Es notable la cantidad de sucesos comentables que nos regala cada semana el gobierno del “cambio verdadero”. Esta semana que concluye, por supuesto, no fue la excepción. Con el inicio del décimo mes del año, onceavo de la Cuarta Transformación empoderada, el gobierno lopezobradorista, debió transitar por la conmemoración del 51 aniversario de los tristes sucesos del 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Sin embargo, la ciudadanía, y particularmente la opinión pública, centraron su atención no en los motivos ni las causas del movimiento estudiantil del 1968, que cimbró las estructuras del poder político del país, enmarcado por un movimiento internacional de la juventud, que reclamaba airadamente el fin de la guerra en el sudeste asiático, las acciones y efectos de un colonialismo salvaje en diversos países africanos por potencias extranjeras y salvajes, para extraer y prácticamente hurtar sus riquezas naturales.
No, en realidad en México, en todo el país pocos fueron los que recordaron las razones originarias del movimiento del 68, los mexicanos estaban atentos, casi morbosamente, para asistir con su atención, a la respuesta que las autoridades morenistas iban a realizar ante la amenaza de los actos vandálicos que se estaban anunciando con la antelación y advertencia de la marcha del 28 de septiembre, también en las avenidas y calles del Centro Histórico de la siempre lastimada Ciudad de México.
Desde el lunes 30 de septiembre el presidente López Obrador anunció en su conferencia de prensa matutina que de ninguna manera las autoridades realizarían actos de represión en contra de los manifestantes de la marcha del 2 de octubre. Que él estaba seguro, declaró, que las familias de los manifestantes, cuando realizaran actos vandálicos, estarían de acuerdo con esas conductas antisociales, por lo que procedería a “acusar” a los jóvenes con sus mamás, papás, e incluso con sus abuelos. Un segundo aviso consistía en la creación de una “red ciudadana por la paz”, cuya función consistiría en implementar una barrera humana compuesta por “ciudadanos”, misma que protegería, con su apostura, todo el trayecto que recorrería la marcha desde Tlatelolco hasta la Plaza de la Constitución, en el Zócalo capitalino.
Realmente no podemos afirmar sí ambas acciones fueron debida y seriamente reflexionadas para su presentación a la opinión pública. La primera de ellas, por mucho desbordó la seriedad que debe competer a un jefe de Estado, dirigente de las instituciones públicas del país, responsables de garantizar el orden y la seguridad de los ciudadanos, según el artículo 21 de la Constitución Mexicana, pero al parecer no hay nadie en el equipo del presidente López que se sople al oído que esa precisamente es su chamba y ella no consiste en acusar a los vándalos con sus padres ni abuelos.
La segunda propuesta, la tristemente ya famosa “red ciudadana por la paz”, finalmente su integración recayó en convocar a 12 mil servidores públicos de los gobiernos Federal y capitalino para que con la armadura de una playera se apostaran a lo largo de la ruta señalada y, con su mera presencia inhibieran los seguros desmanes que provocarían esos grupos de jóvenes anarquistas, “neoliberales” y “conservadores”, según el propio presidente, en los bienes privados y públicos expuestos. Al final, ya entrando en la zona del Centro Histórico, el accionar de esas bandas anarquistas cumplieron su propósito de destrucción, con el agregado de que ahora amenazaron la integridad física de los integrantes de la red. Trabajadores cuyas obligaciones ni capacitación alcanzaban para cumplir esa función de vallas humanas, rompieron la formación, se despojaron de sus camisetas y huyeron para ponerse a salvo de las inminentes agresiones que se avecinaban. El punto es que las autoridades responsables no cumplieron con sus obligadas funciones, cediendo dicha responsabilidad a sus empleados inermes.
Pero ahí no terminó la triste tarea de los gobiernos de la 4aT. Continuó el avance de la ruta con el tema Bartlett, su ya famosa y sesuda respuesta del “chu chu chu”, y sus 23 propiedades y 800 mdp no declarados en sus obligaciones de transparencia, así como su platónica relación con su pareja de dos décadas y hasta con sus hijos, curiosamente todos beneficiarios, según datos de una audaz investigación periodística debidamente documentada. Igualmente, y unida a esa “épica” batalla del presente gobierno en contra de los actos de corrupción, al abrir la condonación de impuestos en los gobiernos de Peña Nieto y Calderón, saltaron a la palestra, la condonación de millonarias cifras a la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, y la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, relativas a su paso por el Senado de la República. Ambas funcionarias se sacudieron la falta, ¿cómo creen?, sí, pasándole la responsabilidad a sus contadores, a lo que el Colegio de Contadores de México ya respondió que la “responsabilidad de pagar impuestos era de ellas”, punto. Así que esa “honestidad valiente”, está lejos, muy lejos de la realidad morenista.
Finalmente, la renuncia del magistrado Eduardo Medina Mora en pasados días, pone de manifiesto la real situación de las instituciones para la procuración de justicia del país, aunque realmente no expuso en su misiva de separación del cargo los motivos, que debieron ser explícitos, y graves o de causa mayor, según la propia Constitución, no los expuso así. Sin embargo, el presidente, presuroso aceptó la renuncia, y dejó entrever que a la brevedad turnará sus propuestas al Senado de la República para la sustitución del renunciante. Esto, no deja más que más preocupaciones para un país inerme ante los embates de la 4aT para hacer de las instituciones, todas, a su imagen y semejanza, a sus objetivos y propósitos políticos de mediano y largo plazo.
La ruta de navegación se va cumpliendo puntualmente de cara al 2021. Sí el país crece económicamente o se desarrolla, eso no importa, después de esa frontera electoral, tal vez se pueda pensar en ello.
