El Pleno de la sexagésima Legislatura se quedó mudo, luego de que el presidente, Francisco Guel Sosa, reconviniera fuertemente a sus compañeros, pues la aprobación de los contenidos de la sesión anterior, quizá por vez primera en su historia, no pasó el visto bueno de los diputados, pues éstos se encontraban en sonora cháchara. Parecía, por momentos, que habían olvidado que habían convocado a sesión del pleno para fijar su postura con respecto a los hechos del pasado viernes, en los que la Policía Federal, escoltada por la estatal, irrumpió en sus oficinas de Gestión Social para realizar un cateo.
Tras el reconvenimiento, y la nueva petición para aprobar los contenidos de la anterior acta –que pasó, ahora sí, por unanimidad- los diputados le dieron la suficiente seriedad al tema,
La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Nora Ruvalcaba Gámez, fue la que planteó el posicionamiento más duro y crítico al exigir “la renuncia inmediata de los altos mandos policíacos que participaron en el atraco al personal y al recinto oficial, mancillado por la idiotez y perfidia de los policías empeñados en encontrar algún rasgo de delincuencia en los bolsos del personal y en los cajones de sus escritorios. Debemos exigir castigo para todos aquellos que, violando nuestras leyes, irrumpieron en nuestro recinto como pandilleros. Que caiga todo el peso de la ley en estos malhechores que denigran las instituciones públicas. Salen sobrando las disculpas”.
Luego del atronador discurso de Ruvalcaba, siguió en el turno el flamante legislador Edgar Bussón Carrillo, quien con muchísima más mesura solicitó que “se realice una exhaustiva investigación de los hechos para conocer quién ordenó ese operativo, quiénes encabezaron el mismo y quiénes fueron los que cometieron tal hecho delictivo”. Aseguró que con los resultados que arroje la investigación, el Congreso podrá analizar y determinar las acciones legales que procedan para “castigar a los autores intelectuales” del operativo.
Tocó el turno entonces para el Partido Verde Ecologista de México, y en voz del diputado Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, estableció que “pareciera que las corporaciones policíacas necesitan recordar que la seguridad pública es una obligación del Estado y un derecho del ciudadano; que la seguridad pública implica que las personas puedan disfrutar libremente de sus derechos humanos en un Estado de derecho, en donde haya un respeto absoluto del ser humano y de la normatividad vigente. La autoridad sólo puede realizar cateos mediante una orden escrita de la autoridad competente, y no pueden practicar revisiones a las personas sin tener un motivo o fundamento debidamente establecido y, mucho menos, dañar su integridad física y mental”, aseguró.
Tras ello, siguió el diputado panista Javier Luévano Núñez, quien fue aun más ‘blando’ en su posicionamiento: “exhortamos al gobierno para que implemente operativos de inteligencia policial eficaces, para que estos abusos no se vuelvan a cometer”.
Por el Partido Convergencia, el legislador Vicente Pérez Almanza aventuró que “debiésemos pensar también que existe una posibilidad real de que el llamado anónimo a las fuerzas estatal y federal haya sido realizado por el crimen organizado, para precisamente quitar del camino al general Eugenio Hidalgo Eddy. Debemos ser cuidadosos en las decisiones que tomemos, porque el crimen lo que busca es precisamente desestabilizar al Estado. Aunque también es plausible la decisión gubernamental de combatir con todo al crimen organizado, pero reprobable hacerlo sin el más mínimo razonamiento de inteligencia. Hoy, de nadie es desconocido que la Policía Municipal ha quedado rebasada, es más, donde ni siquiera les urge nombrar secretario, con un encargado de despacho basta. Gobierno del Estado implementa un sistema de coordinación entre la Policía Estatal y Ministerial, siendo nuevamente rebasados, y en la que se han visto circular tres procuradores de justicia”, dijo.
Tras los posicionamientos de los partidos, se aprobó por unanimidad el acuerdo mediante el cual las Comisiones de Gobierno, Seguridad Pública y Derechos Humanos llaman a comparecer, el próximo martes tres de marzo, a las diez de la mañana, en el salón Aquiles Elorduy, al secretario de Seguridad Pública Estatal, Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, “para que explique e informe a profundidad sobre los operativos implementados el viernes pasado, además de informar quiénes fueron los responsables de dicha estrategia policíaca”.
En la misma sesión, fue aprobado por mayoría el Punto de Acuerdo presentado por el legislador Vicente Pérez Almanza, con las modificaciones presentadas por el diputado Edgar Bussón Carrillo, para “Exhortar a la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la sexagésima Legislatura, a efecto de que inicie investigación en uso de sus facultades y a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, así como a solicitar a la Procuraduría Federal del Consumidor, delegación Aguascalientes, la información concerniente a las quejas realizadas en contra de las empresas constructoras e inmobiliarias destinadas a la construcción de viviendas en el estado, por el incumplimiento a lo ofrecido a las familias adquirientes de vivienda a la empresa VIVENDUM, a proveedores, el estado de trámite que guardan las mismas; así como el cumplimiento a las disposiciones en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano”.
Se avaló también el punto de acuerdo presentado por el legislador José Robles Gutiérrez, en representación de la Comisión de Educación y Cultura, para exhortar al director del Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes, Oscar Ponce Hernández, para que establezca un programa de difusión institucional, en el que se informe a los integrantes del sistema educativo del Estado, las obligaciones y responsabilidades en materia electoral, así como las sanciones y conductas delictivas en dicha materia.
Ya en asuntos generales, el diputado Francisco Javier Luévano Núñez, a nombre del GPPAN, propuso un Punto de Acuerdo para exhortar al Comité Técnico del Fideicomiso que Administra el Fondo del Apoyo Social para Ex Braceros Migratorios, que investigue las anomalías, hechos irregulares y actos dolosos cometidos en el Estado de Aguascalientes, durante el proceso de registro y el pago del fondo de apoyo social.
