APRO/Gloria Leticia Díaz
Desde Sihó, una pequeña comunidad maya del municipio de Halachó, en la frontera entre Campeche y Yucatán, Nelsy Ku Chay disiente del discurso presidencial sobre la supuesta “fraternidad” y el reencuentro familiar durante el confinamiento domiciliario para evitar la propagación del coronavirus.
“Desconocemos qué es lo que conlleva la palabra fraternidad, la palabra armonía familiar de la que habla el presidente”, dice esta defensora comunitaria que es coordinadora de la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afrodescendiente, que agrupa 35 espacios en el país conocidos como camis, que apoyan de manera multidisciplinaria a las mujeres, particularmente a las que padecen violencia.
Encargada de la cami de su comunidad, llamada “Tooj óolal Puks’ik’aal”, que en maya significa “Sanando el corazón”, dedicada a la atención de la salud integral y prevención de la violencia, Nelsy Ku sostiene que, contrario a la imagen pacifista de los pueblos originarios, entre 80 y 90% de las familias indígenas jóvenes viven la violencia de manera cotidiana, situación que se ha agravado durante la cuarentena sanitaria.
“Fraternidad es lo que queremos, pero todavía sigue siendo algo imaginario, no es lo que estamos viviendo”, insiste la defensora de 44 años, la mitad de ellos dedicados al trabajo comunitario.
Advierte que en las zonas indígenas de Puebla, Oaxaca, Guerrero, Sonora, Veracruz y Chiapas se ha reportado un aumento de la violencia contra las mujeres durante estos dos últimos meses, situación que se padece, incluso, en Yucatán, donde fueron denunciados tres feminicidios en abril, cifra muy elevada para ese estado que habitualmente tiene bajos índices de violencia.
A Nelsy le resulta incomprensible que en este contexto de emergencia –y más adverso para las mujeres– el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decida fortalecer los recursos contra la crisis sanitaria cancelando la entrega de presupuesto a las camis, que el año pasado fueron de 30 millones de pesos para atender a unas 29 mil indígenas.
Las camis reciben financiamiento del Programa de Derechos Indígenas, dependiente del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), a dicho programa se le asignaron 199.75 millones de pesos, mientras el año pasado fueron 310.7 millones.
“Por primera vez en 17 años las camis tienen un recorte presupuestal. En el fondo, a las indígenas se les está negando el derecho a tener un acompañamiento para acercarse a instancias de gobierno, porque cuando van al Ministerio Público a denunciar violencia intrafamiliar, les dicen: ‘Pues no atendiste a tu marido o qué le hiciste… Tienes que atenderlo’. A veces esas mujeres no tienen dinero para ir a Mérida o a Umán a denunciar, y es cuando nosotras las apoyamos.”
Ku Chay advierte que a causa del recorte, algunas camis están por cerrar. “La cancelación de los fondos refleja que no estamos siendo consideradas como un sector esencial para la Cuarta Transformación, y esa es una forma de violencia, un atentado a nuestros derechos como mujeres indígenas”.
En espera de que López Obrador acuda a Cancún para dar el banderazo de salida a las obras del Tren Maya, Ku Chay expresa: “En la emergencia para enfrentar el Covid-19, ¿en verdad la única bolsa que se requería como un asunto de vida o muerte para atender esta problemática era la de las camis?
“Sorprende que para este gobierno la vida y la seguridad de las mujeres indígenas no sean esenciales, como sí lo son otros programas, como el Tren Maya, que siguen recibiendo recursos.”
En entrevistas por separado, Wendy Figueroa, de la Red Nacional de Refugios (RNR), y Tania Reneaum, directora para México de Amnistía Internacional, “incertidumbre” es la palabra que define el resultado del encuentro con el Gobierno Federal.
“Me parece que el gobierno federal en turno no está haciendo una valoración de las prioridades ante la contingencia por el Covid-19. Por supuesto que es importante y le están dando prioridad a los programas insignia del presidente, entre ellos al Tren Maya y a la refinería, pero están dejando sin recursos a las camis.
“En el tema de los refugios lo que nos preocupa es que, si bien ya se ha destinado 50% de la primera ministración de un poco menos de 50% de los refugios que presentaron proyectos, lo que se nos dice es que ‘hasta ahorita’ no tienen ninguna instrucción de que no se opere la segunda administración. Si dejas abierta esa ventana de ‘hasta ahorita’, resulta alarmante”, sostiene Figueroa.
Tania Reneaum detalló que la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, explicó que para 2020 se etiquetaron más de 103 mil 500 millones de pesos que corresponden al anexo 13 del PEF, denominado “Erogaciones para promover la igualdad entre mujeres y hombres”. De ese fondo los montos más fuertes corresponden a los programas de la Secretaría de Bienestar y que “tienen entre 30 y 50% de beneficiarias mujeres”.
Si bien la funcionaria les aseguró que 90% de los recursos del anexo 13 estaban asegurados, Reneaum advierte que “sólo 1% de los más de 103 mil millones, poco más de 629 millones de pesos, contempla programas específicos para atender la violencia contra las mujeres”.
La representante en México de Amnistía Internacional lamenta que hasta ahora no se haya visto la actuación de la Cámara de Diputados –que tiene atribuciones para vigilar las modificaciones al presupuesto– como contrapeso del Poder Ejecutivo.
“Lo que no percibimos es un plan de acción, vemos con mucha preocupación el orden de prioridades en el contexto de la pandemia, no estamos seguras si va a haber dinero para atender la violencia contra las mujeres”, lamenta Tania Reneaum.
