APRO/Gloria Leticia Díaz
Clara es madre de un interno del Cefereso 13 de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. No tiene reposo desde que el brote de Covid-19 llegó a ese penal de alta seguridad. Su hijo forma parte de la población de riesgo, pero carece de las medidas de protección necesarias para enfrentar la enfermedad.
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“Mi hijo tiene artritis reumatoide, psoriasis, está perdiendo la vista y tiene principios de diabetes. Mi temor es que se contagie con el Covid-19. Si eso ocurre, mi pobre hijo no la va a contar, no es justo”, dice Clara, nombre ficticio con que fue renombrada para evitar represalias contra ella o su hijo, sentenciado por homicidio a 23 años, de los que ya cumplió 17.
Sin posibilidades de visitarlo por las medidas sanitarias impuestas por el penal, Clara se comunica cada cuatro días con su hijo, quien le confirma que comparte con 11 personas una celda diseñada para cinco, que no le han concedido la consulta médica que solicitó hace dos meses ni le han dado medicamentos, aunque “se siente muy mal”.
La señora no tiene datos precisos, pero su hijo le contó que en el Cefereso 13 hay varios internos enfermos de Covid-19 y que el mal fue propagado por custodios “que entran y salen”.
Esa situación fue advertida por los medios locales al menos desde el 13 de abril, cuando se difundió que una custodia del penal fue trasladada al Hospital Regional del Issste Presidente Juárez, en la zona norte de la ciudad de Oaxaca, por presentar síntomas de Covid-19, pero al poco tiempo se reintegró a sus labores.
Datos inconsistentes
El testimonio de Clara es uno de decenas que ha recopilado la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) y que forman parte de la campaña #VocesQueCuentan, para evidenciar la tragedia sanitaria que se vive en algunas de las 295 prisiones del país.
“Intentamos dar rostro al trabajo que venimos realizando de contabilizar los casos de infecciones y fallecimientos por coronavirus; que se visibilice lo que están sufriendo la población penitenciaria y sus familias, completamente olvidadas en la emergencia sanitaria”, dice José Luis Gutiérrez, director de Asilegal.
Antes de esta campaña la organización creó en su sitio web un micrositio con el “Mapa Penitenciario Covid-19”, que retoma información pública sobre los contagios y fallecimientos entre internos y personal penitenciario, incidentes violentos ocurridos desde abril pasado –cuando empezaron los brotes en prisiones–, así como las liberaciones de reclusos en los estados.
Hasta el jueves 11, Asilegal había registrado 548 contagios por Covid-19, de los cuales 444 corresponden a personas privadas de la libertad y 91 a custodios; en cuanto a los fallecimientos, se tiene un registro de 69, de los cuales 42 eran internos y 27 personal penitenciario, en tanto que, durante el periodo de la contingencia sanitaria, han ocurrido 16 incidentes de violencia.
Desde el primer balance del 30 de abril a los siguientes 42 días, los reportes de Asilegal muestran un incremento de afectaciones por Covid-19 en prisiones de manera exponencial: el nivel de contagios creció 750.68% y los fallecimientos a 3 mil 450%, pues su conteo inició con 73 infectados y dos muertos.
Para Gutiérrez es muy probable que no se llegue a conocer del todo la gravedad de la pandemia en los centros penitenciarios, porque no hay transparencia de las autoridades penitenciarias, ni siquiera ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que, reconoce, ha compartido información con Asilegal.
“Incluso la metodología de la CNDH es distinta a la nuestra, porque nosotros contabilizamos personal que trabaja en los centros penitenciarios, lo que el organismo no hace”, destaca.
Vulnerabilidad extrema
José Luis Gutiérrez recuerda que hasta febrero pasado había en México 203 mil 393 personas privadas de la libertad, de las cuales 10 mil 696 son mujeres y 192 mil 697, hombres, de los cuales 76 mil 475, es decir, 33%, estaban en prisión preventiva.
Agrega que en el último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, presentado en noviembre pasado, se determinó que de los 295 penales del país, 110 tenían condiciones de sobrepoblación y hacinamiento; en 71 de 154 revisados había autogobierno; la calificación en una escala del uno al 10 en materia de salud era de 6.19 en promedio y en cuanto al nivel de atención a presos adultos mayores era de 5.75.
El diagnóstico agrega que 75% de los penales no garantiza una alimentación adecuada y en 62.84% había condiciones alarmantes de higiene y salubridad.
Alerta que en materia de salud ni siquiera los centros penitenciarios federales se salvan de carencias, pues al comunicarse con autoridades de los penales le han comentado que “no tienen médicos, y que como afuera se canceló el Seguro Popular, ya no tienen dónde llevar a la persona infectada por covid-19, a ello se suma que no se están haciendo pruebas al interior de los centros, por lo que es probable que haya un subregistro”.
Gutiérrez lamenta que mientras las cárceles siguen llenas, se mantiene como letra muerta la Ley Nacional de Ejecución Penal que permitiría despresurizarlas de manera efectiva. De aplicarla, “25 mil personas podrían verse beneficiadas, tanto a nivel federal como estatal”.
