¿Existe el Plan Estratégico Sur (PES)? Sí y no.
Ese pudiera ser, en resumidas cuentas, el resultado de la comparecencia de la junta de gobierno del Instituto de Vivienda del estado (IVEA), integrada por los secretarios general de gobierno, de finanzas, de obras públicas, de planeación y desarrollo regional y el titular del instituto, ayer, ante el pleno del Legislativo local.
Mientras se instalaba el período extraordinario, pasadas las 10:30 de la mañana, Juan Ángel Pérez Talamantes, Pablo Giacinti Olavarrieta, Luis Gerardo del Muro Caldera, Ricardo de Alba Obregón y Alberto Serna Dávila, llegaron juntos y se enclaustraron en la biblioteca de Palacio Legislativo, rehusándose todos, salvo el de obras públicas, a atender a los medios antes de su comparecencia.
Por unanimidad, integraron la mesa directiva del tercer período extraordinario del segundo año de ejercicio legislativo tres diputados priístas Martín Chávez, presidente; Francisco Guel, secretario y José Robles, prosecretario; y dos panistas: Arturo Colmenero, vicepresidente, y Antonio Martín del Campo, secretario.
Después de un año y cuatro meses de aprobarse el decreto 97, en el que se acordó citarlos a comparecer y que ellos apelaron por considerarlo inconstitucional, los funcionarios estatales se sentaron frente a la tribuna, de cara a la mesa directiva, en lo alto, y al mismo nivel de los 21 diputados restantes -Juan Gaytán se ausentó con permiso de la presidencia- que los acompañaron en donde las curules fueron sustituidas por una mesa alrededor de la sala.
Se les informó que el tema sería el estado de sus respectivas dependencias y entidades gubernamentales con respecto al PES, si existe o no dicho proyecto, en qué consiste y pormenores económicos en torno a él. Les dieron 40 minutos para hablar en conjunto y posteriormente pasar a la ronda de preguntas y respuestas con los legisladores.
En once minutos y medio, Serna Dávila indicó que es “una estrategia de crecimiento ordenado” de Aguascalientes a plazo de 30 años y en tres etapas, “que no necesariamente constituye un plan, programa o proyecto específico autorizado hasta este momento” y que la única acción del IVEA hasta ahora ha consistido en “la constitución de la reserva territorial”, que explicaron como la estrategia en sí; Pérez Talamantes que “en las dependencias Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Finanzas y Secretaría de Obras Públicas no hay trámite alguno relacionado con la visión de desarrollo urbano denominada PES” y de Alba Obregón indicó que “en nuestra dependencia (…) no existe ningún trámite ni ninguna solicitud de algún proyecto para autorización en el ámbito del desarrollo urbano o de la planeación, denominado Proyecto Estratégico Sur”.
Sin embargo, afirmó que la estrategia está enmarcada jurídicamente dentro del Plan de Desarrollo Urbano y el Plan Estatal de Desarrollo 2008-2010, para el impulso rural del municipio y la consolidación de la ciudad capital, promoviendo la industria para generar empleo y desarrollo económico.
Las ventajas, dijeron, es que la zona de Peñuelas y otros terrenos aledaños del sur de la ciudad, cuentan ya con infraestructura de comunicaciones ferroviarias y carreteras, el aeropuerto y de generación de energía.
El año pasado, se presentó al PES como un proyecto que desarrollaría un mega parque industrial, un parque tecnológico, el centro de exposiciones y convenciones, un centro multimodal de logística y el distrito de riego 01.
Empezó las preguntas César Cervantes Mena, independiente y las cerró Fernando Palomino, del PRI. Esas intervenciones y las intermedias fueron para cuestionar qué dependencia adquirió los predios de San Isidro y otros al sur de la ciudad, de quién, por qué fueron adquiridos a 58 millones por el IVEA, que aseguraba no tener recursos, y vendidos al triple del precio al Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico (FIADE); por qué si se hizo esta transacción, el IVEA aún tenía la custodia de los terrenos, la deuda que aún se tiene por el empréstito de mil 500 millones que se dieron con este fin, entre otras que iban en sentido similar.
