La presión por gastar con el objetivo de aliviar situaciones de crisis por emergencias conlleva a reducción de controles, amplía la discrecionalidad en las decisiones de gasto, genera más oportunidades de colusión entre empresas, e incentiva a que se otorguen sobornos a cambio del pago de precios inflados, entre otras prebendas.
Roberto de Michele y Juan Cruz Vieyra, especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo en temas de transparencia, gestión pública y gobierno digital.
Estimados Amigos invisibles, continuando con la “cuarentena” que se puede convertir en sesenta días o más por el tema de salud, llamado Covid-19. #QuedateEnCasa, porque viene la etapa más preocupante, la fase 3, en donde el contagio del coronavirus puede ser mayor. Como ya les he dado a conocer que tanto el Poder Legislativo y Ejecutivo aprovechan estas etapas de crisis para aprobar a discreción dictámenes y decretos, según sea el caso -revise las dos columnas anteriores-.
Ahora tocaremos el tema salud, considerado como un “derecho inalienable y aplicable a todas las personas sin importar su condición social, económica, cultural o racial y para que puedan ejercerlo se deben considerar los principios de accesibilidad y equidad. El derecho a la salud significa que los gobiernos deben implementar las medidas que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible, incluyendo la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la salud no debe entenderse como el derecho a estar sano”.
De lo anterior, mientras que la ciudadanía se ocupa y preocupa por esta crisis de salud que estamos viviendo, las autoridades nacionales y locales están abocadas a la titánica tarea de conseguir recursos financieros que permitan enfrentar la actual crisis sanitaria y, al mismo tiempo, evitar un descalabro económico. El mensaje es claro: los recursos deben ser utilizados de manera rápida y efectiva.
Como lo plantean en el estudio titulado “Transparencia para asegurar políticas efectivas en momentos de crisis” sus autores: Roberto de Michele y Juan Cruz Vieyra señalan que:“las epidemias, crisis humanitarias o actividades para estimular la economía son situaciones en las cuales se manifiestan riesgos altos de uso indebido de los recursos públicos. Cuando hay fraude y corrupción se pierde dinero indispensable para enfrentar la crisis de manera efectiva. Esto, a su vez, genera un círculo vicioso donde se ve afectada la gobernabilidad, especialmente por la merma de confianza de la ciudadanía en las instituciones”
Los autores agregan el factor: corrupción. Plantean que, “la corrupción en el sistema de salud estima que al menos el 10-25% del gasto mundial se pierde directamente a través de la corrupción, lo que representa cientos de miles de millones de dólares perdidos cada año. Es un sector por naturaleza complejo, donde predomina la asimetría de información entre oferta y demanda, y los mercados no siempre son abiertos y competitivos. La corrupción en el sector salud abarca desde el fraude en la construcción de hospitales, las prácticas indebidas de prescripción de medicamentos, beneficios otorgados a personas que no califican como beneficiarios y la reventa privada de insumos de hospitales públicos, hasta la captura de las regulaciones para la aprobación de ciertos medicamentos. En estado de emergencia, los riesgos de integridad en este sector se manifiestan especialmente en la compra y distribución de medicamentos, la adquisición de equipos especiales para realizar pruebas epidemiológicas, la compra de insumos, el alquiler de espacios privados para el alojamiento de afectados y construcción de pequeñas obras de infraestructura”.
Aquí es donde la pregunta sale a flote, ¿Cuánto presupuesto autorizó el Congreso del Estado para afrontar esta crisis de salud en Aguascalientes? ¿Cuánto presupuesto ha ejercido el Poder Ejecutivo en la compra de medicamentos y adquisición de equipo para afrontar la epidemia? ¿A quién le ha realizado las compras? ¿costo de alquiler -si es que los hubiere- de los espacios para el alojamiento de infectados? ¿Cuántos y el costo de los túneles sanitizantes?
Como ve, son un sinfín de preguntas, que deben de dar a conocer nuestras autoridades estatales.
Pero no solo los recursos económicos se deben aplicar con eficiencia y eficacia, sino también, la información que deben proporcionar al ciudadano de a pie, más allá de dar a conocer el número de contagios, el número de fallecidos (a nivel nacional y por Estado) o bien, el número de “sospechosos” contagiados, deberían por obligación proporcionar la información respecto a las medidas -todas- que se han tomado en esta crisis, las capacidades hospitalarias, tanto de espacios, material, sobre todo, la capacidad de personal -médicos y enfermeras- por cada centro hospitalario, se contará con un centro médico especializado y exclusivo para atender a los pacientes que den positivo al diagnóstico o que presenten los síntomas del Covid-19 -realmente estamos preparados con todos lo recursos para afrontar esta crisis de salud en el Estado (es pregunta)-. Toda esta información debe de dar a conocer las autoridades, más allá de los recursos económicos que han ejercido.
Como lo menciona Maricarmen Alanis exmagistrada de la Sala Superior del TEPJF, diagnosticada como positivo de Covid-19, “Me preocupa que no haya información suficiente para quienes nos contagiamos y vamos de salida -y los que van de entrada, agregaría-. Me sorprende que, en las conferencias de prensa diarias, dan datos de “recuperados”, ¿en automático, solo porque transcurrieron los 14 días? ¿la inmunidad es automática?”. Añade, “Es necesario un protocolo que nos señale que medidas tomar, para asegurarnos de que no esta activo el virus, antes de que al día 15 empiece todo mundo hacer vida normal en familia y contagiar a tod@s”
Como Usted ya se ha vuelto experto en el tema, sabe que, la transparencia de la información debe contar con atributos que van más allá del simple hecho de publicar documentos y datos existentes como son:
*Información de calidad -veraz, clara y oportuna-
*Información congruente -permite que la información sea comparable con otra información relacionada-
*De fácil acceso, comprensiva, relevante y confiable.
La relación entre la transparencia y el derecho a saber de la ciudadanía van de la mano, lo que realmente nos interesa saber respecto a la crisis de salud es, los protocolos a seguir cuando:
- Una o un ciudadano de positivo a la prueba de Covid-19, -los que van de entrada-
- Una o un ciudadano se le dé de alta por estar contagiado, -los que van de salida-
Luego entonces, lo que tiene que ser obligación de las autoridades es: informar. De ahí la correlación entre autoridades y ciudadanía, si quieren que la segunda sea más participativa, luego entonces, den a conocer la información suficiente para estar enterados y conocer los protocolos a seguir en el tema de salud.
Ya sabe, alguien lo tiene que decir. Y no dejar que unos lo hagan y los demás lo permitamos.
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