Concluir reformas laborales para garantizar derechos a mujeres

• México aún tiene importantes pendientes en materia de género que no fueron resueltos con la reforma laboral de 2019 y que, tras la pandemia, urgen ser atendidos
• Las mujeres son mayoría en el mercado laboral informal. Seis de cada 10 trabajadoras se emplean en ocupaciones informales

Durante la etapa de recuperación económica tras la pandemia, México debe concluir reformas laborales en materia de derechos de las mujeres y, de manera urgente, garantizar que todas las trabajadoras que perdieron el empleo, en especial las del mercado informal, regresen a sus ocupaciones en las mismas o mejores condiciones de las que tenían antes.

Así lo explicó la abogada laborista, feminista e integrante de la Campaña Trabajo Digno, Angélica González Vega, en entrevista con Cimacnoticias. 

Las mujeres son mayoría en el mercado laboral informal. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social al mes de mayo de 2020, seis de cada 10 trabajadoras se emplean en ocupaciones informales, es decir sin acceso a la seguridad social, a prestaciones y a veces hasta sin contrato.

La mayoría también enfrenta salarios bajos, condiciones de trabajo inseguras o no tienen prestaciones para el cuidado de sus hijas e hijos. Esta situación de informalidad las puso en mayor riesgo de perder el empleo durante la Covid-19 y también las pone en mayor desventaja para acceder a la justicia laboral, ya que tardarán más tiempo para comprobar la relación laboral, de acuerdo con la experta.

Frente a ello, la autoridad laboral se ha mostrado ausente, de acuerdo con la abogada, ya que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo sólo brinda asesoría y recibe reportes que no pueden convertirse en demandas formales, mientras que las Juntas de Conciliación y Arbitraje sólo han atendido conciliaciones. Esta situación es grave, ya que durante las conciliaciones las trabajadoras reciben como restitución de sus derechos violados una cantidad inferior a la que les corresponde, además de que no existe igualdad de derechos porque el empleador tiene todo el poder económico y las trabajadoras desempleadas no tienen ingreso.

Por ello, durante la etapa de recuperación económica o “nueva normalidad”, el gobierno Mexicano debería, en primer lugar, hacer un diagnóstico o análisis para identificar cuáles fueron las afectaciones específicas que tuvieron las trabajadoras durante la pandemia. Luego de este análisis, la autoridad deberá desarrollar acciones afirmativas que permitan que las mujeres enfrenten la mayor precariedad con la que se van a encontrar a partir del nuevo virus, explicó González Vega.

Estas acciones afirmativas y urgentes que surjan para atender la emergencia deberían estar centradas en que las mujeres a quienes se les haya suspendido el ingreso o el empleo durante la cuarentena regresen en las mismas condiciones de trabajo que tenían antes; es decir, que no se les disminuya el sueldo o se les ponga en una posición de trabajo diferente a la que tenían. Asimismo, se debe garantizar con mayor rigor que las mujeres que empiezan a incorporarse a los lugares de trabajo tengan mayores medidas de seguridad y protección a su salud. 

De acuerdo con la abogada, esta pandemia demostró que México aún requiere garantizar que de verdad las mujeres estén en un trabajo decente como lo reconoce la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tengan acceso a la seguridad social, a salario igual por trabajo de igual valor que sus pares varones y a la salud. 

Urgen reformas estructurales

Además de las acciones urgentes para atender las problemáticas de las trabajadoras, derivadas por la contingencia sanitaria por Covid-19, González enfatizó en que México aún tiene importantes pendientes en materia de género que no fueron resueltos con la reforma laboral de 2019 y que, tras la pandemia, urgen ser atendidos.

Por ejemplo, quedó pendiente modificar la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para que las trabajadoras del hogar puedan acceder, además de a la salud, a un crédito para una vivienda digna. El país aún debe la ratificación del convenio 190 de la OIT, sobre erradicar la violencia y el acoso en el ámbito laboral, que actualmente impulsan las trabajadoras del hogar organizadas y la Campaña Trabajo Digno, integrada por defensoras de los Derechos Humanos Laborales.

En materia de justicia laboral, el Congreso federal aún debe discutir cómo se agilizan los procesos legales para las mujeres trabajadoras, ya los litigios laborales son muy lentos y tienen rezagos. A esto se suma que, tras la reforma laboral de 2019, la Ley Federal del Trabajo plantea una contradicción, ya que si bien estipula que la violencia en el ámbito laboral no puede conciliarse, en otro apartado describe a los conciliadores cómo debe ser este proceso en temas de violencia. En concreto, la propuesta es derogar la fracción del artículo 684 E fracción XII de la LFT porque se contradice con  el artículo 685 Tercero de la misma legislación.

Buenas prácticas

La OIT advierte en diversos informes al propósito de la pandemia, que las mujeres en el sector informal serían uno de los grupos más afectados en términos de empleo por las medidas de confinamiento. En atención a esta problemática, algunos países presentaron propuestas emergentes que podrían aliviar la situación de las trabajadoras. Por ejemplo, transferencias económicas a los trabajadores independientes e informales, así como los préstamos otorgados a través de cooperativas de mujeres y la creación de empleos en el ámbito rural.

En Togo, África, el Gobierno implementó un programa de transferencia de efectivo dirigido a las y los trabajadores en la economía informal urbana, pero con mayor remuneración para las mujeres. Proporciona 12 mil 500 Francos CFA (US $ 21) mensuales a mujeres y 10 mil 000 francos CFA (US $ 17) mensuales a hombres. Esta acción cubrió a más de medio millón de trabajadores en un mes. Adicional a esta medida, Togo está discutiendo cómo incentivar a que las y los trabajadores informales se unan a un plan de seguro social para trabajadores independientes e informales que estaba planeado antes de la crisis. 

De acuerdo con la OIT, dado que es probable que la pandemia de Covid-19 tenga implicaciones duraderas para la salud y la asistencia social, las políticas públicas de empleo también deben incluir acciones específicas que garanticen trabajo decente para trabajadores y trabajadores desempleados y satisfacer necesidades urgentes. 

La OIT observó que en otras crisis del empleo garantizar servicios para el cuidado de niñas y niños pequeños y el cuidado en el hogar ha sido una innovación importante que ha beneficiado a mujeres directamente, ya que muchas de las oportunidades de trabajo del sector social fueron ocupadas por ellas, al tiempo que aliviaba la carga para los cuidadores familiares no remunerado. 

Angélica Jocelyn Soto Espinosa | Cimacnoticias