Se debe aclarar cómo se gastaron 2 mil 309 mdp en Aguascalientes: ASF

• Según cifras de la Auditoría Superior de la Federación o ASF, existen poco más de 2 mil 309 mdp que el gobierno de Agusacalientes necesita aclarar o recuperar, ya que no se sabe cómo fue gastado
• El gasto irregular de Aguascalientes en el 2018 superó al de la Ciudad de México
• Se exigen contratos que no fueron presentados, la reintegración monetaria a la tesorería por el pago a maestros sin título o a trabajadores no identificados, entre otras irregularidades

Originalmente publicada el 18 de Mayo de 2020.

El gobierno estatal de Aguascalientes debe de responder por el destino de más de 2 mil 300 millones de pesos que fueron usados de manera indebida durante el ejercicio fiscal 2018 y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó. Dicha cantidad tendrá que ser aclarada al órgano de fiscalización, o habrá que ser reintegrada a la tesorería, aplicando las sanciones correspondientes a cada dependencia o servidor público que haya malgastado el presupuesto del erario. 

De acuerdo al repositorio de información lanzado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en su análisis DataCoparmex, existen 2 mil 309 millones 559 mil 795 pesos con un centavo que el estado tiene que “aclarar o recuperar”, dicha cantidad coincide con la sumatoria de las 24 auditorías que la ASF realizó el año pasado al gasto público de Aguascalientes. 

La revisión del ejercicio fiscal del 2018 tuvo la peculiaridad de que, según la contraloría del estado, las participaciones federales a Aguascalientes (Ramo 28, gasto no etiquetado) fueron auditadas al 100%. Con base en la información del Presupuesto de Egresos del Estado, son 8 mil 243 millones 33 mil pesos los que en ese año se recibieron por concepto de participaciones a entidades federativas, de esos más de 8 mmdp, la ASF encontró que 2 mil 83 millones 169 mil 49 pesos con 54 centavos no fueron gastados apropiadamente, el 25.2% de ese presupuesto. Lo anterior se sustenta en la suma de los pendientes que el órgano autónomo descubrió a través de la auditoría 521. 

A partir de la auditoría 521, se solicita al gobierno estatal que aclare el destino de mil 119 millones 48 mil 722 pesos con 74 centavos del Ramo 28, por falta de información contractual en obras y adquisiciones a realizar con ese dinero (contrato, monto, razón social, RFC, descripción, facturas, cuenta bancaria y banco); asimismo se le emitió un pliego de observaciones -promovidos cuando se presume un daño o perjuicio, o ambos, a las arcas públicas- por 938 millones 582 mil 792 pesos con cuatro centavos “por la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto ejercido con las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018, a cargo de 9 ejecutores”, lo cual incumple con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con el Código Fiscal de la Federación. 

Conjunto de irregularidades

Además de los 2 mil 83 mdp señalados, existen otras auditorías que exhiben un ejercicio poco transparente del recurso federal de Aguascalientes:

*Elaborada con base en la información de la ASF y el resumen de DataCoparmex

Dentro de las 24 auditorías divulgadas como información pública por el órgano fiscalizador dependiente de la Cámara de Diputados, se ejercieron 107 tipos de acción diferentes, dentro de los cuales se encuentran 22 promociones de responsabilidad administrativa que proceden cuando “los servidores públicos incumplen disposiciones legales y normativas en el desempeño de sus actividades”; 56 pliegos de observaciones; 2 informes de presunta responsabilidad administrativa -emitidos en virtud de la no solventación de 2 pliegos de observaciones-; 3 solicitudes de aclaración que documenten la correcta aplicación más de mil millones de pesos; y 24 recomendaciones como propuestas de carácter preventivo para una óptima gestión gubernamental. Los tipos de acción vienen definidos en la Guía para el ciudadano ¿Qué es y qué hace la Auditoría Superior de la Federación?

El Gobierno del Estado está obligado a comprobar qué pasó con esos 2 mil 309 millones de pesos dispersos en todas las auditorías, de no ser así, la guía dicta que se puede gestionar un proceso en contra de la persona responsable, no la entidad, “e implica que sea el individuo quien indemnice al erario público, con sus propios recursos, por los daños o perjuicios ocasionados, a través de un monto monetario estimado”.

Las auditorías exigen contratos que no fueron presentados, reintegración a la tesorería pagos a maestros que no acreditaban su título profesional, así como de pagos a trabajadores no identificados. Asimismo se pide esclarecimiento de incrementos injustificados del capítulo 1000 -Servicios Personales- por casi 18 millones de pesos en el Congreso del Estado. 