Jorge Ortiz Gallegos, diputado del PRI, ofreció incluso video, audio y notas de periódicos pasados como prueba de que -nos dijeron de la existencia (…) cuántas hectáreas tienen, compradas por el IVEA. Si el IVEA no tenía recursos, no tenía dinero, estamos ante un evidente hecho de sospecha en el funcionamiento de los recursos financieros”.
Las respuestas obtenidas fueron, además de la ya citada y poco clara existencia de la “estrategia de crecimiento urbano”, las siguientes:
Pérez Talamantes, titular de la Seggob, entregó una carpeta que contendría “el destino de cada uno de los pesos que componen el millón y medio” de deuda que se autorizó al ejecutivo y que éste canalizó a través del FIADE.
Afirmó que “tan claro es el tema de la información del empréstito”, que desde su aprobación aparece en la página de transparencia de gobierno del estado, además de encontrarse incluida en la carpeta recién entregada por él. Insistió en que “no tiene relación, el empréstito es una cosa distinta, con la visión de desarrollo urbana denominada Plan Estratégico Sur”.
Alberto Serna Dávila, del IVEA, justificó el sobreprecio del predio que contiene el casco de la ex hacienda de Peñuelas en la valuación que se hizo como parte de la compra-venta, donde resultó que su precio real rebasa los 168 millones y aseguró que con el remanente que ingresó al IVEA se pagaron otras reservas territoriales, en algunas de las cuales ya se desarrolla vivienda de interés social.
Ante esto, Vicente Pérez Almanza alabó la habilidad para los negocios del gobierno y expresó “lleven un saludo al Sr. Gobernador, díganle que la tenencia la podemos eliminar y la podemos cubrir con dos ventas como ésta”.
Serna Dávila consideró después que la adquisición del predio y las transferencias no tienen relación, pues el préstamo fue para hacer obra pública, “vivienda para las familias más necesitadas”, así como para cumplir “otros compromisos” en terrenos para este mismo fin.
Pablo Giacinti respondió, de forma estrictamente técnica, que se firmó convenio con el IVEA ante su necesidad del recurso, contemplándose en este su devolución a la secretaría de finanzas (SEFI). Indicó que la empresa que maneja ese crédito, separa la captación del impuesto sobre la nómina en la parte que se ofreció como afectación del pago del empréstito, la reserva, el capital y los intereses. Dijo que, del total, al 30 de septiembre, se habían pagado 56 millones de capital y 309 de intereses, señalando que en 2012, cuando “se empiece a ver una disminución del pago del impuesto sobre la nómina”, comenzaría a equilibrarse la curva entre capital e intereses.
De la bancada de Acción Nacional, inquirieron a los secretarios sólo Jesús Martínez y Jaime Pérez; el primero sobre la custodia de los terrenos, pero también aprovechando para destacar que los legisladores tienen como herramienta para evitarse esas preguntas la ley de transparencia.
El segundo, nuevamente, sobre la existencia y consistencia del PES, aunque también aprovechó el uso de la voz para señalar que los diputados del PRI aprobaron el empréstito que protagonizaba esta comparecencia.
Otros que confrontaron en el micrófono a la junta de gobierno del IVEA fueron Roberto Padilla, Edgar Bussón, Nora Ruvalcaba, Beatriz Santillán, Baudelio Esparza y Luis David Mendoza, sumando siete diputados del PRI, una del PRD y uno de Convergencia.
Durante la sesión, que se prolongó hasta pasada la una de la tarde, también fue criticada la reticencia de los funcionarios a comparecer, pues interpusieron recursos de inconstitucionalidad de la citación, que fue desechado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la presencia de algunos en la junta de gobierno, ante la nula injerencia que han tenido sus dependencias en proyectos que atañen al Instituto de Vivienda.
En la orden del día quedaron pendientes los dictámenes de las comisiones de justicia, salud, la familia y educación, así como los de las cuentas públicas de la comisión de vigilancia, que serán desahogados de lunes a miércoles de la semana entrante.
