ENCIG. De nuevo, la realidad contra la percepción, la estadística oficial contra los otros datos, la historia de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia se describe con ese choque entre lo que él asegura y los hechos. Ayer, al mismo tiempo que el presidente insistió en que su propósito es acabar con la corrupción (en referencia a las aduanas, en la administración portuaria y en el sector energético), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) difundía la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 que proporciona información sobre la percepción de la población acerca del fenómeno de corrupción y las experiencias de corrupción que sufrió la población al realizar pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con servidores públicos, y a partir de los resultados se puede establecer que López Obrador no sabe barrer, que el método elegido para acabar con la corrupción, de arriba hacia abajo, no está funcionando, porque aumentó en 7.5% de 2017 a 2019, la Tasa de prevalencia de corrupción por cada 100,000 habitantes, pasa de 14,635 a 15,732.
Dinero sucio. Ya durante la administración de López Obrador, el costo total a consecuencia de la corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 12,770 millones de pesos, lo que equivale a 3,822 pesos promedio por persona afectada. En ese mismo periodo, durante la administración de Martín Orozco Sandoval, el costo de la corrupción fue de 1,400 pesos promedio por persona afectada, poco más de 20 millones 500 mil pesos. ¿Se vale la comparación? Sí, porque el presidente ha dicho que es su tarea más importante, pero los datos señalan que en el país los actos de corrupción (por cada 100 mil habitantes) pasaron de 25,541 a 30,456 del 2017 al 2019, así esta tasa de incidencia aumentó 19.2% en el ámbito nacional, mientras que en Aguascalientes, ese aumento es menor, de 6.1%.
Intolerante. Ayer en la mañanera, López Obrador insistió en que habrá intolerancia cero a corrupción en aduanas, puertos y sector eléctrico, tras admitir que va a llevar tiempo acabar con la corrupción del país, anunció que le pasó toda la responsabilidad de los puertos al secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Enseguida, se montó en su macho para referirse al sector de la electricidad y aseguró que su gobierno está a favor de las energías limpias y en contra de la corrupción y el influyentismo en la industria eléctrica, por eso defenderá en tribunales sus criterios con respeto al Poder Judicial: “Tienen instrucciones los servidores públicos de la Secretaría de Energía para defender nuestra decisión de que no haya privilegios para las empresas. No es posible que estamos pasando por un mal momento económico todos y quieran seguir medrando como si nada pasara. La corrupción no se debe permitir en ningún momento y menos ahora”. Sí, sí ya sabemos, el pretexto de la corrupción que no se combate, sólo se señala pero no se prueba, no se castiga a nadie, sólo se emplea como discurso.
Impresionanti. ¿Qué tendrá que decir López Obrador acerca del aumento de las víctimas de corrupción? Nada, no va a decir nada, porque la misma encuesta de donde salen estos datos, indica que la confianza de los mexicanos en el Gobierno Federal se duplicó, la población encuestada piensa que hubo una reducción en la frecuencia de los actos de corrupción en las instituciones de gobierno, ya que pasó de 91.1% en 2017 a 87% en 2019. Seguro que ya Jesús Ramírez Cuevas tiene lista la tarjeta que leerá alguno de sus criados que se hace pasar por periodistas para que le pregunte al presidente qué opina acerca del aumento de la confianza en su gobierno, pero no de los actos de corrupción. Que más gente crea que ya no hay corrupción sólo puede significar que López Obrador no sabe barrer, pero a la población le gusta cómo mueve la escoba.
En contra. López Obrador tuvo que salir a decir que defenderá como un perro, bueno, no, pero casi, su proyecto de frenar las energías limpias, porque ya salieron a reclamarle los gobernadores, al menos cuatro, Francisco Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Javier Corral, de Chihuahua; Enrique Alfaro, de Jalisco; y Martín Orozco, todos le criticaron el acuerdo del Cenace que frena la entrada en operación de las centrales eólicas y solares. El de Aguascalientes, a través de un tuit, aseguró que en la entidad está garantizado el desarrollo de las energías limpias y va a “Ofrecer certeza jurídica sobre las inversiones en México”, porque es vital para seguir atrayendo proyectos, que generen empleos; y anexó la carta que las Cámaras Europeas de Comercio e Industria con presencia en México remitieron a Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, en la que externan su preocupación por “la falta de seguridad jurídica” para los inversionistas europeos, así como el asombro que provocó la decisión del gobierno mexicano de frenar el aprovechamiento de las energías renovables en el país y “cambiar las reglas del sector energético sin seguir el canal institucional marcado por la ley”.
