- Dos de cada 10 juicios en contra de los militantes terminaron en el Tribunal Electoral, que ha ayudado a que personajes como Ricardo Monreal y Alejandro Rojas Díaz Durán mantengan sus derechos dentro del partido.
EMEEQUIS.– “No he cometido infracción a los estatutos y principios de Morena”, respondió Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, por medio de una carta, a la acusación que Martí Batres, también senador, presentó en su contra ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido en 2019.
El pleito entre estos dos personajes cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador había iniciado en agosto pasado, tras la elección de la senadora Mónica Fernández Balboa para presidir la Mesa Directiva de la Cámara Alta, justo cuando Batres buscaba la reelección para ese cargo.
La rencilla entre los legisladores escaló y llegó a los tribunales internos del partido, al tiempo que había otra disputa en Morena por la renovación de la Presidencia.
En la historia de Ricardo Monreal, Batres contó con el apoyo de la entonces dirigente, Yeidckol Polevnsky –quien apostaba por quedarse en la dirigencia–, y la queja en contra de uno de los operadores políticos de Andrés Manuel terminó en un juicio interno.
CONOCIDOS A JUICIO
Monreal no ha sido el único militante del partido fundado por López Obrador al se le ha iniciado algún procedimiento por considerar que rompió los principios.
Y es que, desde su creación (2014) y hasta 2020, Morena ha iniciado 347 juicios en contra de sus militantes y ni Monreal se ha salvado.
En la lista, el nombre del zacatecano no es el único conocido. Aparecen con juicios en contra su mano derecha, Alejandro Rojas Díaz Durán; otro para quien buscaba el cargo de procurador de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ariel Maldonado; uno más para el actual gobernador de Baja California, Jaime Bonilla; lo mismo con Higinio Gallardo, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); e incluso contra la misma Yeidckol Polevnsky.
Las fallas a los principios partidistas han sido sancionadas por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) desde el origen de Morena y han terminado en apercibimientos (1), apremios (1), cancelación de afiliaciones (86), amonestaciones (147). Incluso 112 suspensiones de derechos.
LOS MILITANTES NO SE DEJAN
El juicio contra Monreal terminó en una amonestación que el senador reviró en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), organismo al que pidió apoyo para que Morena le respetara sus derechos políticos. Al final, el Tribunal ordenó la restitución.
El TEPJF se ha convertido en un organismo aliado para los militantes que han sido acusados de cometer alguna falta al interior del partido de AMLO. Dos de cada 10 acusados han podido recuperar sus derechos políticos dentro del partido tras iniciar un juicio en tribunales federales.
A Alejandro Rojas Díaz Durán, a quien se le habían suspendido sus derechos dentro de Morena, le tuvieron que regresar su poder como militante. Lo habían acusado de transgredir la normatividad interna del partido y le endilgaron la suspensión de sus derechos partidarios por tres años, consistentes en la destitución de cualquier cargo que ostentara dentro de la organización y la inhabilitación para participar en los órganos de dirección y representación del partido.
Esto ocurrió en el momento en que se discutía la renovación de la dirigencia nacional, a la que el senador suplente de Ricardo Monreal aspiraba desde entonces.
AMISTADES PELIGROSAS
Lo mismo ocurrió con Ariel Maldonado Leza, a quien en Coahuila se le inició un juicio en abril de 2016 “en relación a su fama pública y al vínculo que sostiene con personajes del ámbito político en Coahuila, diversos y contrarios a MORENA”.
A Maldonado se le señalaba por su cercanía con el exgobernador Humberto Moreira, quien fuera presidente nacional del PRI y enfrentara cargos por corrupción, que fueron desechados por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
En la denuncia en contra de Maldonado Leza se hacía referencia también a su pasado, cuando fue acusado de secuestro y robo calificado en 1997, así como de agredir al periodista Arturo Rodríguez, del diario Vanguardia.
En la audiencia de junio de 2016 le preguntaron si fue o no responsable de los delitos de secuestro y robo calificado. “Volverme a juzgar por algo por lo que ya fui juzgado atenta contra los derechos humanos y contra la seguridad jurídica contenida en la Constitución”, respondió.
Además le cuestionaron si es o no amigo de Humberto Moreira. “Vulneran el valor de la amistad. Yo conozco desde hace 44 años a Humberto Moreira, somos amigos, dentro de nuestras costumbres en el norte del país somos familia. Yo bauticé a su hijo mayor, Rubén Humberto. Humberto bautizó a mi hija mayor, María Dolores. ¿Es que acaso la ley está por encima del valor de la amistad?”, reviró.
