Las conferencias mañaneras que a diario protagoniza el presidente Andrés Manuel López Obrador se convirtieron en “la palestra, el púlpito o la tribuna del gobernante en turno para corromper la agenda y fijar los términos del debate público”, señaló la organización Artículo 19 (A19).
Y abundó: “En su intento por ganar la narrativa, el presidente ha hecho de su palabra un instrumento y un arma de gobierno”.
En su informe anual, la organización observó que en el primer año de gobierno de la llamada Cuarta Transformación no sólo continuó la violencia contra la prensa –hubo 609 agresiones contra periodistas, el “mayor número en la historia”, y 10 asesinatos, cobijados por un 99% de impunidad-, sino que se agravó la polarización de la sociedad, incentivada en gran parte por las redes sociales, donde se “vomita el odio y la discriminación con desinformación hacia los más vulnerables”.
En su amplio documento de 270 cuartillas, la organización realizó un diagnóstico aterrador sobre la situación de la libertad de prensa y el derecho a la información en el país, donde los discursos intolerantes son potenciados mediante ataques de “bots” en redes sociales; las solicitudes de información a menudo son negadas bajo el pretexto de que la información es “inexistente”, y la publicidad oficial sigue otorgándose de manera discrecional, aunque con montos mucho menos exorbitantes que las administraciones pasadas.
“No hay duda de que la violencia y la hostilidad de los líderes políticos hacia la prensa se disparó en 2019, pues quienes deben ser escrutados por el ojo público, de pronto se sienten con la legitimidad y el permiso para denostar y atacar a sus escrutadores”, agregó.
Según A19, los ataques recurrentes de López Obrador contra la prensa son a menudo retomados por funcionarios locales de Morena en “efecto cascada”, que los justifican bajo el pretexto de que los periodistas buscan acabar con los esfuerzos de la 4T o que son “chayoteros”; citó los casos de medios de Baja California, Quintana Roo, Puebla o Guerrero, que fueron agredidos.
“Lo que ha quedado claro después de un año de gobierno es que aquellos actores de la sociedad, sean del sector que sean e incluso de la clase social que sea, que no toman una postura política a favor de lo que el presidente llama ‘la cuarta transformación’, se convierten en adversarios, y con tal de ganar la disputa de la opinión pública ha llegado al punto de sacrificarlos”. Y recordó, por ejemplo, la arremetida de López Obrador contra los “radicales de izquierda” que se oponen al Proyecto Integral Morelos –uno de ellos, Samir Flores, fue asesinado apenas 10 días después del discurso del mandatario-.
Tras resaltar los negros historiales de los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en materia de libertad de expresión, sostuvo que en la administración actual “es cierto, hay más voces, pero no hay diálogo: hay disonancia. Las expresiones se repelen, chocan y se rechazan entre sí (…) la diferencia en este gobierno radica en que esto no sólo sucede entre el gobierno y la ciudadanía, sino en la misma sociedad, que se confronta”.
Y aparte, añadió, “existen claros indicios de que el rumbo de la violencia contra la prensa y la impunidad se mantiene igual”, y las procuradurías estatales no dejaron de ser “cómplices de la violencia contra la prensa”
En su balance de 2019, tachó como “malo” las formas de control de la información, la profundización de la polarización y las nuevas formas de censura, mientras que en lo “feo” resaltó la indiferencia de la sociedad ante la violencia y la impunidad en general, y contra los periodistas en particular.
En tanto, celebró como “bueno” el hecho de que, en su narrativa, López Obrador busque “estigmatizar la desigualdad, la corrupción y la impunidad, y poner al frente los valores de la justicia, la transparencia y la igualdad”, así como “mirar al pasado y hablar sobre las graves atrocidades cometidas y el verdadero terrorismo de Estado que ha dejado secuelas, marca las instituciones e inhibe la reparación social”.
Agregó: “Aunque la narrativa de López Obrador le sirve a él principalmente, pues tiene el objetivo de controlar políticamente a la población, también le ha servido a las masas, pues ha fortalecido el sentido de dignidad de los grupos históricamente marginados y vulnerables, como los pueblos y comunidades indígenas, relegadas al olvido y la miseria, como ya hemos mencionado, por la narrativa dominante y hegemónica”.
Sin embargo, “en 2019, más que en ningún otro momento, la información siguió siendo el objeto de la guerra, el valor de la disputa”, sostuvo, y recordó que, según un estudio de SPIN Taller de Comunicación Política, en 365 días el mandatario emitió 15 mil “afirmaciones no verdaderas”.
“Es cierto, los medios de comunicación han mantenido, históricamente, una relación perversa con el poder y fueron parte de la estructura que está detrás de la impunidad, la desigualdad y la corrupción en el país. Sin embargo, ese relato no es absoluto, pues también es cierto que las y los periodistas en México han tenido un papel muy relevante en la construcción social de los relatos alternativos que dieron lugar, precisamente, a la llegada al poder del mismo López Obrador”.
Mañaneras
La principal novedad de la administración actual respecto de las anteriores es la conferencia matutina, que López Obrador realiza cada día hábil desde su toma de posesión y que, según A19, ilustra la “intención deliberada” de López Obrador por mantener el control sobre la información que circula en el país.
En 2019, el mandatario se refirió 2 mil 321 veces a la palabra “corrupción”, mil 732 veces a “pueblo”, 833 veces a “Pemex”, 720 veces “neoliberal”, 693 veces “conservador”, 487 “imagínese” y 477 veces “Guardia Nacional”.
