- Autoridad estatal ignoró un análisis socioeconómico para beneficiar a los concesionarios
- La autoridad sabía que el incremento no podía ser mayor a 1.70 y, sin embargo, obedeció la instrucción de una consultora externa
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El aumento de la tarifa al transporte público, $7.50 a $9.50, decidido por el Consejo Consultivo del Transporte, la Coordinación de Movilidad (CMOV), el Observatorio Ciudadano, algunos concesionarios y funcionarios públicos de Aguascalientes se realizó sólo en beneficio de los concesionarios y omitiendo información sobre la afectación a los usuarios.
A pesar de contar con un Análisis socioeconómico sobre las afectaciones a los usuarios del transporte público, con información acerca de que este servicio es el único modo disponible para las personas de bajos ingresos, que el 70% es usuario cautivo, cómo se triplica el efecto nocivo del aumento de la tarifa en usuarios que realizan más de dos trasbordos, y que sea probable que apenas el 5% de usuarios pueda optar por un modo sustituto de transporte, la autoridad sólo considero el beneficio de los concesionarios.
Quizá la omisión más grave que la autoridad estatal cometió es que el Análisis socioecónomico (LJA.MX cuenta con una copia del documento) señala que el incremento no debería ser mayor a 1.70 pesos y, sin embargo, anunció que el incremento que aplica a partir de mañana sea del 27% de la tarifa actual, de $7.50 a $9.50, dos pesos más.
Para definir el aumento el Consejo Consultivo del Transporte sólo atendió las solicitudes de los concesionarios y los argumentos para el alza se basaron únicamente en hacer redituable el negocio para los dueños de los camiones, además, dejaron de lado la documentación sobre las afectaciones a la población y permitió que fuera la consultora externa Genie la encargada de hacer el análisis para definir cuál sería el nuevo costo del pasaje.
El secretario general de Gobierno, Enrique Morán Faz, pidió a la ciudadanía que valore el trabajo que la administración de Martín Orozco Sandoval ha realizado en materia de movilidad, dijo que se están haciendo transformaciones de fondo, no sólo de forma. Cuando como usuario la autoridad le indique que ha sido un aumento mínimo, de sólo dos pesos, se puede contestar a la autoridad que permitió el incremento a sabiendas de tener una recomendación, sustentada en datos duros, en la que se indicaba que el alza de la tarifa tenía que venir acompañada de medidas de compensación, como apoyos parciales o totales para la población más vulnerable, así como complementos a la política pública en materia de movilidad para no generar un efecto de exclusión.
El Análisis sociodemográfico lo señala así:
Para que el sistema de transporte público pueda cumplir con su función de movilidad y accesibilidad a las personas a oportunidades de desarrollo, vivienda, trabajo y estudio, se requiere diseñar un programa de apoyo a las familias en situación más desfavorable a fin de no generar un efecto de exclusión por el incremento de la tarifa. Estas medidas podrían ser:
- a) Complementar la Política Pública Estatal de apoyo a los sectores vulnerables con apoyos orientados a la movilidad en transporte público
- b) Se trata de apoyos parciales o totales para el transporte público según sea la situación documentada de cada familia
- c) Generar una Bolsa social de apoyo a familias desfavorecidas (volúmenes descritos)
- Entrega de n boletos mensuales de compensación (vía electrónica)
- Trasbordo apoyo para los hogares cuyos miembros realicen más de dos trasbordos
- Tarifa social para estudiantes
- d) Generar reglas de operación claras y transparentes para la entrega de los apoyos
- e) Institucionalizar los apoyos a través del fondo Estatal de Movilidad (corto plazo) y partidas presupuestales específicas
A continuación se presenta la información más relevante que contiene el Análisis sociodemográfico y que la autoridad estatal decidió omitir en favor de los concesionarios y contra los miles de usuarios del transporte público:
Efecto del incremento de la tarifa
El servicio de transporte público es el único modo disponible para las personas de bajos ingresos para acceder a los bienes, servicios y oportunidades de desarrollo. La autoridad pública debe favorecer el acceso a estas oportunidades para generar la movilidad social.
70% de los usuarios pueden considerarse como cautivos del transporte público (único modo de transporte accesible según su nivel de ingresos).
