El tema per se, se caracteriza por ser controversial, desde la reforma electoral del año 1977 donde se consideró a los partidos políticos como entidades de interés público, y una posterior en 1986 donde se les asignaron prerrogativas de manera directa, gran parte de los actores políticos y analistas han discutido la pertinencia o no del diseño del sistema de partidos en México, en particular de la manera en que son financiados por el Estado Mexicano.
Para algunos, el actual sistema de financiamiento público resulta oneroso y sin que rinda los frutos esperados para la democracia de nuestro país; para otros el dotarles de dinero desde el erario significa una garantía en la equidad de la contienda, una manera de asegurar que todo aquel partido político tendrá acceso a recursos públicos que garanticen su operatividad, su fortalecimiento y por ende al final del día, en la calidad de nuestra democracia.
Pero como toda figura legal, su existencia atiende a un determinado marco histórico que lo explica: en un contexto general, la relación entre los conceptos de dinero y política resultan muy cercanos, los partidos y candidatos necesitan dinero para realizar sus actividades, y cuando se permitía que la política se financiara de manera privada exclusivamente, se corría el riesgo de que si el dinero provenía de un pequeño grupo, los donatarios se volverían dependientes de los donantes, al tener gran influencia política solventando en su totalidad el costo económico de las campañas electorales.
O bien, dejando de lado la influencia directa o indirecta en quienes financian a los partidos o candidatos, también pudiera generarse el esquema de “trueque”, es decir, el donante aporta la cantidad de dinero a cambio de que una vez logrado el objetivo, es decir, ganada la elección y ya ocupando el cargo público en cuestión, se intercambie con rentas o contratos públicos, como pago del financiamiento que fue objeto durante las campañas electorales.
Y un tercero y no por ello, menos probable escenario: me refiero a aquel en el que el partido político en el poder, limita o inhibe el flujo de aportaciones privadas a los partidos y candidatos opositores, ello en detrimento directo de la equidad y autenticidad de las contiendas electorales. Al cortar o limitar el flujo de ingresos a su competencia, se verían afectadas actividades sensibles para los partidos políticos de oposición, logrando disminuir la generación de cuadros, capacitación de su militancia, y por ende, de la calidad de sus candidatos, lo cual se vería directamente reflejada en la equidad en la contienda.
Ahora bien, como nota al pie, es importante señalar que es falso que la posible conformación de nuevos partidos políticos nacionales, represente un mayor gasto en su financiamiento público, ya que el modelo actual establece la conformación de una bolsa única, la cual será distribuida entre el número de institutos políticos con derecho a ello, es decir, lo que en todo caso pudiera tener como consecuencia la conformación de un mayor número de fuerzas políticas con registro, será que se distribuirá la referida bolsa única entre un mayor número de partidos políticos, y viceversa: cuando pierde el registro un determinado partido, ello no significa que los mexicanos ahorraremos dinero, ya que en ese caso, la multicitada cantidad se distribuiría, ahora, entre un número menor de partidos políticos.
Por lo pronto, las reglas del financiamiento público no han sido modificadas, por lo que a nivel local, la bolsa general de presupuesto se obtuvo de multiplicar el 65% del valor de la UMA (Unidad de Medida de Actualización) por el número de ciudadanos empadronados en el Estado al mes de julio del año pasado, multiplicación que arrojó la cantidad de 55.3 millones de pesos, los que fueron integrados por el Congreso del Estado, en el presupuesto de egresos de Aguascalientes, por lo que el pasado miércoles 15 de enero, el Consejo General del IEE, distribuyó dicha bolsa general entre los 7 partidos políticos nacionales y 3 con registro local, así como a las 2 Asociaciones Políticas Estatales que gozan de registro y que a su vez tienen derecho a participar del financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias.
Así pues, ante la postura válida de quienes desde semanas anteriores han buscado el reducir el financiamiento público o incluso, se han manifestado por eliminarlo por completo, resulta necesario, antes de tomar tan importante decisión, que se analicen los posibles efectos que una medida de tal magnitud pudiera generar para nuestro sistema electoral y a nuestra democracia en particular, si bien es cierto que es bienvenida siempre la revisión y reflexión de nuestras leyes, dichas actividades deben realizarse de manera global, analizando y ponderando todos los efectos que pudieran generarse.
Una oposición consolidada y fortalecida es necesaria para la calidad de la competencia en nuestro país. Gracias a ella, es que en los últimos 20 años la alternancia es una constante en los diversos procesos electorales a lo largo y ancho de México; la competencia electoral representa también un contrapeso y garantía contra los posibles abusos de poder. La oposición está llamada a jugar un papel de la mayor relevancia posible en cualquier democracia, por lo que su debilitamiento necesariamente afectaría la calidad democrática, esa que tantos años nos ha costado construir.
/LanderosIEE | @LanderosIEE