Aunque el partido le suspendió sus derechos partidarios por un periodo de seis meses –lo que incluía no poder participar en un cargo dentro de la organización–, por considerar que iba en contra de los principios del partido, él acudió al Tribunal y Morena le tuvo que restituir lo perdido.
Quienes también recurrieron al Tribunal fueron el grupo de legisladores de la Ciudad de México, Aleida Alavez Ruiz, Juan Jesús Briones Monzón, Darío Carrasco Aguilar, Juana María Juárez López, Néstor Núñez López y Luciano Tlacomulco Oliva, acusados en 2016 de haberse abstenido de votar por las reformas al Código Fiscal del DF, la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos, entre otros.
“En su calidad de Protagonistas del Cambio Verdadero Incurren en violación (…), su voto en el sentido de abstenerse genera una situación injusta y desigual para los habitantes de las Delegaciones de la CDMX que fueron desfavorecidas por dicha votación y por otro lado genera un estado de privilegio para otras”, se lee en el dictamen.
Una vez más, Martí Batres, entonces presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido, fue quien ingresó la queja en contra de estos legisladores. Y aunque estos argumentaron que están en su derecho de abstenerse por no estar a favor de presupuestos limitados y amañados y que “abstenerse resultó lo más digno y coherente” para ellos, les fueron retirados sus derechos por periodos de seis meses y un año. Esta decisión fue desechada después en el Tribunal Federal.
EL JUICIO CONTRA BONILLA
En 2015, a Jaime Bonilla, actual gobernador del estado de Baja California, una militante le acusó de “prepotencia, arrogancia, falta de respeto como persona, como mujer, como protagonista del cambio verdadero”, al haberla corrido de la sede de una sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal “de manera grosera, poco caballerosa, poco respetuosa, indignante, humillante e incluso racista”.
La denuncia por agresión contra Bonilla Valdez, quien era el delegado del Comité Ejecutivo Nacional en el estado, incluye la acusación de que el actual gobernador alardeó sobre que “él es quien ha financiado a Morena en Baja California durante un periodo de tres años y que sus decisiones son inapelables ,porque él es el que ha aportado el recurso económico para toda actividad del partido”.
La agraviada fue la secretaria Estatal de Mujeres del Comité Ejecutivo estatal del partido, Karen Alejandra Solano Osuna. Esto le valió una amonestación, una sanción verbal, que no le retiraba ningún derecho dentro del partido.
LOS EXPEDIENTES NO SE ACABAN
Para 2020, el trabajo para la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no ha parado. En lo que va del año se han iniciado al menos siete juicios en contra de la militancia.
La mayoría de los expedientes están enfocados en atender las quejas presentadas por personas que querían afiliarse al partido, que presentaron su solicitud de afiliación y que fue desechada por la sede estatal de Morena.
En Nuevo León, por ejemplo, 39 personas intentaron afiliarse, presentaron cada una su formato de afiliación y copia simple de su credencial de elector. Sin embargo, el Comité Ejecutivo Estatal, denunciaron los ciudadanos, se negó a recibir los documentos.
La CNHJ del partido determinó que el agravio era infundado, al considerar que los actores no aportaron pruebas que acrediten que, en efecto, intentaron afiliarse presentándose en la sede.
Aunque la resolución llegó en 2020, el caso está abierto desde 2019, el año en que el padrón de Morena estuvo en medio de la discordia. EMEEQUIS reveló que había un padrón oculto de 228 mil afiliaciones, cuyo boom de registro se había dado entre diciembre de 2017 y agosto de 2018, en pleno periodo electoral.
Sin embargo, este padrón no fue plenamente reconocido y Yeidckol Polevnsky anunció que se detendrían todos los intentos de afilaciones en el país hasta nuevo aviso, con la finalidad de depurar el padrón que ella consideraba amañado.
POLEVNSKY TAMBIÉN
Pero una de las quejas que se han resuelto en el transcurso de los primeros meses tiene que ver con el actuar de Polevnsky.
Fue acusada por varios militantes de violar sus derechos al “pretender llevar a cabo una sesión del Comité Ejecutivo Nacional sin el quórum legal establecido en el artículo 38 del estatuto (…), la secretaria general en funciones de presidente se ha conducido de manera unilateral en todo momento, pretendiendo convertirse en órgano plenipotenciario que toma de decisiones de manera individual”.
El agravio fue comprobado por el Consejo, que invalidó la sesión de “carácter urgente” del Comité Ejecutivo Nacional de Morena del 13 de diciembre de 2019, a la que sólo acudieron ocho militantes, integrantes del CEN, cuando se necesitaban nueve.
@AleCrail
