La adopción e implementación de distintas medidas de aislamiento social por parte de las autoridades públicas nacionales y locales en el ámbito global, como mecanismo de contención del Covid-19, significaron la imposición de diversas restricciones a la movilidad física, el disfrute de los espacios públicos, el desenvolvimiento de diferentes actividades productivas y recreativas y el confinamiento en los hogares, que están transformando la vida cotidiana de los urbanitas y acentuando progresivamente, las profundas desigualdades presentes en las ciudades, así como sus permanentes condiciones de vulnerabilidad.
Sin embargo, en el contexto latinoamericano la gestión de la pandemia ha significado una profundización de las vulnerabilidades estructurales que caracterizan a las urbes de la región. Estas no se limitan a identificación de riesgos físicos, relacionados con localización geográfica y la forma como se estructuró el espacio construido sobre el medio natural; abarcan un conjunto de restricciones económicas, sociales y culturales que afectan la disponibilidad y sostenimiento de los elementos que son esenciales para su funcionamiento (Robert y Metzger, 2013), siendo uno de ellos sus propios habitantes. Por tanto, la soberanía alimentaria, las desigualdades en materia de distribución del ingreso y el disfrute del espacio, la calidad ambiental y la seguridad y convivencia ciudadana son algunos de los principales retos no resueltos.
La pandemia activó un sin número de iniciativas académicas, ciudadanas y gubernamentales al interior de la región para comprender y gestionar la crisis que está activó, elaborándose diferentes proyecciones y herramientas para dimensionar sus efectos por parte de diversos centros de pensamiento y organismos internacionales, mediante las cuales se busca anticipar las posibles afectaciones que se imponen en diferentes ámbitos de la vida económica y social de las ciudades.
Las distintas reflexiones coinciden en identificar que la crisis actual reviste una mayor complejidad en sociedades donde los sistemas de aseguramiento en salud y de acceso a un hábitat digno para el conjunto de la población son limitados y condicionados al nivel de ingresos, el peso económico de la informalidad y la concentración de la riqueza es elevado, como es el caso latinoamericano. Basta recordar que la tasa promedio de informalidad laboral de los países de la región es del 54% y que en las mediciones del coeficiente de GINI (herramienta que identifica la desigualdad, la distribución del ingreso) sus índices oscilan entre 38 y 53, siendo 0 la representación de una equidad perfecta y 100 la inequidad perfecta.
En este escenario regional, que a su vez es diverso a su interior, se mantiene como constante la precarización creciente de la vida, lo cual puede verse potenciado por la actual crisis. La Organización Internacional del Trabajo OIT identifica para esta el tránsito hacia un mayor deterioro de la calidad del empleo, debido al aumento de la informalidad y la reducción de las jornadas laborales y de los salarios (OIT, 2020a y 2020b); mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL estima que en 2020 un aumento de la desigualdad en todos los países de la región, con incrementos del índice de Gini de entre el 0,5% y el 6,0%. Esto se relaciona con la estimación de un posible aumento de las tasas de pobreza y de pobreza extrema de hasta en 4,4 y 2,6 puntos porcentuales, respectivamente, con respecto a 2019. Se calcula que la pobreza en la región afectaría al 34,7% de la población, es decir a 214,7 millones de personas, mientras que la pobreza extrema a 83,4 millones de personas (el 13%).
Por su parte el Banco Interamericano de Desarrollo ha efectuado varios foros de discusión y publicaciones dirigidas a los gobiernos de la región y la ciudadanía en su conjunto, en las que se plantean varias recomendaciones de política pública para orientar el manejo de la pandemia, en particular, la gestión de los espacios urbanos y la superación de las vulnerabilidades a las que están expuestos. Dentro de estos insumos destacan la proposición de medidas concretas para intervenir en la gestión de la pandemia en los barrios populares y para promover la recuperación de estas zonas de las ciudades.
