Es constante escuchar discursos de protección a los derechos humanos y fundamentales; pero la información que se da sobre acciones para su protección contrasta con su constante y sistemática violación, por lo que día con día nos damos cuenta de su falta de efectividad. Se dice de su respeto, que contamos con determinados derechos que no pueden ser afectados, que las instituciones están ahí para protegerlos y vigilar que puedan ser ejercidos; pero luego recibimos mensajes contradictorios y se observan pocos hechos.
Más que preocuparnos por definir y hablar de derechos, debemos verificar que en la realidad se otorga al ser humano los mecanismos indispensables para satisfacer sus necesidades, derivadas de su dignidad, para lograr su desarrollo integral; es decir, que se le trate como sujeto, y no como un simple objeto.
Hablar de derechos, es hablar de criterios de legitimidad política en la medida que se protejan realmente. Lo que observamos en la realidad respecto del trato al ser humano y a las Instituciones creadas para su protección, representa una visión particular de una sociedad y su actividad política. Así, si sólo encontramos discursos de protección pero no actividades efectivas que los protejan y provoquen su desarrollo, tenemos frente a nosotros una sociedad a la cual no le importa si se satisfacen o no sus derechos.
Los derechos humanos son para todos, y buscan la satisfacción de necesidades para lograr una mejor sociedad; para ello las normas Constitucionales crean disposiciones institutivas, que implica el establecimiento de Organismos o Instituciones que tienen la obligación de hacer efectivos los derechos para cubrir esas necesidades; por ejemplo, el Poder Judicial creado para la protección de las personas contra conductas autoritarias del Estado y los particulares; las instituciones Universitarias y educativas para satisfacer esa formación intelectual y humana de sus comunidades; las de seguridad pública para prevenir conductas lesivas; y así todas aquellas creadas por el Estado para y por su sociedad, con el fin de establecer las condiciones de una comunidad más justa. Pero si a la par encontramos un discurso que los deslegitima al alegar que tales Instituciones y derechos son obstáculos para reaccionar, son corruptos, y deben reestructurarse sin ninguna justificación real, compraremos la idea de que el problema se debe resolver hasta que lo tengo encima, y no nos daremos cuenta que el conflicto se resuelve en su origen, en sus causas, con la satisfacción de necesidades como la alimentación, la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, el desarrollo libre de la personalidad, que son derechos humanos dejados en el olvido, para sustituirlos por el discurso de que todo es corrupción, y los derechos sólo generan impunidad.
Y ¿qué tienen que ver esos derechos, instituciones y discursos con la autonomía?, pues que el derecho esencial de toda sociedad democrática es el libre desarrollo de la personalidad, que implica la posibilidad de trazar un plan de vida acorde a los intereses más adecuados a la visión del mundo que tiene cada individuo, y ese desarrollo sólo se logra con Instituciones fortalecidas que, sin injerencias o influencias de intereses ajenos a la satisfacción de esos derechos, pueden generar la visión más adecuada para ayudar al individuo a lograr el ejercicio pleno de sus derechos. En ese sentido, la autonomía de una Institución es la característica que le permite ejercer sus facultades con independencia, objetividad, imparcialidad y transparencia a favor de la sociedad que le dio origen. Los órganos constitucionales autónomos como los Institutos Electorales, Universidades Públicas, Fiscalías, etc., son creados sin adscripción a los poderes tradicionales de un Estado para que actúen con independencia en sus decisiones y estructura, con el sólo límite del Estado Constitucional de Derecho.
¿Por qué dotar de autonomía a estas Instituciones? muy sencillo, para evitar que las políticas públicas destinadas a la satisfacción de los derechos que tienen a su cargo, estén influenciadas por intereses diversos, y se conviertan en instrumentos de control contra sus ciudadanos. Una Organismo Autónomo requiere condiciones estructurales que lo doten de imparcialidad en la toma de decisiones, autogobierno, independencia real y objetividad, para apoyar al pleno ejercicio de los derechos de los seres humanos, pues tales Instituciones se crean para servir a la sociedad en su conjunto, se deben a ellas y son para ellas.
Ser “humano” es el derecho más esencial, y se debe garantizar su desarrollo en condiciones de respeto y aseguramiento de su dignidad y autonomía, para lograr su libre desarrollo y evitar la ejecución de tratos degradantes e inhumanos frente a su derecho a ser. Parafraseando a Norberto Bobbio, el problema de fondo de los derechos humanos no es tanto el de justificarlos, sino el de protegerlos; es decir, es un problema político, que refleja que tan controladora o libertadora es una sociedad determinada.
En conclusión, la Autonomía tanto de los particulares como de las Instituciones, constituye un factor real de cambio hacia la protección de derechos, que transformará a un simple mecanismo de control y sometimiento social, hacia una herramienta para mejorar la vida de la colectividad en nuestro estado.
