La semana pasada se cumplieron 5 años de la desaparición forzada de al menos 43 estudiantes normalistas en Iguala. Aún no hay responsables procesados y sentenciados. Al tiempo, se calcula que todavía yacen en las cunetas, fosas comunes y descampados de toda España, más de cien mil cuerpos sin identificar, fatídica herencia de la sanguinaria dictadura en ese país entre 1939 y 1975, bien documentada en la gran película El silencio de otros (2018) de Almudena Carracedo. Por su parte, decía el cínico genocida argentino Videla, que los desaparecidos (de la dictadura instaurada en ese país entre 1976 y 1983) “no estaban ni vivos ni muertos”, sino que: “simplemente, no estaban”. Chile y Uruguay, pero también Brasil, Perú o Bolivia, o Haití, Dominicana y Cuba, vivieron situaciones parecidas durante sus respectivas dictaduras militares durante el siglo pasado. En contraste, se calcula que en Colombia, país sin dictadura y con gobiernos “democráticos”, pero históricamente tutelados o sometidos por intereses muy ligados al crimen organizado y a las oligarquías locales y foráneas (¡como se le va pareciendo México!); se calcula que hay unos 60 mil desaparecidos entre 1970 y 2015, llegando a 80 mil para 2018.
Vemos así cómo esa técnica de “terrorismos social” no es nueva, ni se inventó en México. La prensa mexicana usa desde hace muchos años el inefable término “levantón” para aludir al horror cotidiano que fenómenos como la falsa guerra contra el narcotráfico trajeron a la realidad mexicana, especialmente como eufemismo que se refiere al secuestro o la privación ilegal de la libertad, que en términos técnicos se llama “desaparición forzada de personas”. La desaparición forzada es considerada como un crimen de lesa humanidad y se define como un mecanismo institucionalizado desde el poder para privar a una persona de su libertad, ocultarla y negar cualquier información sobre su paradero.
De acuerdo con la definición de la OEA y/o de la ONU, “es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. Se trata, pues, de un delito de derecho internacional (Amnistía Internacional). México ratificó la Convención internacional contra la desaparición forzada de personas en 2008, que entró en vigor en 2010. Y tal vez en México se hayan dado más de 30 mil desapariciones forzadas en los últimos años, según cifras de la Secretaría de Gobernación de 2013. Tal vez cuando el delito de desaparición forzada de personas se incluya en el código penal único y se persiga en todo el país, México comience a ser de nuevo el país que dejó de ser hace ya tiempo.
Mientras, no sobra preguntarnos, ya en 2019, si son fenómenos inconexos el terrorismo y la despoblación, vía narcotráfico, de grandes porciones del norte y del noreste mexicano, casualmente, regiones ricas en minerales, carbón y gas shale y lutitas. Y tampoco sobra recordar que México es aun hoy, en tiempos de la “Cuarta Transformación”, el cuarto país del mundo que más fracking usa para extraer gas del subsuelo, solo detrás de China, Estados Unidos y Argentina.
¿Es casual el horror en el Michoacán de los pasados años y del presente, sabiendo que la llamada “Familia Michoacana” usaba a sus anchas el puerto de Lázaro Cárdenas para exportar ingentes cantidades de metales a China, cual si dicho cártel fuera una próspera compañía minera internacional, a ciencia y paciencia de los gobiernos de Calderón y Peña?
¿Es casual la desaparición y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez al menos desde 1993, bien documentada por multitud de fuentes; señaladamente, el tremendo libro Huesos en el desierto del ya fallecido periodista Sergio González Rodríguez? Porque para 2019 ya no es Chihuahua, sino el Estado de México, el sitio favorito de la impunidad feminicida.
Se dice que en la guerra contra las drogas desatada por Calderón desaparecieron o fueron asesinadas más de 100 mil personas, y se estima en unos 60 mil los migrantes centro y sudamericanos desaparecidos en territorio mexicano durante las pasadas décadas. Tenemos un caso señalado en la masacre de 73 personas en San Fernando, Tamaulipas.
¿Cuál ha sido el número real de “bajas colaterales” en todos estos años de guerra (bebés, madres, o trabajadores y estudiantes universitarios inocentes. Véase al respecto el valiente, durísimo y certero documental Hasta los dientes, 2010, de Alberto Arnaut) y de esta enorme ola de violencia desatada desde el Estado en los pasados años?, ¿cuánto hay de esas nefastas técnicas colombianas de control y aniquilamiento en los virulentos ataques militares y paramilitares contra guerrilleros y narcotraficantes por parte del Estado? ¿qué relación tiene esto con responsable de la enorme cantidad de fosas clandestinas encontradas recientemente y que datan sobre todo, de los sexenios de Calderón y Peña?
Sin duda, es un avance que ahora el propio Gobierno Federal, en voz de Alejandro Encinas, reconozca que los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa sufrieron desaparición forzada, delito grave e imprescriptible por definición. Pero claro que no es suficiente. Se necesita esclarecer la verdad de los hechos y castigar a todos los responsables. Para que haya justicia tiene que haber memoria. Ni perdón ni olvido. Y si cabe alguna duda de la magnitud del grave problema que enfrenta la sociedad mexicana, léase, por ejemplo, a Claudio Lomnitz en La Jornada. Su reciente texto, Basura, es simplemente demoledor.
Cola. Las buenas noticias también son noticias, porque Oaxaca dio esta semana pasada pasos fundamentales para normalizar el derecho a decidir de las mujeres. Otra si digo: las jornadas mundiales denominadas “viernes contra el cambio climático” promovidas por la jovencita Greta Thunberg, sacaron el pasado viernes a las calles de las principales ciudades del mundo a más de 6,6 millones de personas. Jóvenes en su gran mayoría. El mérito de estas movilizaciones es innegable, porque ponen en la agenda pública la urgencia ambiental que encara la humanidad. ¿Cuándo se suma la juventud de Aguascalientes y de otras ciudades importantes de México a estas jornadas?
@efpasillas
