- Las contralorías sociales son una herramienta de participación ciudadana que sirve para que la sociedad vigile los recursos que el gobierno está usando en programas sociales y así evitar desvíos o irregularidades
- Aunque en la entidad sí existen lineamientos para la operación y difusión de las contralorías sociales, el acceso a la información que se genera no es tan transparente (accesible) como se podría esperar dado que ésta viene de la misma ciudadanía
- Actualmente, Aguascalientes tiene 638 contralorías sociales emanadas de 727 proyectos que a su vez se derivan de 38 programas
De acuerdo a la solicitud de transparencia con folio 00018320 remitida a la Dirección General Patrimonial y Contraloría Social de la Contraloría del Estado y respondida el 14 de enero de 2020, se dio a conocer que no se cuenta con la cifra exacta de las contralorías sociales que existen en Aguascalientes. Las contralorías sociales son un mecanismo de participación ciudadana el cual integra un comité de personas que son beneficiadas a través de un programa social federal, estatal o municipal, evaluando la conducta de los servidores públicos y vigilando que los recursos marcados para dicho programa estén siendo correctamente ejecutados.
En el artículo 69 de la Ley General de Desarrollo Social se define a la contraloría social de la siguiente manera: “Mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social”. En esa normativa, además de los trabajos de vigilancia, se predispone que las contralorías sociales deben de emitir informes sobre el desempeño de los programas, así como también tiene la función de atender las quejas y denuncias que se presenten sobre la aplicación de los mismos. Todo miembro de una contraloría será honorífico y, a diferencia del esquema de testigo social, no cobrará por su labor.
También en la Ley de Desarrollo Social del Estado de Aguascalientes viene previsto el concepto de contraloría social como un órgano dependiente de la Contraloría General del Estado de Aguascalientes. En entrevista para LJA.MX, Dennys Eduardo Gómez Gómez, contralor del estado, explicó que los reportes generados por cada contraloría social son recopilados por la dependencia que preside para luego enviarlos a la Secretaría de Función Pública, es decir, sí existe un número exacto de contralorías sociales (aunque éste podría variar si es que un programa es finalizado).
Según información requerida a la contraloría del estado de Aguascalientes, actualmente -corte al 30 de enero del 2020- se cuentan con 638 comités registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). Desde el 2017 en la entidad se han constituido 3,290 comités de contraloría social de un total de 3,982 proyectos derivados de los 153 programas que se llevaron a cabo. En la siguiente tabla se muestra el histórico de las contralorías sociales.
| Año | Número de programas | Número de proyectos | Número de comités constituidos |
| 2017 | 58 | 1,651 | 1,202 |
| 2018 | 57 | 1,604 | 1,450 |
| 2019 | 38 | 727 | 638 |
| Total | 153 | 3,982 | 3,290 |
Basta observar la tabla anterior para dar cuenta de que sí hay un conteo de comités de contraloría social y que, incluso, no todos los proyectos de los programas conformaron una contraloría social. Si bien la Contraloría del estado es la que se encarga de coordinar y supervisar que se estén conformando los comités y que, más importante aún, sí estén trabajando, son los organismos que ofrecen los programas sociales los que deben de gestionar la convocatoria para formar una contraloría social.
Dennys Eduardo Gómez Gómez admitió que no hay suficiente participación ciudadana en las contralorías sociales, que deben de ser ciudadanas por naturaleza, a raíz de la falta de difusión de esta herramienta de vigilancia y fiscalización: “La gente no está muy interesada en participar en este tipo de programas”.
Panorama externo
Jalisco es uno de los estados que tiene un avance más tangible en materia de contralorías sociales, y no sólo en su aplicación, sino que también cuentan con estudios que analizan los resultados para revelar de manera que le puede servir a la ciudadanía ser parte de estas figuras. En el Diagnóstico Situacional de Contraloría Social en los Municipios del Estado de Jalisco 2019, promovido por el gobierno de esa entidad, se logró identificar las condiciones en que los municipios participantes promovieron la contraloría social, ello con el afán de ver las debilidades y poder mejorar su operatividad y difusión.
En dicha investigación se encontró, por mencionar algunas observaciones, que el manejo de una contraloría social sí requiere de un gasto de insumos, equipo de oficina, y que la promoción de esa figura fue un factor que actuó en menoscabo del ejercicio de los comités.
Después del análisis de 57 municipios con contraloría social en Jalisco -el diagnóstico sólo se enfocó en ese orden de gobierno- se encontró lo siguiente: “La contraloría social ayudaría a consolidar el sistema democrático, incentivando la conciencia de participación ciudadana y fortaleciendo las relaciones entre la sociedad y el Estado. No obstante, los municipios no cuentan con insumos suficientes tanto materiales, financieros, así como los relativos a recursos humanos; quienes manifestaron no recibir una partida específica o monto para la promoción, operación y seguimiento de contraloría social”.
En ese estudio se definieron algunos resultados; hace falta impulsar la promoción de la figura de Contraloría social; hace falta incentivar la capacitación; hace falta crear reglamentación propia (puesto que se basaban en las estatales o federales), y se coincidió en que la falta de un presupuesto para estos mecanismos hacen que hayan quejas o déficits al momento de aplicarlos.
Contralorías sociales en Aguascalientes
En el estado algunas dependencias han “demostrado” tener Contralorías sociales para sus programas, a través de solicitudes ciudadanas de transparencia. El Instituto Aguascalentense de las Mujeres instaló una contraloría social para el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) del Ejercicio Fiscal 2019, usando como base la reglamentación de dicho programa para conformar las contralorías sociales necesarias -cuatro, una para cada municipio donde se aplicó- y vigilar que el monto destinado para Aguascalientes fuese usado correctamente.
