El ex director de auditoría operacional y de gestión de la contraloría municipal, José Jaime Martínez Castañeda, se defendió de los señalamientos hechos por el actual titular del organismo, Alejandro Regalado Díaz, quien lo acusa de haber filtrado documentos a la dirigencia estatal del PAN, relacionados con la adquisición de artículos para el programa de modernización tecnológica en la secretaría de seguridad pública municipal.
En entrevista exclusiva con La Jornada Aguascalientes, Martínez Castañeda aseguró que está siendo usado como chivo expiatorio en este asunto, toda vez que la auditoría al municipio inició en febrero, dos meses antes de que él fuera separado de su cargo sin recibir explicación alguna, y fecha en la que aún no se contaba con toda la información indispensable para esa revisión.
Documento en mano, relató que el 24 de febrero de 2009 se solicitó a la dirección administrativa de esa Secretaría, veinte documentos; entre otros, la relación de gastos erogados con recursos del SUBSEMUN, software, organigramas y relación de bienes muebles e inmuebles, otorgando un plazo de cinco días hábiles para entregar la documentación.
Como Salvador Durón López, director administrativo de la dependencia, no entregó toda la información, el 12 de marzo se le giró un citatorio para el 17 de ese mismo mes, para que explicara dichas omisiones, lo cual hizo indicando a los portadores de los datos faltantes y responsables de su entrega a la contraloría.
En este punto, Martínez Castañeda calificó de ilógicas las actuales acusaciones en su contra, destacando que el documento que está en poder del PAN está fechado el 5 de marzo, cuando aún no se reunía la información necesaria que diera consistencia a la auditoría y siendo que una revisión de esa magnitud tomaría entre seis y ocho semanas para conocer detalles que ahí se mencionan, a través de inspecciones físicas.
El contador público reforzó esa defensa refiriendo también que, siete días después de la comparecencia, el 24 de marzo, fue llamado a área de recursos humanos del municipio, donde se le notificó que ese mismo día sería separado del cargo, sin que se le diera alguna otra explicación.
Admitió que al momento de su despido habia reunido algunas pólizas y comprobantes de gastos de 2008 que le había proporcionado el área de cuenta pública, “para irle adelantando” a la auditoría, pero que los transfirió tal cual al momento de la entrega-recepción.
Presentó varios oficios fechados el 3 y 10 septiembre del año anterior y el 6 de febrero del presente, en los que señaló al entonces contralor, Jesús Urzúa Macías, varias situaciones de riesgo al interior del organismo, como eran el no contar con personal ajeno a municipio y de su entera confianza “mencionó a una asistente de nombre “Alina” y a Gustavo Avendaño, jefe de departamento, que fueron liquidados posteriormente- y la falta de control y cuidado en el manejo de la información, lo que permitía a cualquier persona completo acceso a las observaciones hechas por la auditoría a todas las áreas del municipio.
Insistió en su petición de que no se le vincule más con el asunto, pues afecta su intención de continuar laborando en la iniciativa privada, como ha hecho desde que saliera del ayuntamiento.
Afirmó que, mientras con él no se haga lo mismo, no emprenderá ninguna acción legal y desconoció si su nombre se incluye en la demanda que el ayuntamiento presentara ayer pero, de ser así, responderá con el mismo instrumento.
De igual manera, negó pertenecer o haber pertenecido en algún momento a cualquier partido político, puntualizando que esa debe ser la conformación de los órganos de fiscalización y que fue otro señalamiento que constantemente hizo.
Martínez Castañeda no se atrevió a acusar a alguien en particular de haber extraído o filtrado la información con que cuenta Acción Nacional, pero refirió que “debe ser alguien interno”, ya que esos documentos están tanto en la contraloría, como en la secretaría de finanzas y en la de seguridad pública.
Las copias de los documentos que el ex funcionario municipal presentó a La Jornada Aguascalientes prueban, en primer lugar, que la administración de Gabriel Arellano efectivamente se adelantó al PAN al solicitar la auditoría; refuerza la duda de la autenticidad de los documentos que ese instituto político dio a conocer a los medios, en segundo lugar, y finalmente, apunta a que de hecho hay irregularidades que las autoridades correspondientes deberán aclarar.
