- El grupo guerrillero lanza manifiesto ante Covid-19
- A través de un correo enviado a 110 destinatarios, el EPR alude al “legítimo derecho a tomar” las mercancías de “los grandes centros de acaparamiento burgués”. Y evalúa: “El Covid-19 deja al descubierto el desmantelamiento del sistema de salud pública y su privatización de manera velada”
EMEEQUIS/Jorge Alejandro Medellín
En la segunda quincena de marzo se suscitó una oleada de saqueos a pequeños y medianos comercios en al menos 11 estados del país, convocada en redes sociales por grupos de civiles bajo el argumento del supuesto desabasto de productos básicos.
Una semana después de los últimos robos y detenciones de los incitadores, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) publicó el número 199 de su órgano de comunicación y propaganda, El Insurgente, en el que, además de analizar la realidad nacional desde su perspectiva marxista-leninista y revolucionaria, justifica la ola de saqueos y califica las medidas de aislamiento del “Quédate en Casa” y la “Sana Distancia” como actos represivos del sistema, con carácter profascista.
Aún más: el EPR saluda “el legítimo derecho de tomar” las mercancías “acaparadas por los burgueses”. En tanto, autoridades civiles y militares investigan si el grupo guerrillero o sus simpatizantes en la periferia de la Ciudad de México y en el sureste tuvieron algo que ver con los saqueos convocados en redes sociales.
El “derecho a saquear”
Durante la tarde y noche del 4 de abril, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) envió por correo electrónico a 110 destinatarios el número 199 de su órgano de difusión y propaganda, El Insurgente, para dar a conocer su postura respecto a la pandemia del Covid-19 y a la forma en que el gobierno mexicano está enfrentando la emergencia sanitaria.
Los miembros del EPR tardaron tres meses en manifestarse de nuevo. En enero de este año, en el número 198 de su órgano de difusión, criticaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por “conservar los esquemas e hilos conductores de neoliberalismo”, personificado en el empresario Alfonso Romo, su amigo y enlace con los empresarios en la era posterior al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Ahora, cuando se han presentado saqueos en varias poblaciones, el EPR emite un nuevo y extenso documento para retomar la revisión de los puntos débiles del actual gobierno, sumando al análisis el contexto de la pandemia del coronavirus.
Los eperristas afirman, categóricos, que detrás del aparato de Estado se oculta en realidad todo un tinglado de mecanismos para echar abajo el de por sí maltrecho sistema de salud pública del país.
El EPR sentencia que “hoy el Covid-19 deja al descubierto una realidad que tiene décadas en México, el desmantelamiento del sistema de salud pública y su privatización de manera velada”.
Bajo esta dinámica y en el contexto de las medidas para contener el Covid-19, el EPR determina que el pueblo debe repudiar las medidas de aislamiento y “distancia social”, porque entrañan un carácter profascista y promueven deliberadamente la indiferencia entre hermanos de clase. “Con dichas medidas el único beneficiario es la oligarquía”.
En una condición de adversidad para el pueblo, lo que debe imperar es la solidaridad entre hermanos de clase, la unidad en torno al interés colectivo y preparar la guerra del pueblo contra sus opresores, señalan los eperristas.
Asaltos a plena luz
A finales de febrero de este año, y tras conocerse el brote paulatino pero constante del Covid-19 en Europa, se temió que en México hubiera compras de pánico anticipadas, mucho antes que la pandemia comenzara a propagarse aquí (el primer caso se confirmó el 28 de febrero).
Las primeras compras ocurrieron como se esperaba. Con el pretexto del desabasto y ante supuestos escenarios de anarquía, varias tiendas de autoservicio e incluso tiendas de electrodomésticos y de telefonía celular fueron asaltadas a plena luz del día.
Cuerpos policiacos del Estado de México se movilizaron para responder a los llamados de emergencia por los atracos, que se daban principalmente en la zona conurbada de la capital.
