaló también que el municipio no entregó la documentación que aclarara la procedencia de 142 millones, 713 mil 302.43 pesos obtenidos a razón de Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (ISABI), licencias comerciales y otros, debiendo el municipio sancionar a los funcionarios que no entregaron la documentación, conforme la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La administración orozquista tampoco soportó órdenes de publicaciones oficiales en medios de comunicación en noviembre y diciembre de 2007, por lo que deberá iniciar procedimiento para resarcir un millón 287 mil 495.82 pesos “o lo que resulte”, además de sancionar al funcionario responsable.
De septiembre a diciembre de ese año, además, no presentó “órdenes de publicidad, convenios y/o contratos” que especifiquen “las tarifas aplicables, tamaño de las publicaciones o insertos, número de eventos, demos, memorias informativas, etc.”, de publicidad en medios.
De acuerdo con el auditor, acota el dictamen, debería realizar las gestiones necesarias para resarcir dos millones, 322 mil 958.32 pesos en total, más los intereses; sin embargo, la Comisión de Vigilancia, considera que lo procedente es, en primer lugar, obligar al municipio para que en lo sucesivo cumpla con los requerimientos observados, en segundo lugar realice las investigaciones procedentes, y en caso de detectarse simulación de servicios iniciar los procedimientos necesarios para resarcir a la hacienda pública las cantidades antes señaladas, y en tercer y último lugar, proceder a sancionar, como se ha mencionado en el párrafo anterior, al funcionario responsable.
Esta administración tampoco sustentó gastos por 20 millones 816 mil 296.21 en combustible, mantenimiento y reparación de vehículos; deberá resarcir ese monto y los intereses generados hasta que lo haga, así como ejercer acciones contra quienes autorizaron y/o efectuaron los pagos, así como de aquellas que omitieron llevar las bitácoras y registros correspondientes y las fichas técnicas de mantenimiento conforme a las disposiciones legales en las que se sustentó la observación, acreditando el ejercicio de las acciones ante el Órgano de Fiscalización.
Por “materiales y suministros” y “refacciones para vehículos”, la administración municipal erogó 474 mil 59.88 pesos, misma cantidad que deberá resarcir de manera actualizada, procediendo igualmente que en la observación anterior.
Entre otras observaciones más, no justificó 45 mil 374.40 pesos por apoyo a todos los municipios en obra pública, debiendo justificar el destino de los apoyos y resarcir esa cantidad más intereses a la cuenta de obras públicas.
La Secretaría de Desarrollo Social Municipal no presentó actas constitutivas de la elección de 172 personas que integrarían los comités de colonos, debiendo deslindar responsabilidades de los funcionarios encargados de elaborarlas, informando de las acciones al OSF.
De esta misma dependencia se detectaron entregas de apoyos personales y masivas sin soportar con documentación a los beneficiarios; también se localizó entrega de apoyos a los presidentes de colonos, sin que se especificara si fue en acto masivo, además de que las actas venían sin firma del titular, testigos y el regidor. Deberá sancionarse a los funcionarios que no integraron la documentación y formalizar las actas correspondientes.
No proporcionaron los formatos de solicitud y la hoja de recepción y entrega de vehículos.
La dirección de servicios generales gastó 232 mil 16.61 pesos en contratos con Nohemí Tena Díaz y Juan Luis Vázquez Reyes por servicios de mantenimiento al parque vehicular, debiendo resarcir esa cantidad a las arcas gubernamentales.
De este parque vehicular se presume duplicidad de pagos en un vehículo por casi 14 mil pesos y un cobro indebido de casi 24 mil 642.87 pesos por refacciones y colocación de las mismas, cuando los trabajos se hicieron en el taller municipal, debiendo proceder administrativa y legalmente, además de resarcir esos montos.
El municipio deberá también, en lo sucesivo, integrar expedientes con respecto a obra pública y abstenerse “de reflejar como obra pública conceptos que no tienen tal carácter y, en apego a los criterios de austeridad y racionalidad que deben regir la presupuestación del Gasto Público, evite realizar gastos tan elevados en el montaje de podiums y escenarios para la realización de informes de gobierno”.
Además, en varias observaciones se acota falta de documentación que soporte.
Destacó también la detección de una diferencia de seis mil 370 despensas entre las pagadas y las suministradas, por 346 mil 719.10, adquiridas con recursos del fondo de fortalecimiento municipal.
Ccapama, DIF municipal y el fondo para la infraestructura social municipal son el resto de los rubros en los que se detectaron irregularidades.
Las cuentas de esta administración municipal suman alrededor de 130 millones de pesos.
En entrevista particular, Antonio Martín del Campo afirmó que tras declararse revisado, más no aprobado este dictamen, no está previsto en la legislación lo que proceda.