Sospechosistas. Nos vamos en banda cuando algún diputado en el Congreso habla de saldar alguna deuda histórica con la sociedad, como es el caso de la homologación del matrimonio igualitario o la despenalización del aborto, y es que la mula no era arisca, pero ya hemos visto cómo los temas de derechos humanos son los más manoseados por los diputados, por eso la sospecha sale a flote ahora que la diputada morenita Érica Palomino Bernal presentó una iniciativa para crear la Ley de Amnistía en Aguascalientes, que revaloraría la sentencia de aquellas personas que hayan cometido delitos menores y que no son peligrosos, por lo que beneficiaría a las mujeres criminalizadas por decidir sobre su cuerpo e interrumpir el embarazo, mentira aquella que dice que la ley en cuestión beneficia a secuestradores y a delincuentes violentos, como dicen los diputados panistas que están en contra pues “temen” que aumenten delitos, por lo que un curso de lectura en línea les caería bien mientras pasa la pandemia. Decimos que despiertan nuestras sospechas pues pareciera que aprovechan los diputados la contingencia sanitaria para subir estos temas a tribuna cuando no hay la condiciones necesarias para que los grupos interesados en que se aprueben organicen parlamentos abiertos, mesas de debates, consultas con especialistas antes de que en un dos por tres las desechen, como acostumbran y como sucedió, casualmente, en los Congresos de San Luis Potosí con la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación, y que planteaba modificar artículos del código penal y la ley de salud, o como en Guanajuato que sí se realizó el parlamento abierto pero, señalaron activistas de la organización Las Libres, las iniciativas de los diputados del PRD tienen “profundo desconocimiento del problema, tienen algunos errores, mejor no legislar”. Así que a nosotros sí nos resulta escabroso que quieran hablar en estas condiciones de emergencia sanitaria de la Ley de Amnistía, pues al “perdonarles” la sentencia impuesta a las mujeres que decidieron sobre su cuerpo, el paso natural es promover la despenalización del aborto y por ende, la manera más coherente de dejar de criminalizar a las mujeres por decidir. Érica Palomino tiene pendiente desde diciembre una iniciativa en asuntos generales para realizar una modificación de tipo penal y dar acceso al aborto seguro, por lo que le pedimos encarecidamente que abone a que las condiciones se den para debatirlo, con investigación profunda y tal vez aplazar la discusión hasta que la propuesta de parlamento abierto pueda darse con el regreso a las actividades, y así las organizaciones interesadas se acerquen y ayuden a que se logre, que la presión sea en vivo y todo color verde, por todos lados, no mientras dura el encierro y través solo de redes sociales, con menos impacto. Que no se nos olvide que la diputada panista y defensora de las mujeres sólo los 8 de marzo mientras sale en la foto, Paloma Amézquita, también tiene otra iniciativa en puerta que para “defender la vida desde la concepción”, cuando todos sabemos que lo único que refleja es su postura conservadora contra los derechos de las mujeres, pues es amiga ella del Frente Nacional por la Familia, ese que se atrevió a felicitar al Congreso de San Luis por “actuar correctamente” al votar en contra de la reforma para despenalizar el aborto.
Congruencia. Y es que la lucha por la despenalización del aborto en el país perdió una batalla ayer, luego de que en el Congreso del Congreso del Estado de San Luis Potosí se desechara con 20 votos a favor la propuesta que buscaba modificar estipulaciones de los artículos, 148, 149, y 150, del Código Penal del Estado y considerar improcedente la iniciativa para despenalizar el aborto en la entidad. Se pretendía también modificar disposiciones de los artículos, 57, 57 Bis, 58, 58 Bis, y 58 Ter, de la Ley de Salud a fin de que no se criminalice la decisión de interrumpir el embarazo y establecer disposiciones sanitarias para un aborto libre y seguro. El diputado Pedro Carrizales, mejor conocido como “El Mijis”, reprochó que pese a que el Congreso del Estado tiene igual número de legisladores de Morena y de Acción Nacional no se logró aprobar legalizar el aborto dado los votos en contra de un diputado del PRD y otra diputada de Morena. ¿Dónde está la congruencia, entonces?
La del estribo. Se manda solo, Martín Orozco dijo en entrevista radiofónica para MVS que no confiaba en la información que Hugo López-Gatell presenta diariamente en las conferencias vespertinas, y como el Gobierno de México no ha generado una estrategia, es responsabilidad de los gobiernos estatales la reactivación de cada entidad, el gobernador de Aguascalientes también dijo como la Federación aún mantiene a la entidad en semáforo amarillo, “Yo tendré mi propio semáforo” y seguirá tomando él las decisiones políticas pertinentes y que los lineamientos de salud que se obedezcan en la entidad serán elaborados por la autoridad de salud local. Ay nanita, pero ya es viernes, ánimo y arriba corazones, nos leemos el lunes.
@PurisimaGrilla
