Los primeros meses, la pandemia derivada del Covid, paralizó la jurisdicción, pues apenas comenzó a enviarse a la gente, y los diversos entes jurisdiccionales comenzaron a emitir en cascada acuerdos de suspensión de plazos. Las autoridades se detuvieron, tan acostumbradas a su vetusto sistema lleno de torres de expedientes, de filas interminables de abogados solicitando audiencia, de temerosos justiciables que ven con recelo al hombre de la toga, el lugar común retratado magistralmente por Kafka en la parábola Ante la ley de su novela El proceso, y que, no obstante, lo trillado de su cita, es menester repetirlo una y otra vez: “Ante la Ley hay un guardián. Hasta ese guardián llega un campesino y le ruega que le permita entrar a la Ley. Pero el guardián responde que en ese momento no le puede franquear el acceso.”.
Era impensable que permanecieran inamovibles, por lo que han ido encontrando minúsculos mecanismos para avanzar: sesiones virtuales, atención con cita, presentación en casos excepcionales de demandas mediante recursos digitales. Y aún así, hay un escenario previsible y que todos los abogados litigantes adelantan: cientos de miles de demandas y promociones, durmiendo el sueño de los justos que, frente al personal nunca suficiente de los entes jurisdiccionales, retrasarán, aún más, los tiempos, contraviniendo (como ha sido la constante) el precepto constitucional de una justicia pronta y expedita.
En el caso de la transparencia y su andamiaje jurisdiccional, de igual forma se paralizaron los plazos, sin embargo, pronto caímos en cuenta que nuestra herramienta principal la Plataforma Nacional de Transparencia y sus subsistemas, fueron estructurados siguiendo la esencia del acceso a la información: la digitalización. Desde que apareció la materia por allá del 2002, se han perfeccionado y avanzado en las páginas web que posibilitan preguntar y ser respondido a través de medios electrónicos, esto a algunos organismos garantes nos orilló a no ampliar la suspensión de plazos, y comenzamos a trabajar bajo una no tan nueva normalidad que prácticamente, desde antes, nos permite hacer todo a distancia, incluso en estricto sentido, sería innecesario interactuar entre funcionarios.
Y es que, básicamente todo el procedimiento de acceso, transparencia y su impugnación funcionan a través de medios digitales: las obligaciones comunes y específicas de transparencia y la revisión que hacemos (verificaciones) de las páginas webs de los entes, o las solicitudes que se hacen de forma digital y cuya respuesta es, en casi el 100% de las ocasiones, mediante formatos electrónicos. Y si el ciudadano no está de acuerdo en lo que se le proporciona, entra a la jurisdicción, el recurso de revisión, también por la plataforma.
Un par de clics llevan a cualquier persona a preguntar y en caso de no estar de acuerdo, a incoar una demanda, también de forma remota, una punta de lanza, una nueva forma de litigar por la ciudadanía: sin formalidades, sin papel, sin abogados. Como dijera Perla Gómez Gallardo: “El recurrente necesita del auxilio del órgano garante que es el especializado en función de que este derecho es amigable y se privilegia su ejercicio sin necesidad de requerir la asesoría de un abogado que encarecería los costos del acceso”.
Pareciera que es la única materia donde funciona auténticamente una jurisdicción ciudadanizada, que atiende al nuevo espíritu del artículo 17 párrafo tercero: “Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales”. Pareciera, porque aún así, en el recurso de revisión hay varias reglas procesales que son el azote del acceso a los ciudadanos: improcedencia, sobreseimiento, etcétera.
La nueva jurisdicción debe ir enfocada a menos formalismos y más accesibilidad para el ciudadano, reducir al máximo las cargas procesales buscando un auténtico acceso a la justicia. La transparencia hoy, funciona así, sin abogados, sin complejos requisitos. Hablaremos de ello, el miércoles 8 de julio a las 12:00 horas, te invita el Centro de Investigaciones Jurídicas, la Oficina del Abogado General y la Coordinación de Posgrado de la Facultad de Derecho “Dr. Alberto Trueba Urbina”, todos de la Universidad Autónoma de Campeche, es gratuito y se entregará constancia de participación, se inscriben el día de la conferencia en https://bit.ly/2ZANCLI.
