Las normas, el derecho, no son un ente que respire y tenga vida propia; son productos culturales, nacen de un grupo de personas que proyectan sus sentires, valores, prejuicios e inquietudes para aplicar un modelo de conducta en una sociedad determinada y generar conformidad a esas decisiones.
Antonio Gramsci dijo que también el derecho crea nuevos tipos de civilización; la cuestión está en que el derecho, como mecanismo de control de la sociedad, tiene ciertos fines, los que regularmente no son aquellos que favorezcan a las personas a las que se dirige, sino los que busca quien puede crear esos mecanismos de control y tiene el poder de aplicarlos.
Si entendemos a la violencia como la imposición de una voluntad sobre otra, queda más claro que la violencia es el poder que crea al derecho, y a la vez se convierte en el poder que lo conserva. Por ejemplo, al legislador no se le ocurrió de la nada tipificar en la ley la conducta de daño en las cosas, sino que previamente, en la realidad, alguien destruyó los objetos de otro sin derecho, por lo que se creó la sanción, y una vez que se aplica, con la misma fuerza de Estado se mantiene al derecho.
Por eso, el derecho es una radiografía de la sociedad, proyecta sus verdaderos “yos”, sus intenciones más escondidas y cómo se percibe a los demás. En consecuencia, el derecho penal da una gran cantera de votos a aquellos que los necesitan; entre más absurda una ley, más tiempo en medios de comunicación se tiene; entre más tiempo en esos medios, más impacto, y entre más impacto, más fortaleza y control.
Sean o no distractores o medidores de reacciones, los proyectos de reforma a la Constitución Federal y leyes relacionadas que se filtraron en días pasados, nos muestran que quien o quienes los crearon y quieren aprobarlos, sólo responden a lo que una mayoría social les pide: agresión, violencia, castigo, autoritarismo y represión, sin importarles el avance social en materia de humanismo, que es distinto a los conflictos en materia de seguridad a los que nos enfrentamos.
Desde el punto de vista jurídico, los proyectos pretenden asegurar el control de las decisiones judiciales, mediante los nombramientos de los jueces federales por mayorías parlamentarias, lo que evidentemente afectaría su autonomía e imparcialidad. Pareciera que esta propuesta se da, al no encontrar voces que aprueben la eliminación del fuero para los Poderes Judiciales, que indirectamente influirían en las decisiones judiciales, y por ello el controlarlos bajo una “reforma” Constitucional.
También se pretende echar para atrás las normas a favor de los derechos humanos en cualquier materia, así como regresar a un sistema agresivo y violatorio de derechos de las personas en procesos penales. Lo peor del caso que no es regresar al modelo previo al 2008, sino al modelo anterior a 1930, con arraigo para todos, detenciones arbitrarias, jueces prejuiciosos, eliminación de Amparos, permisión de actividades ilegales sobre las personas para obtener pruebas, presumir la culpabilidad hasta que se declare la culpabilidad, entre otras actividades que tristemente aún continúan dándose en la práctica, pero que poco a poco han estado disminuyendo gracias a las voces académicas y algunas autoridades y operadores conscientes de los principios y valores de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho. En síntesis, estas reformas chocarían con disposiciones de la propia Constitución que no pretenden modificarse, las cuales reconocen el principio de progresividad que impide hacer reformas regresivas y solo autoriza adecuaciones que amplíen y garanticen aún más el ejercicio de los derechos, así como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las decisiones de la Corte Interamericana sobre su protección. Así, es muy triste darnos cuenta cómo la ignorancia siempre se ampara en la regla, y si a eso le agregamos la inversión de recursos internacionales para su implementación, ya nos veo haciendo tandas para pagar el incremento de impuestos con el que se resarcirá el recurso cuando las instancias internacionales soliciten su devolución.
Pero no hay que distraernos; más que cuestión jurídica, el tema central lo encontramos en la perspectiva mediática: no es el avión, ni el Instituto de Salud; sino las elecciones intermedias que se aproximan. El argumento de queremos hacerlo, pero no nos dejan, que han comprado los propios opositores pues cayeron en la trampa al salir a refutar las decisiones que día a día se van tomando en el país, fortalece la aceptación que la mayoría tiene de esas decisiones, pues lo que se quiere es una reacción rápida y fulminante, que se observa como eficacia, aunque no se cambie nada. Este discurso va sobre los votos, usando la misma estrategia del Gobierno Federal en las elecciones intermedias del 2003, y repetido en el tercer informe del 2015: “Quítale el freno al cambio”. Para eso se necesitan mayorías, no solo en el Congreso de la Unión, sino también en los Estados. Quien olvida la historia, está condenado a repetirla.
Y así, vemos que en lugar de crear normas que obliguen a las autoridades a cumplir con sus funciones constitucionales de protección y satisfacción de derechos humanos y fundamentales, se proyecta normas que quieren destruir de inmediato, ya no lentamente, el modelo humano para una sociedad que debe evolucionar al humanismo. Después de modificar la Constitución Federal y recibir recursos internacionales para la implementación de un modelo que refuerza el Estado de Derecho, los proyectos tratan de echar por la borda el modelo de protección de derechos reestructurado en el 2008 y 2001. Si crear leyes resolviera el problema delictivo, de inseguridad y violencia, hace siglos que no existirían. Si las leyes fueran preventivas, nunca hablaríamos de criminalidad. Pero es más sencillo creer que con las leyes se resuelven los problemas, en vez de atender las verdaderas raíces de tales problemas. Un cuento de nunca acabar, no de ahora, sino de siempre en nuestro país; pero no nos preocupemos por eso, ya llegó el coronavirus a México y Estados Unidos (¿se acuerdan de la influenza porcina en el 2009?).