Los primeros episodios de violencia fueron controlados al inicio de marzo, pero en la segunda quincena del mes un nuevo factor agudizó de nuevo el fenómeno: se convocaba a la población a través de Facebook a saquear determinadas tiendas en fecha y horas precisas.
Entre el 22 y el 26 de marzo se registraron al menos 19 robos e intentos de robo a tiendas de autoservicio y de conveniencia en 10 de las 16 alcaldías de la capital. Iztapalapa fue la más afectada, con seis irrupciones.
Le siguieron la alcaldía de Cuauhtémoc, con tres; Miguel Hidalgo, con dos, Iztacalco con otros dos y Azcapotzalco con uno. Mientras que en Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Tlalpan y Benito Juárez ocurrió un asalto por demarcación.
El Estado de México registró la mayor actividad delictiva ligada a las convocatorias para saquear comercios, especialmente aquellos en los que se venden pantallas planas de gran tamaño, consolas para videojuegos, teléfonos celulares, relojes y electrodomésticos.
En el lapso señalado se detuvo al menos a 18 personas por robar objetos que no tenían nada que ver con alimentos, medicinas o insumos de la salud. Las detenciones se realizaron en los municipios de Tecámac (4), Ecatepec (3), Naucalpan (2), Cuautitlán (2), así como en Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tultitlán, Texcoco, Amecameca, Ixtapaluca y Chalco, con un detenido en cada municipio.
Pero la Ciudad de México y su periferia no fueron los únicos puntos de conflicto. En Chiapas, por ejemplo, en Huixtla y Tapachula, fronterizas con Guatemala, también vivieron jornadas de saqueo entre el 21 y el 25 de marzo, en acciones convocadas en redes sociales por gente que fue identificada y detenida días después.
Además del Estado de México, entidades como Chiapas, Guanajuato, Nuevo León, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua tuvieron sus propias rondas de asaltos a pequeños y medianos comercios.
El “acaparamiento burgués”
Los ideólogos del grupo armado también señalan en El Insurgente que en el actual contexto de agudización de la crisis económica, la precariedad de las masas y la anulación de los derechos de salud, entre otros fundamentales para la existencia humana, “el pueblo debe tomar en sus manos la solución: recurrir al legítimo derecho de tomar y hacer uso de las mercancías concentradas en los grandes centros de acaparamiento burgués”.
El EPR va más allá y advierte que los gobiernos y los medios de comunicación le han atribuido al Covid-19 “propiedades supraeconómicas para desquiciar economías”. Esto expone la incapacidad del Estado burgués, la condición del sistema de salud pública y las políticas de gobierno en torno a la economía y la salud, añade el análisis del grupo armado.
El grupo acepta que la pandemia es cierta y de muy fácil propagación, y denuncia una verdad contundente: que “otras enfermedades relacionadas con la pobreza generan más muertes que pasan desapercibidas, no tienen la cobertura mediática que hoy se da con fines políticos y económicos” (al Covid-19).
En ese contexto, continúa, “la desnutrición y el dengue, entre otros, cobran más vidas en México que el actual fenómeno; por ejemplo, tan solo en Veracruz, se han registrado 50 muertes por dengue de febrero a marzo del presente”.
Estas muertes obviamente suceden por falta de recursos económicos para enfrentar el problema y una política de salud pública deficiente, enfocada en el factor correctivo y no en el preventivo, considera el EPR, al acusar que la “ignorancia es el marco general en el cual se ha dado la cobertura mediática”.
Así, las medidas adoptadas reflejan métodos medievales para su contención, como la “sana distancia”, a la que interpreta como un mecanismo de “aislamiento social, como en tiempos feudales ante la peste”, en los que había que “encerrarse a canto y cal”.
Con todo esto, dice, queda en evidencia que el sistema de salud privatizado es incapaz de proporcionar salud al pueblo.
Hay que tomarlos en serio
Para el doctor Javier Oliva Posada, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), conferencista en el Colegio de Defensa Nacional, en la Escuela Superior de Guerra y en el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV), además de especialista en seguridad nacional, la reciente actividad del EPR no representa un hecho extraordinario y se inscribe más bien en una dinámica de convocatoria con la que muestra que es una organización aún viva, luego de casi un cuarto de siglo de haber surgido a la luz pública.