Y recordó la conferencia del pasado 10 de febrero, en la que el presidente reclamó a los medios por no hacer caso al cheque que la Fiscalía General de la República (FGR) entregó a la Tesorería de la Federación, y preguntarle sobre temas de feminicidios. “Me van a voltear el sentido de esta conferencia, pues no me gusta esto (…) sí es importante hablar de los feminicidios, pero no es la base de la nota, porque es una manipulación”, dijo ese día.
“De fondo, en el discurso de López Obrador se percibe un reproche por el simple hecho de no cubrir de cierta manera un tema o por no estar ‘de su lado’ (…) Son un aliciente adicional para las agresiones y en nada abonan a generar condiciones propicias para el ejercicio periodístico en un país que es, hoy por hoy, el más violento contra las y los periodistas en un contexto no bélico”, apuntó A19.
Y más: “Los ataques a la prensa y a la sociedad civil lanzados desde la silla presidencial, en forma de estigma, son intencionados; como cualquier otra agresión, buscan convertir el mensajero en el mensaje”.
El informe mencionó los estudios elaborados por Signa Lab, que documentaron cómo “la militancia virtual del lopezobradorismo” -entre ella la #RedAMLOVE- hostiga de manera coordinada a reporteros que asisten a la conferencia matutina mediante “verdaderas operaciones políticas destinadas a censurar a periodistas”.
Y observó: “Por un lado, el presidente consolidó un discurso hostil hacia los periodistas. Por otro, al ser señalados, éstos quedan en una situación de mayor vulnerabilidad para padecer agresiones de terceros. Y, efectivamente, las declaraciones de López Obrador han terminado operando como promotoras de insultos e incluso de amenazas contra los periodistas que cubren la fuente presidencial”.
Citó, entre otros, los “hashtags” #prensaprostituida, #prensasicaria o #prensacorrupta que circulan de manera recurrente en redes sociales.
Claroscuros
De las 609 agresiones documentadas en 2019, una cuarta parte fueron intimidaciones y hostigamientos, mientras que otra proporción similar fue de amenazas; en tercer lugar, se reportaron 62 ataques físicos, correspondientes a 10% de los casos, mientras que la cifra de “uso ilegítimo del poder público” se duplicó de 22 a 46 en un año.
A19 detalló que 55.6% de las agresiones perpetradas contra periodistas en 2019 se dirigieron hacia reporteros que cubren asuntos de política y de corrupción, mientras otro 22% fue destinado a quienes cubren temas de seguridad y justicia, que abarcan la “nota roja”, así como los asuntos de delincuencia y violencia.
“En algunos ámbitos del ejercicio de la libertad de expresión e información, como lo es la transparencia y la rendición de cuentas, podemos afirmar que el camino de esta administración está lejos de ser uno que garantice estos derechos, pues hasta hoy perpetúa las viejas prácticas corruptas y no ha emprendido cambios profundos para desmontar la maquinaria construida durante décadas para censurar y controlar la información”, planteó la organización.
Señaló por ejemplo que, en comparación con el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, el número de recursos de revisión dirigidos a la Oficina de la Presidencia de la República –porque el solicitante de información se inconformó con la respuesta- se disparó en 800%, pues Palacio Nacional suele alegar que la información es “inexistente”, incluso la información que López Obrador señala en sus conferencias matutinas.
En este marco, el presidente suele criticar a los organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Archivo General de la Nación (AGN) o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a cuyos integrantes tacha de “burocracia dorada”.
A19 señaló que López Obrador repitió las prácticas de sus antecesores, la “misma política de cooptación de espacios de autonomía institucional”, al nombrar a personas allegadas en los asientos vacíos de los organismos autónomos, como ocurrió con la polémica designación de Rosario Piedra Ibarra, militante de Morena, en la CNDH.
Aparte, señaló la doble medida con la que el gobierno proporciona información: “mientras se dan a conocer en detalle los gastos derivados de la compra y el mantenimiento del avión presidencial ejercidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto, se argumenta que la información relacionada con los contratos y facturas de compra de medicamentos para combatir el cáncer es inexistente”.
Tras resaltar que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron asesinados 47 periodistas y que a la par el Gobierno federal derrochó más de 60 mil millones de pesos a las empresas mediáticas mediante adjudicaciones directas de publicidad oficial, A19 recordó que López Obrador llegó al poder con la promesa de “garantizar la pluralidad de las expresiones y no utilizar el Estado como un censor”, pero mantuvo las prácticas de sus antecesores.
Sin embargo, si bien López Obrador prometió y aplicó, en el marco de su política de “austeridad republicana”, un recorte drástico a los gastos de publicidad oficial, “esto no se ha traducido en una mayor independencia editorial de los medios y tampoco hay evidencia que indique que ahora existe mayor pluralidad y diversidad en el ecosistema mediático mexicano”.
Así, en tiempos de la “Cuarta Transformación”, apenas tres medios de comunicación –TV Azteca, Televisa y La Jornada– acapararon el 30% del presupuesto total pagado a medios de comunicación.
“Aun cuando se destine menos dinero a publicidad oficial, el gasto sigue siendo discrecional y opaco, y no ha habido la intención de cambiar esta fórmula”, sostuvo la organización al señalar que “esta perpetuación de actos de legalidad selectiva o discriminatoria es uno de los más graves y preocupantes peligros que se ciernen sobre este gobierno”.
Mathieu Tourliere
