La violencia de género, particularmente la ejercida contra las mujeres, es un problema público que durante los últimos meses ha adquirido mayor visibilidad en el contexto latinoamericano, a partir del incremento de las movilizaciones y expresiones de protesta que se han registrado en las principales ciudades de la región, como respuesta al aumento de feminicidios y situaciones de abuso, hostigamiento y violencia física, sexual y psicológica que vulneran tanto la integridad y el goce efectivo de derechos de quienes la han padecido directamente, como su entorno familiar y social.
De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe OIG de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, en 2018 aproximadamente 3.529 mujeres fueron asesinadas por razones de género en 25 países de América Latina y el Caribe, siendo por número de casos Brasil, México y Argentina los países con mayor número de feminicidios en el último año, mientras que el Salvador, Honduras, Bolivia y Guatemala constituyen los que registran las mayores tasas por cada 100 mil habitantes. Estas oscilan entre 6.8 y 2 mujeres asesinadas por cada 100.000 habitantes y se relacionan principalmente con asesinatos cometidos por parejas o exparejas, así como con situaciones de violencia y desigualdad.
Para el caso mexicano, donde la tasa de feminicidios fue calculada en de 1.4 mujeres asesinadas por cada 100 mil habitantes, se ha registrado en los dos últimos años una tendencia al alza de este flagelo. Según los reportes de El Sistema Nacional de Seguridad Pública SNSP, en 2018 se presentaron 891 presuntos delitos de homicidio, mientras que en 2019 ocurrieron 976 casos, lo que representa un incremento del 9,5%; siendo los municipios de mayor ocurrencia Ciudad Juárez, Culiacán, Monterrey, Acapulco y Ecatepec.
Asimismo, en este contexto, como en otros países de la región, se ha incrementado la percepción de inseguridad y de desconfianza de las mujeres, tanto en los procesos de movilidad cotidiana, como en uso y disfrute de los espacios urbanos, a pesar del diseño e implementación de diversos mecanismos de prevención y protección que se han desarrollado en los últimos años, atendiendo a las demandas ciudadanas y a las recomendaciones formuladas por organismos internacionales como la CEDAW y ONU Mujeres.
En la planificación de los desplazamientos cotidianos y el disfrute de los equipamientos que ofrecen las ciudades para la satisfacción de las necesidades vitales y sociales, las mujeres hemos normalizado, a partir de nuestra experiencia y pautas de crianza, el tomar “precauciones”, así como manejar la ansiedad que genera definir los medios de transporte público que abordaremos, los desplazamientos que debemos realizar por espacios abiertos, zonas poco transitadas y áreas calificadas como “inseguras” y el asistir a eventos o lugares para la recreación y el ocio solas y a altas horas de la noche.
Los temores interiorizados están relacionados con la alta incidencia registrada de delitos como la violencia física y sexual sobre niñas y mujeres, indistintamente de su condición socioeconómica, y la falta de avances contundentes en los procesos de investigación y judicialización de los responsables que se da cuando las afectadas deciden denunciar, afrontando las barreras, estigmatización y revictimizaciones.
Ante estas circunstancias, la irrupción en espacios públicos mediante vías de hecho y expresiones artísticas y culturales, se ha convertido en una alternativa adoptada por algunas mujeres para denunciar la vulnerabilidad y desigualdad existente, con el fin de contar con la solidaridad de distintos actores sociales e institucionales en la identificación de alternativas para contrarrestar el miedo y la inseguridad con la que habitamos la ciudad.
La creciente movilización femenina en las urbes latinoamericanas plantea en el fondo la pretensión de re significar el rol asignado en la producción y reproducción cotidiana de las ciudades y hacer efectivas garantías que permitan habitarlas sin miedo y libres de violencia. Esta es una lucha, de largo aliento histórico, que actualmente se desenvuelve en el marco de un creciente descontento social frente a las instituciones tradicionales, el desempeño de las economías nacionales, la manera como los regímenes políticos están asumiendo la protección y garantía de los derechos fundamentales y las crecientes desigualdades que se expresan en los territorios.
Las manifestaciones recientes invitan a cuestionar cómo los espacios urbanos están generando y replicando desequilibrios en las relaciones de género, y qué tanto la planificación y la gestión urbana están considerando: la explosión del fenómeno de las violencias basadas en el género, el otorgamiento de garantías para el ejercicio del derecho legítimo a la protesta, las distintas formas de habitar las ciudades a partir de la condición e identidad de género, la gestión de conflictos sociales y las restricciones a la movilidad y disfrute del espacio urbano en condiciones equitativas a distintos grupos sociales.
Retomando el planteamiento de Elizabeth Wilson (1990), se identifica que las ciudades son espacios contradictorios, pues simultáneamente restringen las experiencias de las mujeres como grupos vulnerables, al tiempo que permiten la emancipación y liberación de las mismas, en la medida en que son escenarios de encuentro e intercambio en el que se pueden desarrollar prácticas y marcos de interpretación de la realidad que pueden afectar el orden social urbano.
Por tanto, es en la vida cotidiana de las urbes y sus habitantes y en la gestión de sus procesos donde se encuentran las posibilidades para atender desde lo micro algunos de los factores que propician las situaciones de violencia y exclusión y para construir acuerdos sociales que garanticen el respeto de los derechos a la autonomía y dignidad de las mujeres.
Sin embargo, se requiere revisar cómo la planeación urbana y las políticas públicas sectoriales asumen los enfoques poblacionales diferenciales, incluido el de género, ya que este implica no solo considerar la visión de las mujeres, sino también la de los hombres y de la diversidad de identidades sexuales. Asimismo, deben ajustarse los instrumentos de monitoreo del comportamiento de las relaciones sociales de género y su incidencia en las dinámicas urbanas en materia de productividad, convivencia y seguridad.
Los roles culturalmente asignados a hombres y mujeres en la división del trabajo han implicado diferentes experiencias de habitar la ciudad, que circunscribieron lo masculino a lo público y lo productivo y lo femenino a los espacios privados y de cuidado de la familia (la casa y su entorno); sin embargo esto se ha fracturado a partir de las dinámicas del modelo económico, siendo las protestas recientes un reflejo de la reapropiación de los espacios públicos por parte de las mujeres, que a pesar de la invisibilidad, han jugado un papel trascendental en los procesos de cambio social.
Es necesario superar los prejuicios sobre la protesta social y las reivindicaciones de género y considerarles como espacios que desde la transgresión aportan a la construcción de la ciudad y del orden urbano, para que sea más incluyente. Estamos en una coyuntura en la que es indispensable adoptar en el estudio, planeación y gestión de las ciudades un enfoque interseccional, que permita dar cuenta de cómo el género, la etnicidad y lo socio económico se entrecruzan y determinan las formas de experimentar, imaginar y recrear la ciudad.