Dentro de las propuestas planteadas se sugiere la adopción de un enfoque multidisciplinario, multisectorial y multinivel, en el que se involucre diferentes áreas política pública (salud, vivienda, servicios básicos, infraestructuras urbanas, desarrollo social, seguridad social el trabajo, economía y educación); y la implementación de acciones que contribuyan a fortalecer las capacidades de las comunidades y poblaciones vulnerables para prevenir el contagio y para la recuperación de su situación económica (BID, 2020). Dentro de las intervenciones sugeridas se encuentran: la capacitación y trabajo con líderes comunitarios; la utilización del espacio público para la difusión de mensajes clave de prevención y autocuidado; la identificación, mediante mapeo comunitario, de poblaciones en riesgo y unidades habitacionales con mayores problemas de hacinamiento e insalubridad; la cuantificación de la población migrante y sus necesidades, considerando que esta se encuentra excluida de los esquemas de protección y servicios sociales; la habilitación de espacios de cuidado y aislamiento para la población en riesgo, utilizando viviendas ociosas como viviendas temporales para población enferma o sin acceso a una vivienda; y el diseño de respuestas para prevenir la violencia doméstica, promover la higiene en espacios públicos y distribuir alimentos preparados y víveres, entre otras.
A estas medidas se añaden propuestas orientadas a la reactivación económica, tales como la incubación y fortalecimiento de nuevos emprendimientos, la promoción de la digitalización y la bancarización, y la implementación de fondos de financiación de proyectos comunitarios, así como la provisión de asistencia técnica y financiera para la recuperación de unidades productivas que permitan la producción y provisión de servicios.
En conjunto, las acciones propuestas recogen algunas de las alternativas que hasta el momento han sido puestas en práctica por los gobiernos urbanos de la región, siendo recurrentes acciones como las transferencias monetarias para el sostenimiento de los hogares, la conformación de fondos de apoyo a organizaciones comunitarias para la implementación de iniciativas locales de reactivación económica; la imposición de restricciones a los desalojos de las viviendas; el congelamiento de créditos hipotecarios hasta la conclusión de los periodos de cuarentena y el reacondicionamientos de espacios hospitalarios y espacios públicos y equipamientos.
Pese a los anuncios y esfuerzos públicos realizados, en la práctica, se evidencia que las capacidades de las administraciones públicas urbanas para gestionar la crisis han sido desbordadas, manteniéndose una tensión entre las obligaciones adquiridas y los recursos realmente disponibles. Las acciones implementadas no dan abasto para la complejidad de la situación, siendo cada vez más evidente la pobreza oculta de las “clases medias”, la inseguridad alimentaria de los urbanitas (dadas las restricciones de ingreso para el acceso a una alimentación saludable y las dificultades de los productores de las zonas rurales para transportar a las ciudades sus cosechas), y los despojos a quienes no pueden costear una vivienda. La profundización de estas vulnerabilidades se ha visto acompañada en algunos casos de represión policial, frente a las protestas realizadas por diversos sectores que no han contado con apoyos gubernamentales para enfrentar el desempleo y el hambre.
Pese a todo, las ciudades no han perdido su dinamismo, en medio de las restricciones y la desaceleración de ciertos procesos, se siguen reinventando a partir de la evolución de la pandemia y las medidas adoptadas para enfrentarla, surgiendo nuevas dinámicas de movilidad y apropiación de espacios, nuevas restricciones y solidaridades para enfrentar las vulnerabilidades, sin embargo, está aún muy lejos de lograrse una superación de las mismas; lo que demanda voluntad política para acoger los resultados de las diferentes reflexiones y propuestas que han surgido en este contexto y evitar caer en la trivialidad en puntos comunes que no ofrecen más allá de lo discursivo, rutas claras de acción.
Referencias
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Organización Internacional del Trabajo (OIT), “El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19)”, Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, Nº 22 (LC/TS.2020/46), Santiago, 2020.
Vera, F., Adler, V, Y Uribe, M. (2020). (Ed). ¿Qué podemos hacer para responder al covid-19 en la ciudad informal? Banco Interamericano de Desarrollo, Red de Ciudades BID