Para Oliva, exasesor externo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el EPR no ha desaparecido y explica que este tipo de manifestaciones la han hecho en otras ocasiones y en contextos distintos. No obstante, sostiene que la actividad del grupo subversivo no representa un peligro para el Estado mexicano y sus fuerzas del orden.
“No creo que (su actividad) sea peligrosa. Sí hay que tomarla en serio, pues se trata de una organización vigente y en actividad”. Agrega que, hasta el momento, no hay indicios de que hayan estado detrás de la ola de saqueos de marzo pasado.
Javier Oliva añade que la gente del EPR, “de forma regular, ante un evento traumático, suelen hacerse visibles”.
En 2006, en su texto, La otra guerrilla mexicana. Aproximaciones al estudio del Ejército Popular Revolucionario, Jorge Lofredo, especialista en movimientos subversivos en América Latina, señalaba que esta insurgencia constituía una dimensión inexplorada de la realidad mexicana, surgida inmediatamente después de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas.
El EPR, señalaba, es la guerrilla poszapatista, que inició en 1996, pero que en cuatro años se disgregó y redujo a la mínima expresión. La influencia del zapatismo, el accionar militar de las corporaciones de seguridad mexicanas, el correlato con las luchas sociales y el sinuoso proceso de transición democrática que no alcanza a las zonas rurales, condicionaron en diferentes formas este proceso, apuntaba Lofredo.
El EPR apareció públicamente en junio de 1996, un año después de la matanza de 17 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), perpetrada por policías del estado de Guerrero en el vado de Aguas Blancas. Un comando de eperristas se mostró durante la ceremonia luctuosa llevada a cabo un año después de la masacre.
Su actividad operativa y de adoctrinamiento se dio principalmente en Guerrero, Oaxaca y el norte de Chiapas, con presencia de comandos en la periferia de la capital del país y entidades como el Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Veracruz.
Sus desaparecidos
En junio de 2007 policías y militares detuvieron en Oaxaca a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, dos de sus fundadores. El EPR ha enarbolado en este cuarto de siglo sus banderas de guerra popular revolucionaria y ha sostenido también la exigencia para que el Estado presente vivos a los desaparecidos.
Jamás ha obtenido respuesta de los distintos gobiernos priístas, panistas o de cualquier otra filiación política. En 2007, un mes después de la desaparición de los profesores Reyes y Cruz, el EPR lanzó una ofensiva en distintas ciudades del país con ataques explosivos, demandando una vez más la presentación con vida de los desaparecidos en Oaxaca.
En julio, agosto y septiembre de 2007, comandos eperristas atacaron instalaciones y ductos de Petróleos Mexicanos en Cadereyta, Querétaro, en Tlaxcala y en Veracruz, en donde detonaron seis artefactos en diversos puntos del estado.
El 24 de septiembre, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) externó su apoyo al EPR en su exigencia de que el gobierno presentara con vida o diera luces sobre el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
La tregua con Calderón
La ofensiva eperrista obligó al gobierno de Felipe Calderón a negociar una tregua con el grupo subversivo, que aceptó suspender los ataques, mientras una comisión agilizaba la búsqueda de Amaya y Cruz, con una suerte de amnistía de por medio.
La comisión, integrada por Miguel Ángel Granados Chapa (+), Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor (+) y Samuel Ruiz García (+) nunca recibió el apoyo, la herramientas y medios para avanzar en el esclarecimiento de las desapariciones y fue disuelta al terminar el gobierno de Felipe Calderón.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto se dieron nuevos acercamientos para localizar a los líderes eperristas desaparecidos. En julio de 2014, el EPR solicitó en una carta a Gilberto López y Rivas, político y antropólogo mexicano, su mediación para reabrir la búsqueda de los desaparecidos. En 2015 hubo algunos avances en la indagatoria. Un juez federal ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) abrir sus cuarteles en Guerrero para que una comisión revisara si había restos de ellos. No se encontró nada.
