- Organizaciones civiles llaman a congresos a desechar estas iniciativas en donde ya se analizan
- No se puede vulnerar el derecho a una sexualidad libre e informada
Actualmente son seis los estados de la República en donde sus congresos locales presentaron iniciativas encaminadas a aprobar el llamado Pin Parental, una ley que limita la educación laica, científica e integral de los niños y jóvenes en diversos temas, especialmente al hablar de sexualidad; en este contexto se integró el Colectivo Artículo 13, que busca evitar el avance de esta legislación al considerarla inconstitucional y un retroceso a los derechos humanos.
En rueda de prensa virtual, varios integrantes del colectivo expusieron que la iniciativa para integrar el Pin Parental en las leyes locales de Educación, aprovechando los trabajos de armonización de la legislación federal, son seis: en Aguascalientes ya fue aprobada, aunque se presentó una Acción de Inconstitucionalidad, en Nuevo León la desecharon. En el caso de Baja California, Chihuahua, Querétaro, Ciudad de México y Guanajuato se encuentra en la etapa análisis en distintas comisiones.
Cristina Santana, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir hizo un llamado a los congresos de los estados a desechar estas iniciativas, al ser, que además de inconstitucionales, contraviene la Convención de los Derechos del Niño y la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, pues a pesar de ello, la educación integral en sexualidad es aún deficiente, por lo que no se puede vulnerar el derecho a una sexualidad libre e informada.
Explicó que esta ley impactaría directamente incremento de embarazos no deseados, abuso sexual, enfermedades de transmisión sexual, violencia y discriminación en una población vulnerable como son los adolescentes, pues se estima que en México ocurren 600 mil delitos sexuales al año, nueve de cada 10 víctimas son mujeres y cuatro de cada 10 son menores de 15 años. Además, se considera que el fenómeno del embarazo no deseados en menores de 15 años está vinculado directamente con abuso o violencia sexual, además de que el riesgo de muerte materna es mayor en este grupo poblacional
Juan Martín Pérez García, integrante de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), subrayó que la educación sexual debe ser el tema central, pues ofrece a los niños y jóvenes herramientas de autoprotección para prevenir e identificar abusos y violencia sexual: “El planteamiento de que los papás y mamás pueden decidir sobre la vida de niños y adolescentes, particularmente en el ámbito educativo, es ilegal y falso, porque son personas no son muebles u objetos de protección, sino que deben tener la protección del Estado, y en este caso los contenidos educativos se definen desde la SEP y corresponde a una educación laica, integral y científica”.
Alexis Sorel de la Red de Democracia y Sexualidad manifestó que el sistema gubernamental no debe permitir un retroceso a la educación integral sexual de niños y adolescentes, por lo que está obligado a mantenerse firme ante los debates que se tengan con grupos ultraconservadores que impulsan iniciativas bajo el argumento de que la educación sexual promueve las relaciones sexuales en temprana edad, la ideología de género y la homosexualidad, cuando existen investigaciones serias, es decir científicas y laicas, que muestran que la educación integral sexual retrasan la vida sexual, no influye en el número de parejas ni la preferencia de las relaciones, además disminuye el contagio de las infecciones de transmisión sexual (sobre todo el VIH), embarazos no deseados, y da herramientas contra la violencia y el abuso sexual, así como la homofobia.
Sofía Regalado, representante de Morras Help Morras, compartió el camino que culminó la acción de Inconstitucionalidad en Aguascalientes por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, misma que se entregó el 19 de junio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de que la reforma en la Ley de Educación local fue aprobada por unanimidad y cuyo dictamen del artículo 4to no mencionaba la frase Pin Parental, a fin de tratar de que pasara desapercibido; lo cual no sucedió gracias a la acción oportuna de la sociedad civil, “sabemos que los derechos no se negocian ni son materia de retroceso”, expuso la activista.
Frida Soto, integrante de Colectivos Unidos por la Defensa de los Derechos Humanos Nuevo León, habló de cómo el Pin Parental se detuvo gracias a la presión social encabezado por las organizaciones civiles, proceso en el que también participaron niñas, niños y adolescentes. En esta entidad la iniciativa la presentó Morena el 29 de enero y levantó tal revuelo en las redes sociales, que el tema se discutió en el espacio público, lo que devino a que se votara en contra de esta ley, en donde también participaron los profesores y expertos en el tema.
