- María Amparo Casar critica que, teniendo el presidente una historia de lucha contra la concentración del poder, ahora su gestión se mueva hacia un ‘hiperpresidencialismo’
- Poner en marcha el Artículo 29 de la Constitución que habla del Estado de Excepción sería el mejor camino para acotar esa iniciativa, sostienen expertos en mesa de análisis
Las iniciativas y decretos propuestos por el Ejecutivo para atender a la pandemia por el coronavirus tienen un claro espíritu autoritario y atentan contra la gobernabilidad, coincidieron expertos en la mesa de análisis ‘Gobernabilidad en México, ante la crisis sanitaria del Covid-19’.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, organización convocante de dicho encuentro, sostuvo que la emergencia sanitaria que vivimos en México se suma a una serie de decisiones impuestas por el Ejecutivo que han alterado la gobernabilidad, y “si alguien se pregunta si la pandemia podría fortalecer el autoritarismo y servir como pretexto para imponer medidas que pasen por encima de los derechos humanos, la respuesta es sí”.
Refirió que estas acciones hacen que nos preocupemos seriamente no sólo por la gobernabilidad sino por nuestro sistema democrático, ya que “las propuestas legislativas recientemente presentadas por el Ejecutivo tienen una clara definición autoritaria o incluso dictatorial”.
Morera expuso que México vive el peor escenario, altos niveles de criminalidad y con un gobierno que no le gusta nuestro sistema democrático e insiste en derrochar recursos en proyectos petroleros sin sentido.
La activista ciudadana comentó que bajo la consigna de que todo lo construido en el pasado es reflejo de un régimen corrupto, se ha iniciado un desmantelamiento sin miramientos de lo que existía, independiente de cualquier análisis sobre sus objetivos y sus funcionalidades.
María Amparo Casar, Presidenta Ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se mostró sorprendida por el riesgo de ingobernabilidad que vive actualmente el país porque el presidente venía con total legitimidad, con mayoría en las dos cámaras y los que no votaron por él mantenían cierta tolerancia frente a sus políticas: “La gobernabilidad la empezó a perder con las víctimas de las causas que encabeza, con los funcionarios públicos que no votaron por él, los policías, las mujeres y con la comunidad científica y cultural del país, ahí se crearon los polos del descontento”, […] “…el presidente perdió una gran oportunidad para fortalecer la gobernabilidad y es imperdonable por el arranque que tuvo y que desperdició”.
Refiere que siendo un presidente que se dice de izquierda, que participó en el PRD, que luchó contra la concentración del poder, y defendía la división de poderes, haya abandonado esa lucha y, en su gestión, concentre más poder al cooptar órganos autónomos: “Estamos ante un jefe del Ejecutivo que está regresando a lo que antes se llamaba el hiperpresidencialismo”, sostuvo la académica.
El economista Jorge Suárez Vélez indicó que, ante la crisis económica que actualmente vive México, la gobernabilidad se verá afectada y será preocupante lo que suceda cuando el presidente pierda el control del Congreso, o se quede sin dinero: “veremos reacciones autoritarias, atacará a los medios con más violencia, se acrecentarán las amenazas contra quiénes no se alineen y Santiago Nieto seguirá siendo el sicario de confianza”.
Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional y ex Secretario Ejecutivo del Coneval, expuso que el presidente de México enfrenta un país más polarizado, con críticas de movimientos como el feminista, y cuando llega el coronavirus, que no estaba en su libreto, en lugar de cambiar de estrategia, mantiene todo igual.
Pedro Salazar Ugalde, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, criticó que hoy en día tenemos un presidente que concentra poderes, toma decisiones que no le corresponde en sus capacidades constitucionales, y genera decretos como si fueran normas.
Sobre la “emergencia económica” con la que Andrés Manuel López Obrador podría hacer un manejo discrecional del presupuesto, el académico propuso poner frenos a esta medida mediante el artículo 29 constitucional ya que “contempla que la emergencia sea declarada pública, se limitan los ámbitos territoriales, la duración de las medidas, los derechos que no pueden ser suspendidos y, sobre todo, se mantienen controles legislativos y jurisdiccionales”.
En la misma línea se pronunció María Elena Morera: “activar el artículo 29 constitucional que define perfectamente el estado de excepción, se le daría un marco claro de lo que sí se puede y lo que no y bajo qué controles”.
Morera propuso tres posibles acciones de salida ante la crisis que vive el país:
- Poner fin a las acciones e iniciativas que atentan contra la división de poderes, y contra la autonomía e independencia de muchas de nuestras instituciones.
- Reasignar enormes recursos destinados hasta ahora a proyectos que no tienen vocación social ni sentido económico, y se canalicen hacia la atención de la emergencia sanitaria, el rescate del sistema de salud y hacia un fondo de emergencia en materia de seguridad.
- Reconstruir el Sistema Nacional de Seguridad Pública, asegurar mayores presupuestos y un diseño institucional que le permita actuar con eficacia para fortalecer a nuestra policía; consolidar una Guardia Nacional de carácter civil, y enfrentar a los criminales con la contundencia que exigen nuestras leyes.
Este encuentro virtual forma parte del ciclo de mesas de análisis titulado “Violencia, Seguridad y Derechos Humanos ante el COVID-19 en México”.
Causa en Común