Ya con López Obrador en el poder, el comité de familiares de desaparecidos el EPR retomó el tema y exigió al nuevo gobierno otra búsqueda que incluyera testimonios de los mandos militares y policiacos que estaban a cargo de operativos en junio de 1995.
Después de esta etapa en la que el EPR fue prolífico en sus textos y propaganda ideológica, su presencia fue disminuyendo en forma acelerada.
Los años del presidente Vicente Fox y los de Felipe Calderón en el poder fueron también los del surgimiento de una veintena de organizaciones guerrilleras en todo el país. Los especialistas en el tema consideraban que estos grupos, más de papel que de carne y hueso, podrían ser, en el mejor de los casos, escisiones del propio EPR para dar la impresión del crecimiento y expansión del movimiento subversivo.
En cuestión de meses estos grupos desaparecieron y el EPR quedó como la única organización guerrillera que le hizo frente al gobierno más allá de su territorio, con movilización y ofensivas cíclicas que al final también se volvieron esporádicas.
En 2014, sin embargo, el EPR regresó a la ofensiva y detonó explosivos en una tienda Soriana localizada en Ecatepec, Estado de México, en la misma zona en la que se dieron los primeros saqueos a comercios en el contexto del falso desabasto por la crisis del coronavirus-19.
Repliegue táctico
En 2013, Jorge Lofredo dijo en una entrevista con BBC Mundo que el silencio del EPR y de otras organizaciones subversivas obedecía a un repliegue táctico forzado por varias causas: sus propias diferencias y divisiones internas, el crecimiento, el poderío y la violencia de los cárteles del narcotráfico y el desarrollo de tecnologías que le permiten al aparato de Estado ubicar con mayor facilidad a sus enemigos.
Para el experto en temas de subversión en Latinoamérica, los largos silencios del EPR y de otros grupos armados no significan que esté por desaparecer, sino que se están reorganizando y replanteando sus agendas.
Lofredo fue coordinador del Centro de Estudios de los Movimientos Armados (Cedema), el cual tiene un portal con información detallada sobre este fenómeno y su desarrollo. El portal cedema.org contiene datos sobre 375 grupos armados que operan o han operado en 22 países.
En ese universo de organizaciones subversivas de diversa tendencia ideológica, México aparece con 50 grupos guerrilleros en un listado en el que el EPR es sin duda el más activo de todos; de hecho, los últimos 15 comunicados o documentos de propaganda consultables en el sitio de Cedema son todos de su autoría. El único grupo armado que no aparece en el portal es el EZLN.
Argentina es el país que registra más organizaciones subversivas en el continente, con 69 grupos; le sigue Chile, con 64 organizaciones; después México, con 50 (sin contar al EZLN); Colombia, con 27 grupos, y luego Ecuador, con 17; Venezuela, con 16; El Salvador, con 14; Brasil, también con 14; Puerto Rico, con 13 grupos; Perú, con 12 organizaciones; Bolivia, con 11; Guatemala, con 9; Uruguay, con 8 grupos; Honduras, con 7; República Dominicana, con 5 organizaciones; Paraguay y Cuba, con 4 grupos cada uno; Panamá, con 2, y Haití, con un grupo subversivo.
El solo seguimiento y documentación del EPR constituye en sí mismo una agenda que permite entender una parte fundamental de la subversión, las organizaciones armadas y su permanencia en México, más allá de las décadas de los setenta y ochenta, posteriores a la masacre estudiantil de 1968 que abrió caminos para la vía armada como alternativa a los estados represores.
En tanto, los órganos de inteligencia del Ejército y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mantienen un seguimiento preventivo en torno a los saqueos, especialmente en el caso del Estado de México (Ecatepec, sobre todo), en donde el EPR ha tenido presencia recurrente, luego de también haber sostenido a varios comandos en Xochimilco, Milpa Alta y Cuajimalpa, en la capital del país, hace algunos años.
@JorgeMedellin95