Este fue uno de los informes más completos; contaba con formatos de quejas, denuncias y evidencia fotográfica, sin embargo, todo ello era con base en lo que la normativa de contraloría social del PAIMEF requería.
También el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) dio a conocer en una solicitud de transparencia que las contralorías sociales o cualquier comité necesitado en las instancias de educación se creaban a través de los Consejos Escolares de Participación Ciudadana, no obstante, no se especificó como tal cómo, de qué manera o cuántas contralorías sociales se tienen integradas.
En entrevista para LJA.MX, Paulo Gonzalo Martínez López, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), dijo que en esa dependencia eran 23 las contralorías sociales conformadas, 22 para proyectos del programa Contigo Vamos y otra para el Fomento al Autoempleo.
Jesús María es uno de los municipios que tiene más avance en materia de Contraloría social, no sólo porque se tiene más control desde su portal de transparencia sobre esta figura, sino porque ellos cuentan con una Guía Operativa de Contraloría Social, aprobada por la Secretaría General de Gobierno (Seggob) en la administración del expresidente Noel Mata Atilano. Esta guía marca pauta para que la Contraloría social pueda funcionar mejor, tiene formatos de seguimiento operativo, actas de registro, fichas informativas de apoyo, cédulas de vigilancia, de evaluación, solicitudes de información para los beneficiarios y formatos para presentar denuncia.
Luis Gallo, contralor de Jesús María, informó que del 2019 al 2020 en ese municipio se han conformado 50 comités de Contraloría social derivados de programas con recurso municipal, en este caso, la mayoría son de programas para obra pública. En lo que va de la administración actual, comenzada en octubre del 2019, se han registrado cuatro contralorías sociales. El funcionario municipal confirmó que no sólo cada programa está obligado a incluir un comité vigilante, sino que también deben de encargarse de la difusión del mismo y de la figura de contraloría social para promover la participación ciudadana. Aunque en Jesús María ya se tiene un avance notable, Luis Gallo coincidió en que falta fomentar la promoción de las contralorías sociales.
En lo que concierne al estado, el contralor Dennys Gómez Gómez admitió que dentro de las contralorías sociales implementadas en la administración actual se llegaron a detectar 20 quejas o denuncias porque los recursos de los programas no fueron usados correctamente. Prospera, programa de Inclusión Social y el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, ambos federales, son dos de los proyectos que tuvieron quejas, algunas siguen en investigación para ver si se procederá con sanción, pero de ello no se puede revelar información hasta que se termine con la labor investigativa.
De manera general, si un ciudadano comienza a buscar el trabajo de las contralorías sociales para resolver cuestiones como cuántas hay, dónde existen, por qué, para qué sirven, cómo funcionan, cómo benefician a la sociedad, entre otras, se encontrará con algunas barreras informativas. Primero, no hay homologación de un sistema de fácil acceso que permita encontrar cuáles contralorías sociales están vigentes, así como no existe una herramienta que ayude a cruzar y comprobar que, en efecto, todos los programas de beneficio a la sociedad cuenten con una Contraloría social. Segundo, hace falta transparentar (por medio de fácil acceso) los informes de trabajo, los informes finales y las denuncias que cada contraloría está haciendo ya que, a fin de cuentas, es información que proviene de la supervisión de la ciudadanía.
En Aguascalientes se cuenta con el documento oficial Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en Programas Sociales Estatales del Gobierno del Estado de Aguascalientes, es decir, además del esquema federal, ya se cuenta con una normativa que dicte y guíe la promoción y operación de programas locales y ahí se especifica que “Los presupuestos de los programas sociales estatales deberán prever los recursos económicos necesarios para la realización de las actividades de promoción y difusión de la contraloría social”.
Para ayudar a divulgar la figura de contraloría social hace falta que dar a conocer que, si bien es un cargo honorífico, debe de haber una base económica que permita obtener los recursos necesarios para promover la misma, es por ello que en el diagnóstico realizado para los municipios de Jalisco, se encontró que tener un presupuesto definido ayudaría a la operación.
De acuerdo a la investigación realizada ya citada se concluyó que una contraloría social debería, al menos, tener los siguientes puntos para poder realizar una labor ideal:
“Tiene definida su área responsable de instrumentar Contraloría Social para programas propios y/o para programas o fondos cuyo origen sea otro orden de gobierno.
Cuenta con reglamentación suficiente para instrumentar los mecanismos de participación ciudadana y establece criterios y/o procedimientos para la operación de la Contraloría Social.
Dentro del marco de gobernanza, permite e incentiva la participación de la sociedad civil organizada en actividades de vigilancia, control y capacitación en Contraloría Social.
Los servidores públicos que promueven la Contraloría Social, cuentan con la experiencia suficiente y además han recibido capacitación en la materia.
El municipio asigna de manera programada recursos técnicos, humanos, materiales y financieros para el desempeño de actividades de vigilancia y Contraloría Social.
Promueve la Contraloría Social en sus programas y otorga los insumos materiales y sensibilización necesarios a los comités para la realización de actividades de vigilancia.
Las autoridades municipales dan seguimiento e informan a los comités y a los beneficiarios de sus programas sobre los mecanismos y el seguimiento de las denuncias y recomendaciones presentadas, así como de las acciones que han ejecutado para atender las sugerencias y señalamientos realizados por los comités de Contraloría Social.”
Por lo pronto se está en espera de la respuesta a una solicitud de información hacia la Secretaría de Función Pública (SFP), para que se dé a conocer todo el trabajo que se ha hecho en materia de Contraloría Social, pues ahí se debe de tener el registro de los reportes y de los programas que sí han acatado con contralorías sociales.