De las encuestas realizadas a usuarios, en 2019:
17% es dependiente económico ya que no declara ingresos (estudiante, ama de casa, nini)
15% de los usuarios se encuentra en situación de bajos ingresos.
Lo anterior muestra que más del 30% de los usuarios requieren un análisis más detallado para determinar el impacto del incremento de la tarifa.
El 5% de usuarios probablemente puedan optar por un modo sustituto sobre todo si son familias con más de 3 miembros.
Efectos del trasbordo
11% de los usuarios realizan al menos un transbordo, esto implica que un incremento de la tarifa tendrá un efecto doble sobre el gasto de estos usuarios.
20% de los usuarios declaran realizar más de 2 transbordos, en este caso el efecto es triple.
Se requiere una medida de apoyo para los usuarios de los segmentos desfavorecidos que realizan más de 2 transbordos.
Estos usuarios podrían ser excluidos del servicio si su ingreso no alcanzara para cubrir el aumento de tarifa. Por lo tanto, debe considerarse este segmento como usuarios actuales potencialmente vulnerables.
Efecto del pago de tarifa social
La tarifa social se ha reducido de 2016 a la fecha del 7 al 4% debido al cambio en la gestión de entrega de credenciales.
4% de los encuestados declara haber paga tarifa social a pesar que cerca del 9,000 credenciales se han otorgado para tener este beneficio.
Existe un potencial importante para ampliar la base de apoyo de la tarifa social. Por lo que se requiere reforzar esta política de apoyo a los hogares más desfavorecidos.
Cuantificación de personas en situación desfavorable
Se establece que de 290, 134 usuarios de transporte público, 83,249 tienen un grado de marginación medio y 8,575 residen en zonas con un nivel de marginación alto o muy alto, los cuales podrían ser excluidos del servicio si su ingreso no alcanzara para cubrir el aumento de tarifa. Por lo tanto, debe considerarse como usuarios actuales potencialmente vulnerables.
Un política pública para cambiar la situación de los hogares menos favorecidos es facilitarle el acceso a las oportunidades de desarrollo: trabajo, escuela, entretenimiento.
En la zona metropolitana alrededor de 20 mil familias tienen dificultades para atender sus necesidades de alimentación.
Estas personas son clientes potenciales del transporte público que requieren un apoyo para acceder a oportunidades y convertirse en futuros usuarios del transporte público.
Esta población requiere apoyos para facilitarles el acceso a oportunidades a través del transporte público.
Se requiere determinar cuántos viajes requieren realizar en un hogar pero al menos el jefe de familia y los estudiantes podrían tener apoyos mínimos para desplazarse en transporte público.
Se establece además que, de acuerdo a la AMAI (Asociación de Agencias de Investigación de Mercados), el 3% de los hogares de la Zona Metropolitana de Aguascalientes dedican la mayor parte de sus ingresos a alimentos. Este grupo podría representar el 3% del 70% del total de Hogares del Estado (348,346).
Esto es cerca de 7,316 hogares que podrían tener una situación más vulnerable con el incremento de las tarifas.
Personas que reciben al menos un salario mínimo y sin ingreso
El incremento de la tarifa podría ser compensado por el incremento en el salario mínimo que pasó de 80.02 pesos/día en 2017 a 102.68 en 2019 esto es casi 22 pesos diarios. Considerando que al mes una persona que labora diariamente realiza 1.41 viajes diarios promedio diario sin trasbordo (descontando sábados y domingos). Por lo tanto el incremento en términos de viajes sería 1.41 x el incremento de la tarifa que se determine al día y este incremento no debería rebasar el 6-8% del ingreso diario que una persona dedica normalmente a transporte urbano. Esto es 1.32 a 1.70 pesos/viaje. Esto es para las personas que tienen un ingreso de al menos 1 salario mínimo. Ello lleva a una compensación en caso que el incremento de la tarifa sea superior a este monto.
Por último, en el Análisis sociodemográfico se establecen las medidas de compensación, las cuales fueron citadas párrafos arriba, sin embargo, durante el anuncio del aumento a la tarifa no se hizo referencia a ninguna que no tuviera que ver con el beneficio de los concesionarios y, además, se dejó abierta la posibilidad de que se revisara el costo en marzo de 2020.
