- Las mujeres que se dedican al periodismo también sufren privación ilegal de la libertad, abuso, lesiones, tortura y homicidio, según los expedientes en trámite de la Fiscalía General de la República. ¿Sentencias? muy pocas.
- Periodistas protestan por el asesinato de una compañera en Veracruz.
En México la violencia contra las mujeres se ejerce diariamente en todos los ámbitos y la libertad de expresión no es la excepción. Cinco de cada 10 delitos que sufren las periodistas tienen que ver con amenazas.
Pero también se enfrentan a la privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, lesiones, tortura y homicidios, por mencionar algunos ilícitos que registra la Fiscalía General de la República (FGR).
Datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE, que depende de la FGR), indican que, hasta abril de este año, hay 45 expedientes en trámite que contemplan a mujeres como víctimas directas.
En estos se engloban a 51 afectadas, ya que un expediente puede tener más de una persona.
De los 45 expedientes, 48.9% son por el delito de amenazas, el más recurrente. Después le sigue la privación ilegal de la libertad, con 11.1%; abuso de autoridad, con 8.9%, y homicidio, con 4.4%.
Diversas organizaciones civiles han señalado que los periodistas que corren más riesgos relacionados con su actividad son aquellos que cubren asuntos de justicia y de derechos humanos.
POR ESTADOS
Los delitos exclusivamente en contra de las mujeres al ejercer la libertad de expresión solamente se presentan en 14 estados del país, según consta en estos expedientes en trámite de la FEADLE.
Estos son: Ciudad de México, Quintana Roo, Veracruz, Tlaxcala, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Chihuahua, Campeche, Aguascalientes, Durango, Morelos, Tabasco y Sonora.
Los principales son la Ciudad de México, Quintana Roo y Veracruz, que concentran 55.5% de los delitos cometidos contra las mujeres que ejercen la actividad periodística.
Veracruz resalta, pues es una violencia que va más allá del género. Incluso hay un informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el que se pronuncia sobre lo que enfrentan las personas que ejercen el periodismo en ese estado.
Destaca que de 2010 a noviembre de 2019 se reportaron 23 homicidios de periodistas, 71 agresiones y tres atentados a medios de comunicación.
Periodistas protestan en Veracruz por el asesinato de su compañera María Elena Ferral.
El pasado 30 de marzo, en la entidad que gobierna Cuitláhuac García Jiménez, fue asesinada la periodista María Elena Ferral, quien era corresponsal del Diario de Xalapa. Diversos medios informaron que recibió tres disparos, convirtiéndose en la primera carpeta de investigación de 2020 de la Fiscalía General del Estado por homicidio de una persona dedicada al periodismo.
Hasta el 7 de mayo iban seis personas detenidas de las 11 imputadas por este crimen, según lo que dieron a conocer el gobernador García Jiménez y la encargada de la Fiscalía, Verónica Hernández. Entre esas personas hay un compañero de profesión.
El año pasado, la reportera Gabriela Rasgado denunció el acoso de la administración de García Jiménez. Se le prohibió justamente escribir sobre cualquier tema que tuviera que ver con la Fiscalía. La acusación la llevó hasta el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien solamente se limitó a decirle “eso ya no se hace”.
UN PROBLEMA ARRAIGADO
Este es un problema de años en nuestro país y estos expedientes en trámite hasta el momento sólo son la punta del Iceberg. Un análisis de la Universidad Iberoamericana escrito por la periodista especializada con enfoque de género, Lucía Lagunes, señala que algo que caracterizó al gobierno de Felipe Calderón y que perduró hasta el de Enrique Peña Nieto fue su autoritarismo.
En esos dos sexenios, 551 mujeres dedicadas a la labor periodística fueron amenazadas, intimidadas, asesinadas, desaparecidas u obligadas al exilio.
De acuerdo con la información histórica de la FEADLE, desde julio de 2010 (fecha en que se creó la fiscalía) a abril de 2020 se han iniciado mil 290 indagatorias, de las cuales 224 son asuntos donde las víctimas son exclusivamente mujeres.
Sin embargo, en los asuntos donde las afectadas son directamente mujeres, sólo se ha ejercido acción penal en 38 casos.
Además, sólo hay tres sentencias: dos en Quintana Roo, ambas por tortura, una en 2017 y otra en 2020, y una tercera en Chihuahua, por homicidio, también en este año.
La primera de 2017 de Quintana Roo corresponde a uno de los casos más relevantes, el de la periodista Lydia Cacho. En ese año fue sentenciado el excomandante José Montaño Quiroz, por torturarla en 2005 al cumplimentar una orden judicial en contra de la periodista por órdenes de quien en ese entonces era el gobernador, Mario Marín Torres.
A Montaño Quiroz se le condenó a cinco años de prisión, una multa de 265 días y destitución e inhabilitación por cinco años tres meses para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
En su Análisis de Investigaciones sobre Delitos Contra la Libre Expresión, la organización Artículo 19 calificó esta sentencia como histórica, pues fue la primera vez en el país que “se reconoció el carácter sexual de la tortura cometida contra una mujer periodista, además de vincular tales agresiones a su labor periodística”.
Pero a pesar de ser un asunto de relevancia, para la organización que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, la pena fue inadecuada, debido a la gravedad de los hechos y además no involucró a los autores intelectuales.
Este 2020 se dictó una segunda sentencia por el caso de Lydia Cacho, para otro excomandante, Juan Sánchez Moreno, quien también participó en la detención y tortura de la periodista. Igualmente se le impuso una pena de cinco años y tres meses de prisión.
SEÑALAN LIMITACIONES
Desde hace unos años, diversos informes realizados por Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por su sigla en inglés) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés), así como del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C., han advertido las limitaciones financieras y de recursos humanos de la FEADLE para cumplir con su mandato.
De 2014 a la fecha esta Fiscalía ha experimentado una constante reducción de su presupuesto. Por ejemplo, en ese año se asignaron 39 millones de pesos. En 2015 bajó a 28.8 millones, en 2016 a 25.1 millones, en 2017 a 18.4 millones, en 2018 a 17.9 millones. Con AMLO la situación sigue igual, pues en 2019 disminuyó a 12.8 millones. Este año hubo un ligero aumento, para ubicarse en 14.4 millones.
“Si la FEADLE estuviera dispuesta a asumir cada caso que podría estar bajo su jurisdicción según la legislación mexicana, su capacidad para procesarlos se vería severamente limitada por una falta de recursos humanos y financieros, un problema que también ha contribuido a su baja tasa de éxito”, señalaron en 2019 PBI y WOLA.
Un año antes (2018), el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. puntualizaba lo mismo: “La ausencia de presupuesto adecuado para su funcionamiento impacta de forma negativa en el desarrollo de las investigaciones, sobre todo por no contar con el personal capacitado y adecuado que pueda responder al aumento sistemático y generalizado de la violencia en contra de periodistas y medios de comunicación”.
@ptcervantes