La sorpresa nacional

Uno de los puntos más alarmantes que se pueden visualizar en la tercera entrega de Dinero Prófugo del informe de DataCoparmex, es que Aguascalientes, siendo una de las entidades más pequeñas y que menos presupuesto de egresos tiene en todo el país, se posiciona en el décimo séptimo lugar con más gasto irregular encontrado dentro de las 32 entidades federativas, estando por arriba incluso de estados como Querétaro, que no tuvo ni un solo peso injustificado, o del vecino Zacatecas que tuvo alrededor de 129 mdp. 

Aguascalientes aparece incluso con más cantidad de gasto no comprobado que la Ciudad de México. A la metrópoli más grande de la República se le contabilizó un gasto injustificado de mil 470 millones de pesos (cerca de 839 millones menos). La diferencia entre los presupuestos de egresos de Aguascalientes y la Ciudad de México es abismal; mientras que en el 2018 a Aguascalientes se le aprobaron 21 mil 115 millones 845 mil pesos, a la capital del país se le otorgó un presupuesto de 226 mil 851 millones 897 mil 840 pesos, en otras palabras, aún y cuando el presupuesto de la Ciudad de México fue 205 mmdp más alto que el de este estado, sus gastos irregulares fueron menores. 

Las inconsistencias en el gasto público del estado también dieron un salto entre año y año; según la misma información de DataCoparmex, que muestra el histórico del dinero por aclarar o recuperar de las 32 entidades federativas se puede observar que en el 2015 fueron 42 millones 730 mil pesos de dinero prófugo; en el 2016 se bajó a 34 millones 800 mil pesos; en el 2017 se ascendió a 165 millones 4 mil pesos; sin embargo, en el 2018 se aumentó de manera increíble a los más de 2 mil 309 mdp aquí consignados. 

*La gráfica del presupuesto fue elaborada con los datos oficiales del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 de Aguascalientes y Ciudad de México, respectivamente.

*La gráfica del gasto injustificado se hizo con base en la información expuesta en la tercera entrega de Dinero Prófugo de DataCoparmex.

Respecto a las auditorías, el contralor del estado, Dennys Eduardo Gómez Gómez, explicó en entrevista a LJA.MX que la razón por la cual se ascendió a tanto gasto irregular durante el ejercicio fiscal del 2018 es porque la inspección de la ASF sobre las participaciones federales (ramo 28), que representaban en ese entonces casi el 40% de todo el presupuesto, no se hizo de manera muestral, sino que se revisaron íntegramente los 8 mil 243 millones 33 mil pesos que se habían estipulado para ese rubro en el presupuesto de egresos. El exdiputado de la LXIV legislatura señaló que esta era la primera vez que la ASF hacía algo así: “en el 2018 la ASF solicitó la revisión del total de las participaciones federales. Nunca se había hecho”, dijo el titular de la contraloría. Las solventaciones de las auditorías se han visto retrasadas por la pandemia del coronavirus y no se ha dado respuesta a las observaciones.

Municipios también fallan

El Gobierno del Estado no fue el único ente que la ASF auditó durante el 2018; también hizo la pesquisa pertinente a los municipios de Aguascalientes, Calvillo y Rincón de Romos, el resto -Asientos, Pabellón de Arteaga, San Francisco de los Romo, El Llano, Cosío, Jesús María, Tepezalá y San José de Gracia- no fueron incluidos para las auditorías de ese ejercicio fiscal. 

La única auditoría (536) que se le hizo al municipio capital terminó en una recomendación para que “proporcione la documentación e información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo”.

Del mismo modo, la auditoría (522) para Rincón de Romos terminó en una recomendación que “elabore un programa de trabajo con responsables y fechas perentorias para atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas; asimismo, deberá informar de manera trimestral, a la Contraloría Municipal de Rincón de Romos, Aguascalientes, los avances en la instrumentación de los mecanismos para fortalecer el control interno”.

Una de las auditorías de Calvillo (531) tuvo como tipo de acción un pliego de observación en el que se presumía un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por una cantidad de 6 mil 116 pesos con 42 centavos. La otra (539) fue también una recomendación para que “proporcione la documentación e información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo”.

Patricia Kurczyn Villalobos, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), publicó en el 2015 el artículo Rendición de cuentas y combate a la corrupción, en el que navega por los puntos de quiebre entre los conceptos de gobernanza, democracia, rendición de cuentas y corrupción, cada uno ligado inherentemente al otro. Además de las obligaciones gubernamentales y políticas, hace un especial énfasis en la participación ciudadana, apunta que “La sociedad civil está tan obligada como el sistema gubernamental o la sociedad política a colaborar activamente para combatir a la corrupción”. Por lo anterior, la denuncia y la exigencia de que se compruebe el gasto público de un estado debe de fortalecerse para poco a poco ir creando nuevas políticas públicas de rendición de cuentas que no permitan perder de vista cantidades tan grandes del erario. 

A la fecha, no hay respuesta pública y sustentada que garantice el paradero de los 2 mil 309 millones de pesos que la ASF pide “aclarar o recuperar”.